Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, considera que se debe fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía y otras autoridades para combatir el fenómeno de la creciente violencia.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve desde el Cerac la implementación del Acuerdo de Paz?

JORGE RESTREPO: La implementación del acuerdo avanza en algunas áreas con un desarrollo importante, y en otras con un retraso importante.

Yo destacaría que una de las principales razones por las cuales aparecen obstáculos en la implementación del Acuerdo Final es el deterioro de la seguridad por disputa entre grupos armados ilegales en varias de las regiones que requieren con más urgencia que se avance en la implementación y que está impidiendo esa implementación como en Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca, regiones en la cuales poner en marcha el Acuerdo de Paz es cada vez más difícil por las disputas entre grupos armados organizados.

ENS: ¿A qué se debe el incremento de la violencia: más de diez masacres con 36 víctimas en apenas un mes?

JR: En la mayoría de casos de las recientes masacres hay una fuerte conexión con el crimen organizado. Son instrumentos que utiliza el crimen organizado para imponer su voluntad y someter a la población y para solucionar disputas territoriales y de poder. No son las masacres que se dieron en el pasado.

Este crecimiento que se está viendo desde comienzos del año pasado en número de masacres y víctimas responde a una intensificación de esas disputas entre grupos armados criminales y al crecimiento del crimen organizado en algunas regiones del país donde la población civil se niega a plegarse a las exigencias del crimen organizado.

Por eso hay que redoblar todas las estrategias para mejorar la relación de confianza entre la población y las autoridades judiciales y policiales de manera que se puede reforzar una alianza en contra de los intereses criminales. Una alianza entre el Estado y la población que debe ser protegida por el Estado. La mejor manera de proteger es crear esa confianza.

ENS: Bueno, ya comienzan a verse pasos en esa dirección entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y todas las entidades de protección de los derechos humanos…

JR: La Fiscalía General de la Nación viene mostrando de tiempo atrás una mayor efectividad en conocer e investigar y judicializar los crímenes que afectan a defensores de derechos humanos y a quienes representan los intereses de la comunidad. Sin embargo, yo creo que aún no hay la suficiente capacidad. Vale la pena incrementar la capacidad investigativa de la Fiscalía para perseguir judicialmente a los responsables de estos crímenes, solamente así podremos llevar esa muerte a cero.

Por ejemplo: fortaleciendo la Unidad para la Investigación y Acusación que fue creada en el marco del Acuerdo de Paz en la Fiscalía; ampliando la capacidad de la Unidad para la Edificación de la Paz (Unipep) en la Policía y fortaleciendo esos mecanismos de investigación judicial que hoy son insuficientes para la escala que está adquiriendo la violencia política en Colombia.

ENS: ¿Ha faltado presencia del Estado en esos territorios?

JR: No creo que ese sea el factor crítico. A mi juicio se concentra en las disputas entre grupos armados. Hay unas regiones donde hay suficiente presencia del Estado, en otras hay alta presencia, y se registran estas situaciones críticas de seguridad. Es lo que ha pasado en algunas zonas de Cauca, Valle del Cauca, Arauca, El Catatumbo. Creo que es más un enfrentamiento entre los grupos ilegales, no creo que sea un problema de ausencia del Estado.

ENS: Bueno, pero los esfuerzos del Estado no parecen suficientes. ¿Qué cree usted?   

JR: No, no son suficientes, entre otras razones porque el Estado en ocasiones tiene una presencia algo episódica, además porque hace falta construir confianza. En muchas regiones donde la población está sometida a los intereses de los criminales hay una gran dificultad en construir esa confianza entre la población y los organismos de seguridad y de justicia porque eso expone a la gente a las retaliaciones de esos grupos armados ilegales.