La vieja premisa aquella según la cual Colombia es un país que vive casi que en una permanente campaña electoral, vuelve a comprobarse. Luego de un primer semestre en el que todos los días fueron de intensa actividad proselitista, tanto para los comicios parlamentarios como para los presidenciales, ahora, apenas tres meses después de la segunda vuelta en la puja por la Casa de Nariño, se vuelve a hablar de candidatos. Es más, los tiempos pueden ser más cortos si recordamos que el 26 de agosto casi 12 millones de ciudadanos votaron en la consulta popular anticorrupción.
Como se sabe, en octubre de 2019 se realizarán las elecciones regionales en las que deben escogerse gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Se trata, sin duda, de unos comicios clave para confirmar o reversar el mapa político dejado por las justas para Congreso y Presidencia.
En las primeras, o sea las parlamentarias, es evidente que partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde avanzaron en detrimento de colectividades como La U, conservadores y liberales, registrándose también la incursión de dos partidos de origen religioso, la debacle electoral del partido Farc y una débil expresión del petrismo. En las segundas, es decir la pelea por la Casa de Nariño, el uribismo se impuso, dejando por el camino a los verdes de Fajardo, Vargas Lleras de Cambio y un pobrísimo resultado de los liberales con De la Calle. Tan solo Petro se hizo valer pasando a segunda vuelta, y aunque sumó sorprendentemente 8 millones de votos allí, Iván Duque ganó con más de 10 millones.
¿Qué tan permanente será ese mapa político? La respuesta está en los próximos comicios regionales, pues allí se verá -voto a voto- si lo que pasó en el primer semestre de 2018 fue un revolcón partidista permanente o un fenómeno electoral pasajero e impactado por asuntos coyunturales o derivados de la polarización por el acuerdo de paz con las Farc.
El uribismo, que en las regionales de 2015 perdió terreno, apuesta todo a 2019 bajo el convencimiento de que estando en el poder pueden ganar muchas gobernaciones y alcaldías. Los verdes de Fajardo, claro si mantienen la coalición con el Polo, ven en esos comicios la posibilidad de concretar en poder regional los 4,6 millones de votos que lograron en mayo pasado pero que luego no jugaron para segunda vuelta. Petro, hoy líder de la oposición en el Senado, sabe que si logra encabezar una coalición de centro-izquierda fuerte, las elecciones del próximo año podrían darle la base partidista y regional que necesita para cimentar una segunda aspiración presidencial en 2022, más aún porque no tiene fuerza parlamentaria.
De otro lado, para Cambio Radical, La U, los liberales y los conservadores los comicios departamentales y municipales son la única oportunidad que tienen para hacer valer sus reconocidas cuotas de poder regional y local para recortarle terreno al uribismo, el petrismo y los verdes, que se jugarán a fondo entre ellos y contra las colectividades más fuertes en gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Otros partidos como MIRA, Colombia Justa Libres, así como el Farc saben que si no logran cuotas en esos comicios seguirán en la cola del pelotón político nacional.
Incertidumbre
Esa campaña para las regionales ya empezó, toda vez que quienes aspiren a ser candidatos en octubre de 2019 o ya renunciaron a cargos públicos, o no se postularon a la reelección en el Congreso, o se ‘quemaron’ en las parlamentarias y buscan un ‘plan b’, o tienen escasos días para dimitir como funcionarios o contratistas oficiales para no inhabilitarse.
Sin embargo, más allá de las primeras movidas de los posibles aspirantes, el arranque de la competencia proselitista será muy lento e incierto ¿La razón? Que las reglas del juego pueden cambiar drásticamente en los próximos meses por cuenta del proyecto de reforma política que se tramita en el Congreso y que ya pasó en primer debate.
¿Cuáles temas podrían impactar las regionales? Varios y muy importantes. Por ejemplo, acabar el voto preferente afectará la escogencia de diputados, concejales y ediles; las nuevas normas de democratización interna de los partidos apunta directamente a cómo escoger candidatos a esos cargos así como a gobernadores y alcaldes, más aún si se aprueban temas como convención, consultas internas y, sobre todo, el registro único de militantes; las listas cerradas para cuerpos colegiados deberían tener 33% de candidatas; más importante aún, se prohibiría la inscripción por medio de firmas (movimientos significativos de ciudadanos) de candidatos que hubiesen militado en otro partido antes de un año.
Eso en cuanto a lo que se aprobó en primer debate, pero hay otros temas aún más determinantes que se votaron negativamente pero que se retomarán en la plenaria. El más clave, por ejemplo, la propuesta para acompasar los períodos de gobernadores y alcaldes con los de Congreso y Presidencia de la República, eliminando las elecciones de ‘mitaca’. Si esto pasa, entonces habría que alargar dos años los períodos de los actuales mandatarios departamentales o municipales, o elegir mandatarios por apenas dos años largos (hasta 2022), o que los que sean escogidos en octubre de 2019 gobiernen por seis años (hasta 2026). Y qué decir del voto a los 16 años, la financiación estatal de las campañas políticas o, aún más, el establecimiento de una segunda vuelta para la elección de los candidatos a alcaldes de municipios con un número superior a los 100 mil habitantes.
Como se ve, la campaña para las regionales empieza este mes pero el marco normativo está en el aire, por lo que la actividad proselitista se desarrollará, al menos en su primera etapa, con reglas del juego inciertas, un asunto nocivo para la democracia local y regional, sin duda.