La experiencia que dejó el acuerdo que se firmó con las Farc es que no se pueden hacer políticas de Gobierno en esta materia sino políticas de Estado. Así lo señaló Víctor G. Ricardo, quien fue Alto Comisionado para la Paz.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve el panorama actual de la paz, por un lado con la implementación del acuerdo y, por el otro, con el accionar del Eln?

VÍCTOR G. RICARDO: Creo que lo que el país entero espera, como la comunidad internacional, es que el pacto de paz que se llevó a cabo con las Farc concluya en el establecimiento de la verdad, porque esa verdad puede marcar la solidez del proceso, la durabilidad del mismo y además la acción de la justicia transicional en el interés supremo de la paz.

Con relación al Eln, creo que el Gobierno ha establecido unas condiciones mínimas. Se pueden abrir caminos de reconciliación, pero por supuesto este grupo tampoco puede aspirar a que logre a través de la vía negociada objetivos que nunca lograron por la vía armada.

Lo importante es entender que en este momento el mundo rechaza los movimientos alzados en armas contra los Estados de derecho en democracia. El mundo rechaza la violación de los derechos humanos y establece unos mecanismos del Derecho Internacional Humanitario, que no son solamente para el cumplimiento de los Estados sino del mundo en general.   

ENS: ¿Descarta que este Gobierno haga en lo que le queda algún acercamiento con el Eln?

VGR: En materia de paz nunca es tarde para iniciar caminos de solución y reconciliación. De manera que no se puede leer que si un Gobierno ha cumplido la mitad de su periodo pues se acabaron las opciones de negociación. Lo que sí se tiene que entender es que las experiencias que han dejado el pacto con las Farc es que no se pueden hacer políticas de Gobierno en materia de paz sino políticas de Estado.

Esas políticas de Estado son las que le dan durabilidad, sostenibilidad y por supuesto seriedad a los procesos de paz. Son las que comprometen a la comunidad general y por lo tanto hace más viable cualquier solución.

ENS: El Acuerdo de Paz hizo pensar que se reduciría la violencia en los territorios, hoy sucede lo contrario e incluso han surgido más grupos armados, ¿por qué ha sucedido esto?

VGR: Creo que cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, primero se ha debido hacer como política de Estado, y se hizo como política de gobierno.

Creo que una de las cosas fundamentales que debió hacer el Gobierno en ese momento fue hacer presencia inmediata en las zonas en que se movilizaban las Farc, porque el Estado no es solamente la presencia militar. Tiene que ser militar en lo que concierna a la defensa del país, a la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, pero presencia en materia de salud, de educación, de construir economías formales y en materia, por supuesto, de creación de vías económicas para cada una de estas regiones apartadas de los polos de desarrollo.

Entonces creo que el peor error que se cometió fue llegar a firmar un Acuerdo de Paz, pero no haber inmediatamente el Estado hecho presencia en esas zonas y dejar que otros grupos al margen de la ley comenzaran a utilizar esas zonas como vías para, entre otras cosas, lograr lo que vemos con mucha preocupación que es el crecimiento de los cultivos ilícitos y la actividad del narcotráfico.   

ENS: ¿Cómo entiende la explicación del Gobierno de que la violencia en las regiones se debe al narcotráfico?

VGR: Las causas evidentemente sabemos que son efectos del narcotráfico, las consecuencias son la violencia que hay en las distintas regiones y las acciones es el aparato estatal, el aparato del Gobierno, actuar en defensa del Estado de derecho combatiendo y creando condiciones de seguridad.

Algunas personas dicen que la seguridad ciudadana ha mejorado, pero eso puede ser motivado también por otras situaciones, que son los cierres por la pandemia, y eso por supuesto baja, pero la inseguridad y lo que se llama sensación de inseguridad, que no solamente es sensación sino realidad.

Es evidente que se ha empeorado y urge que las entidades correspondientes, tanto del Ministerio de Defensa como de la Policía Nacional y de las otras organizaciones de Inteligencia, actúen de manera coordinada para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos porque la ciudadanía en general hoy se siente amenazada.