Para el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, unas son de cal y otras son de arena, pues mientras el Consejo de Estado hundió definitivamente una demanda que pedía anular su elección, en la Corte Suprema de Justicia fue radicada otra, con la que ya son dos solicitudes de nulidad las que cursan en esa corporación.

En el primer caso, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, que había proyectado el magistrado Carlos Moreno, que negó las pretensiones de los demandantes, en este caso las corporaciones Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia. El argumento de la Sala es que el recurso de súplica se presentó de forma extemporánea.

La decisión de los magistrados Lucy Janeth Bermúdez y Alberto Yepes advierte que la solicitud de nulidad se radicó por fuera de los tiempos legales.

La demanda de nulidad pedía declarar sin piso jurídico el acuerdo 871 de 2016 por medio del cual Martínez Neira fue elegido como fiscal general de la Nación para el período 2016-2020.

El argumento es que el actual jefe del ente acusador ocultó información relevante a la Corte Suprema de Justicia cuando fue elegido, pues para ese momento ya conocía de sobre los sobornos de la multinacional Odebrecht para hacerse con los contratos de la Ruta del Sol II.

Sin embargo, el fallo del magistrado Caro no les dio la razón a los demandantes por cuanto la demanda de nulidad se presentó casi dos años después de que asumió el cargo, decisión que fue ratificada en todas sus partes por la Sección Quinta del máximo tribunal contencioso administrativo.

Otra demanda

Sin embargo, ante la Corte Suprema de Justicia fue radicada otra demanda contra Martínez Neira, y por los mismos hechos.

Esta vez el accionante es el abogado Augusto Ocampo, quien consideró igualmente que el Fiscal General “omitió decirles a los magistrados su alto grado de conocimiento del escándalo de corrupción de Odebrecht”.

Según dice el jurista en su demanda, Martínez “ni durante su intervención inicial ni en las preguntas formuladas” por los magistrados mencionó el supuesto conflicto de intereses en ese escándalo de corrupción.

Por ello, sostiene que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia “fue asaltada en su buena fe” al considerar que Martínez “era la mejor opción para estar al frente del ente acusador.

Este proceso tiene como magistrado ponente al magistrado Francisco Acuña.

A esta demanda se suma la que hace dos semanas había radicado, y por las mismas razones, el abogado Jesús Albeiro Yepes, apoderado del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, también vinculado al escándalo de Odebrecht.

Yepes le pidió a la Corte que el Fiscal General se declare impedido para conocer de todos los proceso relacionados con esa investigación y pasen a conocimiento del fiscal ad hoc, Leonardo Quintero.