Un acuerdo para que, la semana entrante, la plenaria de la corporación le dé trámite al proyecto del estatuto anticorrupción, que establece sanciones penales y administrativas a quienes incurran en estas prácticas ilegales, lograron la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el fiscal general encargado Fabio Espitia con los ponentes y las bancadas.

Gutiérrez explicó que el proyecto, al que solo le restan poco más de 20 artículos para que sea aprobado, establece la supresión de los beneficios para “servidores públicos de elección popular”, así como “los temas que tienen que ver con la obligación que tienen las entidades públicas para dar por terminados unilateralmente los contratos cuando hay eventos de corrupción, sin que los contratistas puedan ceder el contrato y a cambio de ello obtener beneficio económico”.

“Esta norma es bastante gruesa. Tiene varios mecanismos de lucha contra la corrupción incluidos por la Fiscalía General y por diferentes partidos políticos, y tiene dos orientaciones en materia penal y en materia administrativa”, dijo Gutiérrez, quien añadió que también se busca la eliminación de la casa por cárcel y los subrogados judiciales para quienes cometan delitos de corrupción.

La iniciativa será agendada la semana entrante entre los primeros puntos del orden del día de la plenaria del Senado, en donde superaría su último debate.

Como lo recordó ayer mismo EL NUEVO SIGLO, la discusión de la iniciativa fue aplazada la semana pasada, luego de que la plenaria del Senado aceptara por unanimidad una proposición del senador José Luis Pérez, de Cambio Radical, de postergar el debate hasta que se eligiera al sustituto de Martínez al frente del ente investigador.

En esa sesión, la plenaria tenía previsto votar los últimos artículos que restaban por aprobar del proyecto por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción.

Voluntad

El fiscal Espitia se mostró optimista con su aprobación. “Se han implementado una serie de medidas que creo que van a ayudar mucho a que el proyecto sea aprobado y se convierta en ley de la República”, dijo y añadió: “Veo una voluntad común de todos los parlamentarios de aprobar el proyecto”.

En relación con la eliminación del beneficio de detención domiciliaria para funcionarios, Espitia dijo que el ente investigador “considera importante que se excluya el beneficio. Hay argumentos en contra, hay argumentos también a favor y el acuerdo es que la situación se solucione en plenaria”.

Hace una semana se pensaba que, al final de esta legislatura, sería la primera iniciativa del paquete anticorrupción que saldría adelante, sin embargo, con el aplazamiento de la semana parecía cercano su hundimiento.

El 15 de mayo, la plenaria del Senado decidió aprobar 35 artículos de la iniciativa que no tenían ninguna proposición con una votación de 53 votos a favor y ninguno en contra.

Sin embargo, el senador liberal Luis Fernando Velasco advirtió que en el bloque aprobado se deben revisar las normas “para que la tarifa punitiva frente al bien jurídico tutelado sea consecuente con el ordenamiento jurídico colombiano”.

A su turno, el senador de Cambio Radical, Germán Varón, aseguró que se aprobaron aumentos de penas en los delitos de concusión y cohecho que superan el monto de 100 salarios mínimos. “No es lo mismo quien como funcionario público comete un cohecho o concusión por $50 millones y una persona que roba millones de dólares. Los dos no pueden tener la misma pena. Se tiene que incrementar esta pena de manera significativa para las personas que roban grandes cantidades de dinero, hasta 25 años es lo que contempla esta reforma”, explicó.

El proyecto anticorrupción está relacionado con el punto 2 de la consulta de agosto de 2018, aunque no superó el umbral, logró 11.674.951 votos. El punto buscaba cárcel para los corruptos y prohibición de contratación con el Estado.

El proyecto propone además las penas. Por ejemplo, al enriquecimiento ilícito de servidor público se le aumentaría la pena de nueve años a 22. El concierto para delinquir agravado tendría una condena de 18 años y el delito de falsedad, cuando afecte a menores de edad, se elevaría a 18 años.