La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 3 de febrero para la diligencia de acusación a Juan Carlos Granados porque cuando fue Gobernador de Boyacá presuntamente favoreció con la entrega de un contrato a la multinacional Odebrecht.

Sin embargo todo apunta a que el proceso no continuará en este alto Tribunal, pues debido a que esta semana se posesionó como magistrado de la nueva Comisión de Disciplina Judicial, la competencia ahora sería de la Comisión de Investigación de la Cámara, a donde el expediente llegaría después de que esta célula legislativa o la defensa del togado así lo soliciten.

La Corte Suprema de Justicia tiene competencia para investigar en lo penal y condenar, si es el caso, a gobernadores y alcaldes, entre otros; en tanto que la Comisión de Investigación de la Cámara tiene competencia sobre los magistrados.

En este caso antes que presentarse una colisión de competencias entre el alto Tribunal y dicha célula legislativa, expertos consultados consideran que basta remitirse a la Constitución en donde se establece taxativamente los alcances de estas corporaciones.

El exmagistrado de la Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez Gallego, donde fue presidente, indicó a EL NUEVO SIGLO que “pasaría a la Comisión porque la Corte no es competente para investigar y juzgar a ninguno de los magistrados de las altas Cortes, ellos son investigados por la Comisión de Acusaciones y eventualmente acusados ante el Senado y luego a la Corte, pero previo ese trámite que llaman el antejuicio en el Congreso”.

Por su parte el representante a la Cámara por el departamento de Santander y actual integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, indicó a este Diario que “se entendería por competencia que debería pasar a la Comisión de Acusaciones durante el periodo como magistrado. Él acaba de ser elegido magistrado, debería la Corte trasladar ese proceso a la Comisión de Acusaciones porque entiendo que es un proceso de cuando él era gobernador”.

Añadió el parlamentario que “la Corte por competencia, el abogado defensor por competencia” pueden pedir que el expediente del magistrado Granados sea transferido a esta célula del Congreso.

Incluso señaló, “la Comisión de Acusaciones lo puede pedir, pero generalmente lo que pasa es que la entidad que pierde la competencia hace el traslado al competente”.

Villamizar dijo que no habría que esperar para este trámite a que el Congreso de la República regrese a sesiones en marzo próximo. “Tenemos periodo de rama judicial, a partir de esta semana entiendo que ya arrancamos”.

El caso

Granados, quien tras ser Gobernador de Boyacá se desempeñó como Contralor de Bogotá, fue acusado por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público, pues al parecer intentó favorecer a la multinacional brasileña Odebrecht a cambio de recursos para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá (2021-2015).

Aunque Granados siempre ha negado las sindicaciones, la Fiscalía asegura disponer de suficiente material probatorio, por ello lo acusó ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que lo citó a la diligencia de acusación a realizarse el pasado 7 de diciembre, pero que fue suspendida porque el exmandatario regional dijo que en ese momento no contaba con abogado. Ahora, como se dijo, el alto Tribunal fijó esta audiencia para el próximo 3 de febrero.

Hace unas semanas, Granados fue elegido por el Congreso como uno de los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se encarga de sancionar a jueces, fiscales y abogados que cometan irregularidades.

En su momento parlamentarios de oposición criticaron que el presidente Duque incluyera a Granados en una de las tres ternas que presentó al Congreso para esta Comisión, a sabiendas de que iba a ser llamado a juicio.

No obstante, el Gobierno señaló que la comisión encargada de verificar las hojas de vida de los aspirantes, integrada por funcionarios del Dapre y de Función Pública, revisó los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios de todos los candidatos, y “no encontró antecedentes inscritos que legalmente impidieran su aspiración”.

Tras la elección de Granados como magistrado, el representante a la Cámara del Polo, Germán Navas, advirtió que “cuando este señor asume como magistrado de esa sala especial disciplinaria pierde la competencia la Fiscalía para proseguir la investigación que contra él se adelanta y cae, inmediatamente, en manos de la Comisión de ‘absoluciones’ de la Cámara de Representantes”.