Los coletazos legislativos de la pandemia del coronavirus se seguirán sintiendo en 2021, pues a pesar de que el año pasado el Congreso de la República convirtió en legislación permanente algunas de las propuestas gubernamentales dictadas al amparo de la emergencia sanitaria, muchas de ellas expirarán pronto.
Por ejemplo, temas como los subsidios en telefonía celular, en servicios públicos, en arrendamientos, en subsidios empresariales a la nómina, o están vencidos o están a punto de expirar.
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El Ejecutivo, al amparo de los dos estados de excepción que dictó el año pasado para paliar la crisis sanitaria por la pandemia de covid, dictó más de 115 Decretos Legislativos que fueron aprobados casi en su totalidad por la Corte Constitucional.
No obstante, y a pesar de que el propio Gobierno anunció que presentaría un paquete de proyectos para convertir varias de estas iniciativas en legislación permanente, este nunca se radicó.
Mientras, algunas de estas iniciativas que fueron radicadas por bancadas como la Colombia Humana, el Partido FARC y La U, no alcanzaron a recibir trámite, o quedaron aplazadas para las sesiones que comenzarán en marzo entrante.
Solamente los alivios del programa PAEF -Programa de Apoyo al Empleo Formal- que busca subsidiar hasta en 40% el valor de la nómina para trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo, fue aprobado por el Congreso, pero vigencia limitada en el tiempo.
Es por ello que varios sectores le han insistido al Gobierno nacional en la necesidad de decretar una tercera emergencia económica para que muchos de estos programas sociales se conviertan en ley o al menos extenderlas para paliar la crisis económica que deja la pandemia.
Y con algunas excepciones, son pocas las normas convertidas en legislación que comenzarán a regir este año y que fueron aprobadas en tiempos del coronavirus. De este selecto grupo forman parte herramientas como el nuevo Código Electoral, aprobado en las postrimerías de la pasada legislatura.
Si bien se trata de una ley estatutaria que pasa a control automático de la Corte Constitucional, se espera que para mediados de año queden definidos sus alcances, pues sin entrar en vigor todavía ya son varias las denuncias de inexequibilidad que debe superar.
Temas como la biometría o el manejo de datos personales tendrán que ser analizados por la Corte, pero ya en 2022 se estrenará este instrumento que incluye la ampliación del horario de votación a partir de los próximos comicios parlamentarios.
Otras normas que entraron en vigor desde mediados del año pasado y que fueron aprobadas en plenas sesiones virtuales del Congreso forman parte de paquete anticorrupción que radicó el Gobierno. Se trata, por ejemplo, de los Pliegos Tipo que busca hacer más transparente la contratación pública y la norma que obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración de renta y bienes, entre otras.
Sin embargo, también son varias las iniciativas que tendrán que ser tramitadas este año, que aunque se anunciaron desde 2020 no fueron presentadas, o no tuvieron trámite legislativo o quedaron aplazadas para su estudio en este año que apenas comienza.
Reformas reglamentarias
En este paquete de iniciativas están temas como el teletrabajo, una iniciativa que busca regular jurídicamente la relación trabajador/empresa para la labor realizada a distancia, y que es fundamental para el Gobierno porque forma parte de la estrategia de reactivación económica.
También está un tema trascendental para las finanzas públicas como es la reforma a la salud, que reglamenta el acto legislativo que elevó a rango constitucional el derecho a la salud de todos los colombianos.
Esta iniciativa ya está radicada, pero por acuerdo entre bancadas fue aplazada para su discusión en las sesiones de marzo entrante.
También figura en este paquete la reglamentación de la cadena perpetua. Se trata de un proyecto de ley que anunció esta semana el presidente Iván Duque para reglamentar el acto legislativo 01 de 2020 que modificó la Carta Política para permitir la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.
El mandatario presentará este proyecto en marzo con mensaje de urgencia para que una vez aprobado comience a regir.
También se espera que el Ejecutivo radique el proyecto de reforma a la administración de justicia. Se trata de una normatividad que regule el funcionamiento de la justicia en todos sus niveles, y que alcanzó a ser socializado con las altas Cortes por la hoy procuradora general de la Nación Margarita Cabello cuando ejercía como ministra de Justicia y del Derecho.
Sobre este mismo tema ya fue presentado a consideración del Congreso de la República una iniciativa de autoría del Consejo Superior de la Judicatura que le da a la Rama Judicial una mayor autonomía presupuestal y reglamenta otras materias de funcionamiento en las altas corporaciones judiciales.
Igualmente, está pendiente de radicación otro proyecto de reforma judicial del saliente procurador Fernando Carrillo, cuyo fin es reglamentar algunos aspectos de la administración de justicia para acercar al ciudadano a sus jueces naturales. Esta propuesta no toca el funcionamiento de las altas Cortes.
También se espera un proyecto que reglamente el funcionamiento de la nueva Comisión de Disciplina Judicial, instancia que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y que apenas se posesionó esta semana.
Igualmente, se prevé la presentación gubernamental de un proyecto de ley para reglamentar el acto legislativo que aprobó la Región Metropolitana de Bogotá, y que da facultades al Distrito Capital para crear su área metropolitana con los municipios aledaños, pero que requiere de una amplia concertación.
Otras reformas pendientes
Teniendo en cuenta que este es un año preelectoral, es posible que la actual administración, que ya comienza a sentir el sol a las espaldas, pudiera presentar algunos proyectos de reformas estructurales que, aunque impopulares, son necesarios, a juicio de los expertos.
Se trata de reformas de como la laboral, que pretende la reactivación económica del país y la generación de nuevos puestos de trabajo; la reforma pensional, una de las principales necesidades para las finanzas públicas y que ha venido aplazándose hace ya varios años.
También está una nueva reforma tributaria que aunque ha sido mencionada por el Ministro de Hacienda, no ha encontrado todo el respaldo en el propio Gobierno, además de la reforma fiscal, con la que la administración central busca solucionar el problema económico acrecentado por la pandemia.
Así las cosas, 2021 promete ser un año bastante prolijo en cuanto a iniciativas legislativas y expectativas normativas se refiere.