Establecer el acceso a Internet como un derecho fundamental busca un proyecto de acto legislativo que será discutido esta semana en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Para ello, la iniciativa contempla modificar el Artículo 20 de la Constitución. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de acceder efectivamente a Internet, y la de fundar medios masivos de comunicación Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura, será universal y con protección de la privacidad e intimidad”, señala el texto modificado.

“El Estado colombiano implementará políticas públicas y destinará recursos dentro del presupuesto para materializar el acceso real, eficiente y seguro al internet para todos los colombianos, en especial aquellos con limitaciones de tipo geográfico y económico, para que en adelante puedan ejercer el derecho fundamental consagrado”, agrega.

En la exposición de motivos, se expresa que “acceder a Internet es tanto un derecho fundamental por sí mismo, como un derecho que puede ser adquirido por conexidad, en tanto que garantiza fundamentales como la libertad de opinión, de expresión, la educación, el trabajo y la salud y como medio para ejercer derechos económicos, sociales, culturales, derechos civiles y políticos (derecho a la libertad de asociación y de reunión)”. “Por lo anterior, se infiere que si el internet es considerado como un derecho de toda la ciudadanía fortalecerá sobremanera los proyectos de conectividad de los territorios, empresas e instituciones, mejorando la prestación de los servicios de salud y educación, fortaleciendo la formación profesional y personal de los colombianos y abonando a la competitiva de los emprendedores nacionales”, añade.

Sus autores también señalan que la concepción del acceso a Internet como derecho fundamental “no es una consideración exclusiva de los organismos internacionales y juristas, también se expresa a través de la conciencia popular y reclamo ciudadano pues así lo demostró la firma CoInternet y Centro Nacional de Consultoría, sobre la Concepción y percepción de Internet en Colombia’ la cual reveló que el 95% de los colombianos creen que el acceso a Internet debería ser un derecho Fundamental”. Dando cumplimiento con esto al último de los criterios para considerarlo un derecho fundamental, sobrepasando la consagración expresa y certificando la existencia de “un consenso histórico y de una voluntad colectiva en torno a la naturaleza especifica de un derecho”.

Exponen ejemplos de países en los cuales este derecho ha sido consagrado como fundamental. Uno de ellos es Costa Rica. “En Costa Rica, la Sala Constitucional declaró en la sentencia número 10627 de 18 de junio de 2010 que el acceso a Internet es un derecho fundamental, por tratarse de un vehículo indispensable y necesario para transitar en la sociedad de la información. La sentencia vincula al Internet con el derecho a la comunicación y a la información, entendido como el de todas las personas de acceder y participar en la producción de la información y del conocimiento, convirtiéndose el acceso a la red en una exigencia fundamental, cuya participación debe estar garantizada a la totalidad de la población”, expresan.

En Colombia, una iniciativa similar fue presentada por los entonces congresistas Simón Gaviria Muñoz y Honorio Galvis, en 2011, la cual fue archivada en el curso de su tercer debate.