No fue en esta oportunidad el Gobierno nacional el primero en presentar al Congreso un proyecto de reforma a la justicia sino el partido Cambio Radical, que entre sus principales propuestas plantea modificar el sistema de elección del Fiscal General, que si bien mantiene el nombramiento en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, ya no ternaría el Presidente de la República, en su lugar se haría a través de un concurso de méritos la conformación de una lista de elegibles.

En este sentido, el proyecto de reforma constitucional que presentó Cambio Radical indica que “la Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia a través de un proceso de concurso de méritos de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”.

La Fiscalía fue instaurada por la Constitución del año 1991, en su artículo 249 y desde entonces el sistema de elección del titular de esta institución se ha mantenido invariable: “El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.

EL NUEVO SIGLO consultó a conocedores de la materia para conocer su opinión sobre esta propuesta que deja por fuera al gobierno de turno del proceso de elección del Fiscal General.

El exviceministro de Justicia, Guillermo Reyes, indicó que de hacer una reforma es preferible que el Presidente de la República elija.

“Lo que hace rato se viene discutiendo es cambiar la forma de elegir al fiscal. A mí la verdad que el tema del concurso de méritos me parece que es muy válido, dejando la opción de escoger. Sin embargo en el tema del fiscal, como siempre lo he pensado, hace parte de esa política criminal que fija el Gobierno, así que debería ser designado por el Presidente de la República. Podría ser bajo el esquema que está haciéndose para elegir los integrantes de las ternas del Presidente a la Corte, y es que se postulen y que el Ejecutivo elija, pero sí creo que tiene que haber una relación directa entre el Fiscal y el Ejecutivo”.

Añadió que “quitarle al Ejecutivo por lo menos la posibilidad de plantear los nombres de quienes pueden ser el Fiscal, me parece que es equivocado bajo el sistema penal que tenemos”.

Por el contrario, señaló Reyes, “deberíamos más bien avanzar un tema donde el Presidente hiciera un proceso abierto de concurso de méritos o de hojas de vida, pero que fuera el presidente el que tuviera la última palabra”.

Por su parte, al constitucionalista Juan Manuel Charry no le parece conveniente excluir al Gobierno del proceso de elección del Fiscal.

“El tema de la persecución de los delitos suele estar ubicado en la Rama Ejecutiva del poder público. Suele ser una dependencia del Gobierno. En Colombia no se colocó allí para evitar que hubiera persecuciones políticas y se dudó mucho si debía ser un órgano independiente o si de la Rama Judicial, y finalmente lo ubicaron en la Rama Judicial porque tiene que ver con la libertad y con la responsabilidad penal”.

El experto indicó que por ello la fórmula que encontró la Asamblea Constituyente para equilibrar la naturaleza de la Fiscalía de policía judicial y de persecución de delitos, fue la intervención del Presidente con la presentación de la terna a la Corte para que eligiera.

“Cambiar al Gobierno por universidades me parece un error porque creo que debe tener una relación y debe haber un ascendiente del Gobierno sobre el Fiscal, y una cierta independencia y una naturaleza judicial”.

Concluyó que “no estoy de acuerdo con esa fórmula, sin perjuicio de que en materia de Rama Judicial deben revisarse de dónde salen los nombramientos de los altos funcionarios del Estado, uno de ellos el Fiscal, y los demás magistrados de las altas corporaciones judiciales”.

Más reacciones

El exfiscal general Alfonso Valdivieso dijo que “he venido revisando el tema en varias coyunturas y francamente estoy de acuerdo con el sistema actual, entre otras razones porque terminan no coincidiendo los períodos, lo cual hace que no es que el Presidente nombre el Fiscal para su período. Sino que el Presidente escoge de unos candidatos y la Corte los selecciona, y esos elegidos van a tener parte de un período presidencial y parte del otro”.

Destacó que “es una selección que tiene un origen político desde el punto de vista del Ejecutivo, pero también el tamiz o la revisión por parte de la Corte. En síntesis estaría de acuerdo en mantener el sistema tal y como está. Me parece que ha funcionado, me parece que ha sido bueno”.

Por su parte el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, manifestó estar “totalmente en contra de esa iniciativa. El Fiscal General de la Nación cada vez en Colombia hace menos parte de la Rama Jurisdiccional. Con el sistema acusatorio él es más un mecanismo de investigación. En mi modo de ver eso debe tener una relación directa con el Gobierno, que es el que debe responder de las políticas públicas tendientes a la persecución del delito”.

Por ello, añadió, “cuando el fiscal falla el que debía soportar el peso del fallo, no es la Rama Jurisdiccional sino el Gobierno porque es el responsable de las políticas públicas que tiendan a la persecución de la delincuencia. Luego me parece que está bien que el Fiscal sea ternado por el Presidente. Incluso si se llegara a decidir que lo designe el Presidente, también estaría de acuerdo”.