Una reforma política de Santos y una judicial de Duque fracasaron en su intención de modificar este sistema
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En la última década se ha han hecho varios intentos por los dos últimos gobiernos y también parlamentarios para modificar el sistema judicial de aforados a cargo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por considerarlo inoperante, sin lograrlo.
Esta semana se presentó un nuevo revés porque no prosperó una propuesta para incluir este asunto en la reforma a la justicia que impulsa el partido Cambio Radical.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le corresponde conocer sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado, magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Las críticas a la existencia y funcionamiento de dicha célula legislativa se fundamentan en dos aspectos principalmente: en materia de resultados son pobres porque desde 1992 cuando fue creada, se han presentado más de 4.000 denuncias, de las cuales aproximadamente 2.000 fueron archivadas y por lo menos 1.600 no tienen avances.
En sus 27 años de vida la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solo ha producido dos acusaciones, en los casos del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, porque supuestamente pidió plata para hacer que influyeran en una tutela; y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, quien fue involucrado en el escándalo de corrupción en esta última Corporación por el llamado ‘Cartel de la Toga’, que habría cobrado para presuntamente torcer el rumbo de procesos a congresistas y otros políticos.
El otro gran reparo a la Comisión de Investigación y Acusación es su conformación, pues está integrada por parlamentarios, es decir por políticos, lo que no es bien visto por algunos pues están manejando funciones judiciales en materia penal.
Las propuestas
Las dos últimas reformas, una política que presentó la administración de Juan Manuel Santos en 2017, y una judicial por parte del gobierno de Iván Duque en 2018, incluyeron cambios al sistema judicial de aforados a cargo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pero terminaron siendo excluidos.
También en los últimos años han naufragado algunos proyectos de reforma constitucional de origen parlamentario que buscaban modificar la hasta ahora intocable célula legislativa.
Precisamente en el proyecto del partido Cambio Radical para reformar la justica la senadora uribista Paloma Valencia propuso incluir su propuesta con cambios al sistema de aforados, que consiste en quitarle la facultad a la Corte Suprema de Justicia de procesar congresistas y dejarle la tarea a un tribunal de aforados “que juzgue a magistrados, senadores, Contralor, Procurador, Fiscal y a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial”.
La reforma política de Santos en 2017 incluyó crear una comisión de aforados, que estaría conformada por cinco magistrados elegidos por el Congreso en pleno, de ternas presentadas por las universidades del país, encargada de investigar y acusar a los magistrados de las altas Cortes, incluyendo los de la JEP, y al Fiscal General de la Nación.
No obstante, en octubre de 2017 la plenaria de la Cámara de Representantes hundió la creación del tribunal de aforados, en medio de una gran polémica, con 67 votos a favor y 28 en contra, pues no logró la mayoría calificada requerida en actos legislativos.
El año pasado la administración Duque presentó la reforma a la justicia que en el caso de la Comisión de Acusaciones buscaba la agilización de sus procedimientos. De igual forma se modifican los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución para aclarar que el Congreso no ejerce funciones jurisdiccionales sino políticas.
Sin embargo, en octubre de 2018 la Comisión Primera del Senado hundió los ajustes propuestos al sistema judicial de aforados a cargo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, dejando también de lado la propuesta que nuevamente presentó la senadora Valencia para la creación de un tribunal de aforados.
Equilibrio de Poderes
La reforma política y de justicia que aprobó el Congreso en 2015 logró incluir por fin la creación de un tribunal de aforados y la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, en el control constitucional la Corte tumbó los artículos correspondientes porque el Parlamento se había excedido en sus competencias y afectó con esta decisión la separación de poderes y autonomía e independencia de la rama judicial.
La Corte Constitucional indicó en su Sentencia C-373/16 que “luego de una lectura integral de la demanda, de las intervenciones en el proceso y de la audiencia pública llevada a cabo, la Corte encontró que la modificación del sistema de investigación, acusación y juzgamiento de los magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Nación en el Acto Legislativo No. 02 de 2015 sustituyó el eje definitorio separación de poderes y autonomía e independencia de la rama judicial”.
Añade esta Sentencia que “el desconocimiento de los límites competenciales del Congreso para reformar la Constitución se produjo dado que el régimen de suspensión, remoción y sanción de los magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Nación adoptado por el Congreso no es solo completamente novedoso, sino que resulta incompatible con los fines que perseguía el establecido en la Constitución de 1991, con el propósito de asegurar el equilibrio entre las ramas del poder público y la independencia de la Rama Judicial”.