A un acuerdo político llegó el Gobierno con diferentes bancadas para así sacar adelante en la próxima plenaria del Congreso el Estatuto Anticorrupción, que es promovido desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación.

En cabeza de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, el Gobierno sacará toda la artillería pesada para que en el legislativo se le dé el aval, entre otros puntos, a las sanciones penales y administrativas a quienes incurran en prácticas ilegales.

La Ministra explicó que el proyecto, al que solo le restan poco más de 20 artículos para que sea aprobado, establece la supresión de los beneficios para “servidores públicos de elección popular”, así como “los temas que tienen que ver con la obligación que tienen las entidades públicas para dar por terminados unilateralmente los contratos cuando hay eventos de corrupción, sin que los contratistas puedan ceder el contrato y a cambio de ello obtener beneficio económico”.
 
“Esta norma es bastante gruesa; tiene varios mecanismos de lucha contra la corrupción incluidos por la Fiscalía General y por diferentes partidos políticos, y tiene dos orientaciones en materia penal y en materia administrativa”, dijo Gutiérrez, quien añadió que también se busca la eliminación de la casa por cárcel y los subrogados judiciales para quienes cometan delitos de corrupción.

La iniciativa será vinculada, la semana entrante, entre los primeros puntos del orden del día de la plenaria del Senado, en donde superaría su último debate.