En medio de la polémica que se suscitó por la audiencia que solicitó la JEP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sesión que esta semana adelantará en Kingston (Jamaica), con el fin, justificó, de contribuir con información de carácter general sobre los avances, retos y desafíos que presenta esta instancia producto del Acuerdo de Paz tras un año de operar, ayer el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que la oposición que ha manifestado el Gobierno no se debe interpretar como una persecución a esta Jurisdicción sino la preocupación de un Estado que es sujeto único de derechos y obligaciones ante los organismos internacionales, y esta entidad siendo parte del mismo no debería presentarse por cuenta propia.
El canciller Trujillo indicó además que es una “inquietud institucional que plantea el Gobierno de Colombia, que bien vale la pena que se discuta, entre otras cosas porque si se abre la puerta a que cualquier entidad de cualquier Estado puede acudir ante la CIDH para que se escuche al propio Estado al cual pertenece, ese no sería un buen precedente”.
En ese sentido Trujillo puso como ejemplo: “Imagínense que un Ministro de educación que no ha recibido la plata del Ministro de Hacienda le dé por acudir ante la CIDH para que esta obligue al Estado al cual pertenece ese Ministro de educación para que le entregue los recursos que se requieren para cumplir con sus funciones educativas. Esa es la inquietud, no es nada más. No hay choque de trenes, no hay persecución a la JEP ni nada de lo que se está diciendo”.
El Ministro de Exteriores dijo también que los debates hay que “darlos con tranquilidad, las inquietudes institucionales no son persecución contra nadie, los debates con respecto a la JEP constructivos hay que seguirlos dando, como hay que seguir dando todos los debates que tengan que ver con la implementación del Acuerdo de Paz”.
Trujillo reiteró el pensamiento del Gobierno Duque de que “no sería bueno en nuestra opinión que se abra la puerta a que cualquier entidad estatal de cualquier Estado utilice el procedimiento de las audiencias públicas para convocar al Estado al cual pertenece. Y el objetivo de la JEP es que se reitere el compromiso que existe y en segundo lugar proveer información que se puede proveer a través de los canales diplomáticos existentes”.
Por su lado, el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, apuntó que “la seguridad jurídica está dada” para el funcionamiento de la JEP. “Más que lavar la ropa sucia en casa, es sentarnos y plantearnos los puntos de vista directamente. Es mucho más fácil que meternos en discusiones internacionales”.
En tanto que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, señaló que el Canciller se comunicó con ella y le explicó que la solicitud que hizo el Gobierno a la CIDH para que no se realizara esta audiencia fue por motivos institucionales y que no se puede interpretar como un cuestionamiento a la JEP.
En ese sentido, Linares indicó que entiende el planteamiento del Gobierno en cuanto al debate que quiere proponer sobre el particular al Sistema Interamericano, pero enfatizó que la audiencia que solicitó la JEP ante la CIDH “está basada en artículos específicos tanto de la Convención Interamericana, como del estatuto que rige esa misma Comisión”.
La Presidenta de la JEP añadió que “existen antecedentes reiterados en este tipo de solicitudes cuando se trata de órganos judiciales u órganos estatales no gubernamentales”, como es el caso de la solicitud que hizo la Defensoría del Pueblo en marzo del año pasado para solicitar medidas cautelares en favor de una comunidad en Tumaco.
Linares reiteró que se trata de una audiencia informativa de carácter general para poner a disposición de la CIDH los avances que ha tenido la JEP en un año de funcionamiento, especialmente en lo que tiene que ver con garantías de protección a las víctimas y de que no exista impunidad frente a los graves delitos en el conflicto.
La CIDH programó esta audiencia, que ya no será pública sino privada, con la JEP el próximo jueves en Jamaica.