Todo el país tiene claro que el narcotráfico está detrás del pico de violencia regional y local que se está presentando en Colombia. La racha de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, así como el creciente número de masacres, desplazamientos y confinamientos de población en distintas zonas del país tienen una alta coincidencia geográfica con zonas con alta densidad de cultivos ilícitos, laboratorios de procesamiento de droga, corredores para la movilización de los alcaloides e insumos, ‘ollas’ del microtráfico y otras rentas ilegales derivadas.

Tras lograr el año pasado la erradicación de 130 mil hectáreas de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola, un récord que incluso el Departamento de Estado norteamericano calificó a comienzos de este mes como “sorprendente”, la meta del gobierno Duque para este 2021 va más allá de la alcanzada en 2020, cuando por fin se logró frenar la espiral alcista de los narcocultivos que comenzó en 2014, cuando no llegaban ni a 50 mil hectáreas, pero al cierre de la administración Santos ya estaban por encima de las 200 mil hectáreas. El objetivo para el próximo diciembre es que el área sembrada tenga un descenso mayúsculo.

En esa dirección, se han dispuesto tres estrategias muy puntuales, dos de las cuales ya están en implementación y una tercera que el Ministerio de Defensa espera tener activada antes de junio. En primer lugar, el Gobierno activó días atrás el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), una fuerza élite conformada por 7.000 hombres del Ejército que tiene como misión primordial atacar sin tregua las estructuras de las disidencias de las Farc, el Eln, las bandas criminales tipo ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’ y carteles del narcotráfico en los principales enclaves de este delito.

En segundo lugar está en plena operación el “Plan 100 días contra ollas del microtráfico”, activado para erradicar de una vez por todas los nichos de venta y tráfico de drogas en ciudades y municipios. La Policía, Fiscalía y otras autoridades actúan en conjunto para producir capturas, incautar narcóticos, adelantar procesos de extinción de dominio y demolición de los inmuebles utilizados para este delito así como para establecer una presencia permanente de los uniformados que eviten que las cadenas de jíbaros, que mueven diariamente millonarias sumas, se reciclen en poco tiempo.

La apuesta

Sin embargo, la tercera estrategia es en la que el Gobierno tiene muy altas y cifradas esperanzas para darle un golpe significativo a los narcocultivos. Tras más de año y medio de complejo proceso jurídico y operativo, el Ministerio de Justicia está próximo a emitir el decreto que establece el nuevo protocolo para retomar la fumigación aérea con glifosato sobre los sembradíos ilegales.

Esta modalidad de erradicación, sin duda la más eficiente al punto que en un día puede cubrir 150 hectáreas frente a tres si se hace por vía terrestre, fue suspendida a finales de 2015 por el gobierno Santos aduciendo un informe de una agencia adscrita a la Organización Mundial de la Salud que advirtió el riesgo de efectos cancerígenos por la utilización del herbicida. Luego, sería la Corte Constitucional la que, en aplicación del principio de precaución, ordenó la restricción permanente de este tipo de aspersiones aéreas, bajo la tesis del peligro potencial para la salud humana, fuentes de agua y cobertura vegetal legal.

Sin embargo, tras una audiencia pública a comienzos de 2019 impulsada por la administración Duque, el alto tribunal aclararía su sentencia meses después en el sentido de que no prohibió definitivamente las fumigaciones aéreas con el químico, sino que estas podían retomarse si se cumplía un estricto protocolo ambiental y sanitario, que debía ser adoptado y aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

Ese proceso es el que el Gobierno tiene adelantado, al punto que no solo el decreto respectivo está a punto de ser promulgado, sino que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud estarían cerca ya de expedir sus respectivos informes y decisiones sobre el grado de viabilidad del “Plan de Manejo Ambiental del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato” (Pecig). Tras ello, todo quedaría en manos del CNE, que aún no ha sido citado para los efectos.

El Gobierno confía en que el proceso avance en cuestión de meses, en tanto el Departamento de Estado considera las fumigaciones aéreas un elemento clave para aumentar la efectividad antidroga colombiana. En la otra orilla están sectores ambientalistas, ONG regionales y locales e incluso un grupo de relatores de la ONU que pidieron a Duque no insistir en esta vía, recibiendo del Ejecutivo una respuesta negativa por considerar que sus llamados eran improcedentes y prejuzgaban la eficiencia ambiental y sanitaria del Pecig.

Por lo pronto, habrá que esperar que el CNE, en donde tienen asiento varios ministerios, Fiscalía y Procuraduría, se pronuncie finalmente. Solo entonces, con el decreto en la mano, vendrá el verdadero pulso jurídico y se sabrá si cumple o no los condicionamientos de la Corte.

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Otros aspectos

Pero en el entretanto hay otros elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, en algunas regiones circulan informaciones en torno a que grupos ilegales estarían alistando ya una estrategia para oponerse a las fumigaciones aéreas con glifosato.

Según ha trascendido, se estaría pensando en presionar a los campesinos a que salgan a protestar, protagonicen marchas e incluso bloqueen vías para impedir el tránsito de la Fuerza Pública que presta seguridad a los aviones fumigadores. No es la primera vez que las disidencias de las Farc, el Eln y las bandas criminales y otras facciones ilegales acuden a presionar a los campesinos para que traten de demorar o impedir los operativos de erradicación. No solo se corre aquí un riesgo de orden público, sino incluso sanitario, ya que la pandemia del Covid-19 está presente y la vacunación, que se extenderá por varios meses hasta alcanzar los 35 millones de colombianos inmunizados, avanza a paso lento todavía en muchas regiones.

También se dice que en algunas zonas se estarían presentando oleadas de acciones de tutela y acciones populares con el fin de forzar algún tipo de fallo que frene las aspersiones. Estos “tutelatones” ya tendrían, incluso, formatos prefabricados con los textos de los recursos de amparo que se estarían repartiendo entre las comunidades.

A ello se suma que el Ejecutivo está consciente de que algunos gobernadores y alcaldes, sobre todo de partidos de la oposición, han advertido de tiempo atrás que no quieren que en sus respectivas jurisdicciones se den las fumigaciones aéreas con glifosato. Si bien el decreto que está a punto de ser expedido es de alcance nacional así como lo sería la determinación del CNE, es claro que en pleno año electoral un choque entre el Gobierno nacional y algunas administraciones departamentales y municipales podría dar lugar a un trasfondo de politización en un tema tan delicado.

Como se ve, aunque desde el día 1 de su mandato el presidente Duque anunció la intención de retomar las aspersiones aéreas con glifosato, ya le restan apenas diecisiete meses en el poder y esa posibilidad continúa en vilo. La pregunta, entonces, es una sola: ¿le alcanzará el tiempo a este Gobierno para poder activar la que considera el ‘arma’ antidroga más efectiva?

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