Coincidencialmente en días anteriores al tiempo que en el Congreso se iniciaba la discusión del proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de Justicia, el exmagistrado de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, recibió la condena más alta aplicada a un operador judicial en la historia del país: 19 años de prisión por el escándalo al que los medios nombraron el ‘Cartel de la Toga’. Hay otros casos recientes de jueces y fiscales señalados en episodios de corrupción, donde es claro que se trata de actuaciones personales pero que, finalmente, es inevitable que terminen afectando la imagen de la Rama.
Por ejemplo el pasado viernes, la Corte Suprema le negó al exmagistrado de esta Corporación, Gustavo Malo, investigado también por el ‘Cartel de la Toga’, la solicitud de libertad que presentó alegando vencimiento de términos pues ya ajustó un año detenido y más de seis meses desde que se dictó la resolución de acusación, sin que a la fecha se haya realizado la correspondiente audiencia pública.
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Sin embargo, el alto Tribunal determinó que no se cumplen las condiciones para otorgar la libertad por vencimiento de términos al exmagistrado pues si bien desde el 15 de mayo de 2019 está detenido, hay que restar un tiempo atribuible a la defensa por una serie de recursos que ha presentado.
“Luego de restarle 398 días perdidos en el juicio por maniobras dilatorias de la defensa, la Corte Suprema de Justicia vuelve a negar la petición de libertad del exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández por vencimiento de términos”, explicó el alto Tribunal.
Malo es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva, pues habría sido ficha clave en el ‘Cartel de la Toga, organización que conformaron magistrados, exmagistrados y abogados para dilatar procesos en la Corte Suprema a parlamentarios y políticos, a cambio de fuertes sumas de dinero.
Según así lo atestiguó el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el principal testigo en este proceso y quien fue condenado a seis años de prisión porque como lo confesó, también hizo parte del 'Cartel de la Toga’.
Cuando Malo fue capturado era todavía magistrado de la Corte Suprema, por lo que por competencia su caso llegó a la Comisión de Investigación de la Cámara, que tras un prolongado proceso en el que se practicaron varias pruebas, lo acusó ante el Senado por los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
El Senado en diciembre de 2018 acogió la acusación contra Malo declarándolo indigno, por lo que ya sin fuero su proceso fue a parar a la Corte Suprema donde está pendiente que se defina su situación jurídica.
La Comisión de Investigación de la Cámara también adelantó un proceso por estos hechos al exmagistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, al cual acusó ante el Senado. Sin embargo está pendiente por parte de este último una decisión de si la acoge o no.
Así mismo, la semana anterior por vencimiento de términos el juzgado 76 de control de garantías ordenó dejar en libertad al exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julián Bermeo Casas, pues encontró que han pasado 120 días desde que la Fiscalía presentó el escrito de acusación sin que hasta el momento sea llamado a juicio.
El exfuncionario es procesado por haber recibido 500.000 dólares para beneficiar supuestamente el proceso que se adelantaba en su momento en la JEP contra el excomandante de las Farc, ‘Jesús Santrich’, hoy prófugo de la justicia. Bermeo fue imputado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio. El entonces funcionario fue grabado en el momento en que en un sitio público recibió un fajo de billetes de dos agentes de la DEA que se hicieron pasar como emisarios de 'Santrich'. Sin embargo, Bermeo ha señalado que fue engañado y presionado para reunirse con estos sujetos.
También hay que registrar que se lleva a cabo en la Corte Suprema el juicio a dos magistrados y un exmagistrado del Tribunal Superior de Villavicencio, Meta, por prevaricato, cohecho y concierto para delinquir pues según la Fiscalía, Joel Darío Trejos, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz, respectivamente, habrían recibido más de mil millones de pesos de Marbely Sofía Jiménez para que tuviera el beneficio de detención domiciliaria y no avanzara el proceso en su contra por el crimen de su esposo, su hijastro y dos personas más, con la motivación de quedarse con los centros de diagnóstico automotor Autorrollings.
Finalmente por estos hechos la mujer fue condenada a 52 años de prisión. Hoy ella es testigo de la Fiscalía contra los dos magistrados y el exmagistrado del Tribunal Superior de Villavicencio. Asegura que les dio mucho dinero para tener el beneficio de detención domiciliaria y que el proceso no avanzará.
La reforma
La reforma a la Justicia se ha planteado básicamente para fortalecer la Rama, hacerla más eficiente en su aplicación y accesible a los ciudadanos.
No obstante por sus alcances se ha convertido en una de las reformas más esquivas pues pasan los años sin que se pueda realizar en el Congreso, en donde se siguen ‘coleccionando’ proyectos archivados, al punto que algunos sectores como el uribismo han planteado llevarla a cabo a través de un referendo.
El presidente Duque quiso hacer en las primeras de cambio de su gobierno una reforma de fondo a la justicia, sin embargo en diciembre de 2018 se hundió por falta de trámite.
En tanto que al gobierno Santos se le quemó esta reforma en la puerta del horno, pues logró que el Congreso la aprobara en sus 8 debates, sin embargo al momento que el entonces mandatario iba a promulgar el respectivo acto legislativo, se abstuvo de hacerlo porque fue alertado que en la conciliación del proyecto algunos parlamentarios incluyeron disposiciones que no se debatieron.
Control ético
El director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, dijo a EL NUEVO SIGLO que prefiere no llamarlo ‘Cartel de la Toga’ “sino ‘Cartel de Ricaurte y compañía’, porque “la gran mayoría de jueces y juezas desempeñan con probidad y lo mismo los magistrados esa función”.
Añadió sobre estos hechos que "ese es un acto que nos debe llenar de dos tipos de sentimientos: el primero obviamente de repudio frente a una actuación irregular por parte de personas que no dignificaron la Rama ni el ejercicio jurisdiccional, pero también la contrapartida” son las decisiones que han tomado la Corte Suprema y el propio Congreso contra las personas que se determinó su responsabilidad.
Destacó que en el proyecto de reforma estatutaria a la justicia "hay elementos clave para efectos de mejorar el servicio judicial y el acceso, por ejemplo dotarla de más tecnología, aumentar su presupuesto, crear la figura del precedente judicial para que las sentencias de las altas Cortes tengan un valor más prevalente”.
Finalmente puso de relieve el acceso a la carrera judicial, "que como lo propone ese proyecto, creo que debe ser mucho más exigente a todos los niveles, mucho más riguroso, y eso no tiene nada que ver si los magistrados tienen determinada edad o si el período debe ser de un tiempo o de otro, tiene que ver con los controles éticos que se le deben hacer a las personas que quieran ingresar a la rama y sobre todo llegar a la gran cúpula judicial”.