Sin embargo, se espera que este martes en segundo debate la plenaria del Senado apruebe el proyecto para que pase a ser discutido en la Cámara

Hoy se espera que se vote en segundo debate la reforma a la justicia y la plenaria del Senado empezará con las proposiciones del Gobierno sobre eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Ese es un punto que la bancada del Partido Liberal no votará, posición que como lo informó oportunamente EL NUEVO SIGLO los congresistas de la colectividad les anunciaron a los presidentes de las Cortes a través de un comunicado leído por el jefe único, el expresidente César Gaviria.

Los congresistas liberales aspiran a que los puntos de la reforma relacionados con la autonomía de la Rama Judicial, como es el caso de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, sean consensuados con jueces y fiscales.

Las bancadas del Partido Liberal en Cámara y Senado advirtieron entonces que contribuirán a diseñar un esquema más eficiente de administración y gobierno de la Rama Judicial, pero respetando las reglas adoptadas por la Corte Constitucional que básicamente consisten en asegurar que no habrá intromisiones externas que pongan en peligro la independencia judicial.

En la mencionada comunicación, los legisladores consideraron que “también es necesario desarrollar mejor los conceptos de más justicia administrativa y de precedentes judiciales que guíen a las cortes y a los jueces”.

Los congresistas liberales manifestaron que respaldan “la propuesta de Cambio Radical de que el Fiscal sea elegido por la Corte Suprema de Justicia de una lista de elegibles proveniente de un concurso público de méritos”.

El expresidente Gaviria les dijo a los magistrados, que “el Partido Liberal propondrá que se adopten incentivos para que jueces y fiscales de las más altas calificaciones se establezcan en municipios que hoy no cuentan con un servicio de calidad. De la misma manera el liberalismo procurará que se complete la nivelación salarial de jueces y funcionarios judiciales, que está pendiente hace décadas”.

Frente al presupuesto, Gaviria a nombre de las bancadas, indicó que “es necesario garantizar las apropiaciones presupuestales para fortalecer la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la infraestructura judicial para facilitar la implementación de los códigos de procedimiento y contencioso administrativo que se aprobaron hace más de cinco años sin que se haya dotado a los jueces para hacerlos efectivos”.

“Los liberales expresamos nuestro compromiso por consolidar la Jurisdicción Especial de Paz, para lo cual procuraremos que se asignen las partidas presupuestales suficientes para garantizar su funcionamiento y se preserve su autonomía e independencia”, precisó Gaviria.

Gobierno judicial

La ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, explicó que la propuesta del Ejecutivo nacional sobre la transformación del sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial es el propósito que hace que dicha reforma constitucional valga la pena.

“Con este nuevo esquema queremos corregir la desarticulación que existe entre los órganos de gobierno y las jurisdicciones, entre sus funciones. Y los perfiles profesionales son inadecuados”, aseguró la alta funcionaria.

Ante la plenaria del Senado, Borrero expuso en qué consiste el nuevo sistema y manifestó que el mismo estaría conformado por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (como órgano articulador), la Dirección General de la Rama Judicial (para fijar políticas y ejecutarlas) y la Comisión de la Carrera Judicial (que tendría autonomía administrativa y presupuestal).

El proyecto de acto legislativo -que se apoya en la probidad, la transparencia, la eficiencia y la seguridad para fortalecer la justicia, garantizar la independencia de la Rama Judicial y beneficiar a la ciudadanía con una justicia cercana, pronta y cumplida- recibió el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria.

Puntos de acuerdo

Se espera que hoy se vote definitivamente el informe de la Comisión Accidental que incluye, entre otros puntos, el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Sobre eso, el texto dice que el precedente “es de obligatorio cumplimiento para autoridades administrativas. Será de obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales, excepto, cuando se hagan explícitas las razones por las cuales se aparten de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y demuestren suficientemente que la interpretación alternativa desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales”.

En cuanto a la experiencia de los magistrados, el informe consagra que los togados deben “haber desempeñado durante 25 años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la experiencia deberá ser afín al área de la magistratura a ejercer”.

“Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de 12 años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso”, agrega el texto propuesto.