Una encuesta de percepción sobre las necesidades de los ciudadanos en materia de acceso y administración de justicia, pondrán en marcha el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Con ese propósito, la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2020 adelanta un gran operativo que busca recopilar información sobre las necesidades jurídicas de los ciudadanos -problemas, desacuerdos, conflictos y disputas justiciables-, información estadística que permitirá orientar la política pública de acceso a la justicia.  

El anuncio fue revelado durante un conversatorio que giró en torno a la necesidad de una reforma judicial, en el que participaron la viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López Patrón; el director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, y el subdirector General Sectorial del DNP, Daniel Gómez Gaviria.  

Según trascendió, las tres entidades están uniendo esfuerzos y logística con cobertura nacional para realizar este estudio de campo con desagregación de cabecera y resto (centro poblado y rural disperso), en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira y Villavicencio.   

El ejercicio estadístico se desarrolla en el marco de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, a la vez que acoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia estadística.

Además, para la realización del análisis se cuenta con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en cuanto a la estimación de las necesidades jurídicas en áreas pequeñas. 

El Ministerio de Justicia recordó que la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana se realiza anualmente desde 2012 con el objetivo de generar información estadística sobre personas de 15 años y más, que han sufrido algún perjuicio como consecuencia de acciones delictivas tales como hurto, riñas, peleas y extorsión.

Además, indaga sobre la percepción de inseguridad que tienen las personas en su ciudad o municipio.   

“Para 2020 se ha incluido un capítulo sobre problemas, desacuerdos, conflictos y disputas, el cual permitirá recopilar información sobre los problemas ‘justiciables’ de los ciudadanos y el grado de afectación, esto último en términos de cómo surgen los conflictos entre las personas, cómo los experimentan y cómo los gestionan”, informó la cartera.  

A finales de 2019 se realizó una prueba piloto para validación de la herramienta, con una muestra de 724 hogares distribuidos en cabeceras, centro poblado y rural disperso de Mompox, Cúcuta, Buga y la cabecera de Medellín. Dichas entrevistas se realizaron a 1.713 personas de 18 años y más.   

Con los resultados del capítulo de necesidades jurídicas -que se entregarán en febrero de 2021- se espera contar con evidencia técnica para sustentar ajustes y actualizar la política pública de acceso a la justicia; elaborar un plan de trabajo para el fortalecimiento de las entidades encargadas del acceso judicial, discriminado para 13 ciudades principales, cabeceras municipales y zonas rurales.

Así mismo, se espera consolidar procesos de capacitación para los servidores públicos; adaptar medios virtuales para atención al ciudadano a propósito del covid-19, además de enfocar acciones articuladas en las justicias formal, no formal, étnica, administrativa y comunitaria.  

La próxima será en 2022 y para 2023 se proyecta la recolección de información relacionada con necesidades de las empresas en materia de administración de justicia.