Los problemas se acumulan en las 26 zonas que en un principio fueron habilitadas para el desarme.

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El proceso de reincorporación social de miles de exguerrilleros que dejaron las armas en Colombia está en riesgo de fracasar, advirtió este domingo el partido la Farc.

Voceros de la colectividad denunciaron una "situación de precariedad" en los territorios donde se concentró la mayoría de los 7.000 combatientes que depusieron los fusiles el año pasado.

Al mismo tiempo, unos 623 militantes siguen en prisión casi un año y medio después de haber firmado el acuerdo, que garantizaba amnistía para los detenidos que no estuvieran implicados en delitos atroces.

"El proceso de reincorporación, visto de conjunto, se encuentra en una manifiesta situación de precariedad y amenaza con fracasar si no se toman medidas urgentes", alertó la organización en un comunicado leído a la prensa en Bogotá.

Los problemas se acumulan en las 26 zonas que en un principio fueron habilitadas para el desarme y que ahora sirven para la reintegración económica y social de los excombatientes.

En esos territorios no hay "condiciones dignas" de salud, vivienda, servicios públicos, como tampoco está garantizada la seguridad alimentaria o el desarrollo económico, señaló el nuevo partido político.

Además, los exalzados en armas enfrentan problemas para acceder a créditos bancarios y organizarse legalmente en cooperativas.

"Sin reincorporación a la vida económica, social y política del país, el proceso de paz fracasaría", recalcó Jorge Torres, alias Pablo Catatumbo, dirigente y futuro senador de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (Farc). 

En su opinión, "es gravísimo lo que está pasando" al punto de que se "está poniendo en peligro" el futuro del acuerdo que redujo sensiblemente la intensidad del conflicto en Colombia, que en medio siglo deja unos ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. 

En ese sentido, el partido Farc planteó un "plan de emergencia" que tenga como eje el "acceso a la tierra", como quedó consignado en el pacto de paz que fue negociado durante cuatro años en La Habana con el apoyo de Naciones Unidas, la Iglesia católica, Noruega, Venezuela, Chile y Cuba.

Se reclama "la urgente adjudicación de tierras para los y las excombatientes, hoy campesinos y campesinas sin tierra", dijeron los exguerrilleros en el comunicado. 

Aunque el partido Farc ha insistido en su promesa de no volver a las armas, la situación que enfrentan sus militantes supone un "incumplimiento flagrante de los acuerdos" y puede "constituirse en factor de reciclaje de nuevas formas de violencia", subrayaron.