El Gobierno, apoyándose en varias entidades y la MOE, tiene entre ceja y ceja presentar un proyecto en marzo próximo al Congreso, tocando temas clave como la supresión de listas cerradas y candidatos por firmas. 

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Tras el hundimiento el año pasado en el Congreso de su iniciativa de reforma política, el Gobierno insistirá en una nueva propuesta, esta vez con un hibrido pues le quiere sumar también el Código Electoral.

Con ese propósito comprometió al Consejo de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación Electoral (MOE) que, al lado del Ministerio del Interior, presentarán los insumos de un proyecto para presentarlo el próximo 16 de marzo cuando arranca el segundo periodo de esta legislatura.

Con este propósito el pasado jueves fue instalada la mesa de diálogo interinstitucional entre estas entidades y la MOE, que además de las propuestas que presentarán para una reforma política y electoral, también están comprometidas en plantear medidas en la promoción, respeto y garantía del derecho a la participación política, para lo cual realizarán la investigación, actualización, redacción e implementación de normas electorales, según un memorando de acuerdo que firmaron.

La propuesta que presentarán estas entidades, que será una amalgama de las iniciativas que en primera instancia cada una entregará, se espera corrija los principales problemas del sistema electoral del país, como la financiación de campañas, trashumancia, abstención, manejo en su mayoría manual del material electoral y la falta de regulación de los movimientos ciudadanos que avalen candidatos, entre otros.

Desde luego no será tarea fácil sacar adelante en el Congreso de la República un proyecto de estos alcances, sin embargo la calidad de las instituciones que participan en esta empresa sería una garantía de que la propuesta que finalmente llegue al Parlamento, sería muy cercana a lo que el país necesita.

A continuación las principales propuestas para esta reforma que de antemano han dejado conocer el Consejo de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el CNE y la MOE.

Consejo de Estado

La propuesta de esta Corporación se fundamenta en que mantiene la postura institucional que es el juez electoral.

En este sentido, el nuevo presidente del Consejo de Estado para este año, Álvaro Námen Vargas, indicó a EL NUEVO SIGLO “lo que queremos decir es que justicia electoral hay, la Sección Quinta de la Corporación es el juez electoral y obviamente la sala plena en esa tarea coadyuvan. Nosotros cumplimos en forma eficiente esa función”.

Námen recordó que “el año pasado y desde hace un buen tiempo la Sala de Consulta y Servicio Civil participó con el Gobierno y con la Registraduría de unos estudios tendientes a una reforma del Código Electoral de 1986 para actualizarlo, ponerlo a tono y generar más garantías. Y quedó en el Gobierno nacional y la Registraduría la decisión de la presentación del mismo”.

En 2017 el Consejo de Estado tenía una propuesta de corte político-electoral de hondo calado, que finalmente no llegó al Congreso de la República.

Planteaba que los magistrados del CNE pasaran de nueve a 12 y que  no fueran elegidos por el Parlamento sino por la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia por listas elaboradas por los partidos.

Además proponía crear una sala de organización de partidos para la inspección, vigilancia y control de la actividad electoral de todas las agrupaciones políticas. Al igual que una sala de asuntos electorales para revisar los escrutinios y documentos de cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección.

La propuesta del Consejo de Estado preveía la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular por doble militancia en la modalidad de directivo, por consultas y coalición.

También se planteaba  reducir los tiempos  para el proceso de la revocatoria de inscripción de candidatos ante la organización electoral. Se crearía una acción especial de amparo electoral para que la jurisdicción electoral pudiera revisar en tiempo real los actos administrativos expedidos por la organización electoral frente a los procesos electorales, como la revocatoria o no de la inscripción de candidatos y trashumantes, y a los mecanismos de participación ciudadana.

La MOE

La directora Ejecutiva de la MOE, Alejandra Barrios, explicó a este Diario que “el tema de la reforma electoral está invitando el Gobierno que se toque en el marco de la lucha anticorrupción”.

En este sentido la MOE tiene tres propuestas para el proyecto que debe presentarse en marzo próximo, “el primero el de la financiación de las campañas, que claramente es el centro sobre el que debe girar cualquier tipo de reforma o política que se establezca de lucha anticorrupción”, señaló la experta.

Barrios dijo que en la actualidad hay deficiencias en el control y vigilancia de la financiación de las campañas porque “no se sabe cuánto vale una campaña. La autoridad electoral no tiene capacidad de control  a la financiación de las campañas porque es una entidad que se encuentra centralizada y solamente llegan seis meses antes (de las elecciones) tribunales electorales, y que no hay voluntariedad por parte de los diferentes candidatos de presentar informes de financiación de las campañas”.

Frente a la recolección de firmas para la inscripción de candidatos independientes, “que es el hoyo negro más impresionante que hay porque no tiene ningún tipo de control”, dijo Barrios que tiene que haber un control exhaustivo con unos límites de financiación para recoger firmas.

Y “a eso hay que ponerle también unas reglas especiales porque se está generando un desorden, que  no genera para quienes recogen firmas ningún tipo de obligación y terminan posteriormente inscribiéndose por organizaciones políticas o a través de alianzas”.     

Barrios destacó también que está claro que “tenemos que avanzar en la financiación preponderantemente estatal, pero tiene que ser anticipada. Hoy esa financiación es para campañas presidenciales. Más del 60% de la financiación de las campañas para alcaldías es de recursos propios”, y no hay ningún tipo de cruce de información con la DIAN para establecer si “el candidato tiene o no los recursos económicos para financiar su propia campaña”.

En segundo lugar, dijo Barrios, la reforma debe dirigirse a lo que tiene que ver con el sistema de partidos, “claramente fortaleciendo las organizaciones políticas” y además que avancen hacia la lista cerrada “a través de procesos internos democráticos de selección objetiva de sus candidatos y con registro de militantes”.

Explicó que como hoy están las cosas los partidos terminan no siendo responsables de las candidaturas, “se habla del pago de candidaturas”. Además consideró que si permanecen las listas abiertas no se podría dar la financiación preponderantemente estatal de las campañas y “no van a tener los partidos un control de quiénes son sus candidatos, pero además de cuáles son los intereses que negocian para poder fondearse para hacer su campaña electoral”.    

Además Barrios mencionó que es necesario revisar las curules de las circunscripciones especiales en el Congreso, “en especial la de los afros”. Recordó que el escaño de la población raizal de San Andrés no ha sido reglamentado, por lo cual está vacío en el actual Parlamento.

La tercera propuesta de la MOE para la reforma política y electoral que se avecina es “lo que tiene que ver con la organización de las autoridades electorales. Tenemos que volver a dar el debate sobre el tema del tribunal electoral. No tenemos una justicia pronta  y oportuna, no tenemos reglas de juego claras para las organizaciones políticas”, y esto genera, entre otros, muchas elecciones atípicas.

Agregó que hoy las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral las puede modificar luego el Consejo de Estado, “y esto nos está llevando a una incertidumbre, no solo como ciudadanos sino de manera particular  a los partidos políticos y candidatos, que terminan quedando inhabilitados por parte del Consejo de Estado por haberse inscrito cuando estaban inhabilitados”.

De otra parte, las propuestas que presenten las distintas entidades y organizaciones que participan en la iniciativa de presentar al Congreso un proyecto de reforma política y electoral serán recogidas por el  Departamento Nacional de Planeación. Esta semana se definirá la fecha de la próxima reunión, que sería a más tardar en unos 15 días. 

Registraduría

El registrador Nacional, Alexander Vega, dijo a este periódico sobre su propuesta que “es una reforma para actualizar, primero, la legislación en materia electoral, el procedimiento que quiere decir escrutinios, inhabilidades, proceso de votación, tecnologías, circunscripciones, voto anticipado, y no tendrá el componente de reforma política”. 

Indicó que Colombia tiene el mayor índice de abstención del continente y “gracias a los procesos de observación electoral que he adelantado, es posible concluir que esto no es un tema de apatía, es más bien un aspecto de accesibilidad al voto. Por eso buscaremos, por ejemplo, la manera para que los colombianos voten anticipadamente como ocurre con los nacionales en el exterior que votan siete días antes de la fecha de la elección”.

Vega explicó además que se precisará en la reforma electoral el concepto de residencia electoral. “El problema de la trashumancia en Colombia es que el concepto de residencia electoral les permite a los ciudadanos inscribir su cédula en cualquier lugar donde resida o demuestre interés. En los demás países del mundo el concepto de residencia electoral, como debe entenderse, es el sitio donde la persona reside o se domicilia y donde se beneficia de las políticas públicas del mandatario que elige”, dijo el Registrador.

Su iniciativa en este sentido es “crear el registro electoral para que, básicamente, la persona vote donde reside y donde se beneficia de las políticas públicas de quien elige”.

Dentro de las propuestas se refirió además al tema del voto mixto, un sistema que incluye identificación biométrica, máquina para votar y el voto en la urna.

“Las pruebas piloto se harían este año, durante la realización de elecciones atípicas que se programen y durante las elecciones de Consejos de Juventud que se llevarán a cabo en todo el país”, aseguró Vega.

Explicó que “el voto mixto consiste en sufragar a través de una máquina que arrojará un desprendible que será el voto, el cual será depositado por el votante en la urna. Para poder votar, primero los ciudadanos tendrán que realizar la autenticación biométrica, y esta herramienta habilitará la máquina de votación para que la persona pueda ejercer el derecho al voto”.

La máquina generará el E-14 o formulario de escrutinio de mesa con los resultados del preconteo. Así, el ciudadano podrá comparar los resultados con el formulario que arroja esta herramienta y no con el que diligencian los jurados de votación. También se podrán realizar validaciones con el voto que se arroja en la urna.