Han pasado 31 años desde que el 11 de marzo de 1990 más de dos millones de colombianos, en medio de las elecciones para cuerpos colegiados y alcaldes, apoyaron a través de la llamada “Séptima Papeleta” la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que empezó a comienzos de 1991.

Aunque la composición de la Asamblea resultó ser altamente democrática, la participación de la mujer fue muy baja. En los comicios de diciembre de 1990 resultaron elegidas apenas cuatro constituyentes (el 5,71% de los 70 integrantes de ese organismo): Aída Avella, en la lista de la Unión Patriótica (UP); María Teresa Garcés y María Mercedes Carranza, en la plancha de la Alianza Democrática M-19; y Helena Herrán, en una de las varias listas impulsadas por el partido Liberal.

Aunque en el proceso constituyente no hubo mayores propuestas concretas para institucionalizar la perspectiva de género, cabe señalar que antes de 1991 no existía ningún artículo de la Constitución que consagrara la especial relevancia de los derechos de las mujeres, mientras que la Carta redactada ese año ha permitido su desarrollo (que hoy continúa).

La nueva Carta ratificó o adoptó el derecho a la igualdad, sin discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica, en los artículos 5 y 13; el derecho a participar en los niveles decisorios de la administración pública, artículo 40; el derecho a la igualdad de derechos y deberes en la pareja, artículo 42; el derecho a la igualdad de oportunidades, la abolición de toda forma de discriminación de la mujer, el derecho a la protección especial en el embarazo y el derecho al apoyo especial a las mujeres cabeza de familia o jefas de hogar, todo ello en el artículo 43; y el divorcio para matrimonios religiosos, artículo 4.

Para no pocos analistas y constitucionalistas, si bien la Carta no fue expresa en ampliar el ámbito de derechos de la mujer, al señalar como fundacionales de la nueva Constitución las premisas de la igualdad y la equidad, así como crear una nueva arquitectura de instrumentos como la acción de tutela y la especialización funcional de las altas Cortes judiciales, se sentaron las bases sobre las cuales en 30 años se ha desarrollado el marco normativo de mayor alcance en cuanto a garantías fundamentales para ellas. Lo que se ha visto reflejado en materia de reconocimiento al rol femenino en la familia y la sociedad, mecanismos especiales para su protección, legislación diferencial para avanzar en la igualdad ante el género masculino, participación en política, acceso a la educación, salud reproductiva, libertad de preferencia sexual y otros rubros.

Si bien todavía hoy persisten campos de desequilibrio y deficiencia en la protección de derechos y la garantía de la equidad, sin el marco normativo de la Carta del 91 hubiera sido imposible conquistar muchos hitos en los últimos 30 años.  

La primera presidenta

Claramente eran otros tiempos y, sin embargo, quizás anticipando los cambios que vendrían, la constituyente Avella fue la primera persona en presidir la Asamblea, aunque no por consideración a su género, sino por un error ortográfico que alteró el orden alfabético, pues en el listado oficial alguien escribió Avella con “b” (Abella), de manera que con ella compartió presidencia Carlos Daniel Abello, del Movimiento de Salvación Nacional (MSN), y no con Jaime Arias López, del Partido Liberal.

Eso fue al mediodía del martes 5 de febrero, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, que se declaró libre, soberana e independiente, toda vez que respondía al mandato ciudadano del 11 de marzo de 1990, ratificado el 27 de mayo del mismo año. Ya para el sábado siguiente un acuerdo político propició un triunvirato para liderar la redacción de la nueva Carta, integrado, como se recuerda, por Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro.

Arrancando la discusión del preámbulo, la constituyente Garcés manifestó, el 4 de marzo de 1991, que “el reto es crear un Estado más fuerte y eficiente, en cuanto tenga el poder para hacer respetar las reglas que adopte esta Asamblea, pero más democrático, integrado por instituciones accesibles a los ciudadanos y por tanto confiables”.

Garcés, abogada javeriana nacida en Cali, había sido congresista, viceministra de Comunicaciones y gerente encargada de la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine); como constituyente acompañó la propuesta de la creación de la Corte Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. También propuso convertir en norma constitucional el ‘principio de la celeridad’ y tuvo una participación destacada en el proceso organizativo del Movimiento de Mujeres para que sus propuestas fueran recogidas por la Constitución; posteriormente fue magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo Nacional Electoral, relatora de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Veedora Distrital de Bogotá.

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La felicidad

El 29 de abril de 1991, Alberto Zalamea, del MSN, presentó el informe de ponencia para primer debate sobre el preámbulo, destacando que una subcomisión “estudió igualmente una propuesta sustitutiva de la primera versión del preámbulo presentada por la honorable delegataria María Mercedes Carranza e incorporó algunos de sus conceptos a una nueva versión”, aunque desechó la propuesta de agregar “el supremo derecho a la felicidad”, concepto que caracterizó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en 1776.

La constituyente Carranza, reconocida poeta y periodista bogotana, fallecida en julio de 2003, integró, con Avella, el grupo de ponentes de la nueva carta de derechos, deberes, garantías y libertades.

Por su parte, Avella es actualmente senadora de la coalición Lista de la Decencia y presidenta de la UP. Sicóloga nacida en Sogamoso, antes de llegar a la Asamblea fue dirigente sindical en el Ministerio de Educación y cofundadora de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); luego llegó a ser concejala de Bogotá, pero tras un atentado en su contra ejecutado en el norte de la capital, partió al exilio en Suiza, retornando al país 17 años después.

De otro lado, el 11 de marzo de 1991, la constituyente Herrán expuso que “Colombia tiene que ser un Estado autonómico, lo cual en manera alguna se opone a que sea una república unitaria”. Agregó que “hablo deliberadamente de autonomía dejando de lado la descentralización, porque lo que ambiciono para nosotros es un Estado autonómico, no meramente descentralizado. Entiendo que el vocablo descentralización implica o da por supuesto que el origen del poder, su sede natural y obvia, es el centro, pero por un acto de generosidad, de largueza, es desdoblado para que llegue hasta la periferia. Para mí el poder del Estado debe manifestarse en todas sus formas en cada lugar del territorio, tanto en el centro como en el más apartado confín”.

Herrán, quien llegó a la Asamblea con el antecedente de ser la única mujer que ha ocupado la Gobernación de Antioquia (récord que todavía nadie le ha quitado), falleció en 2014.

Abogada especializada en Derecho Laboral y Tributario, militó en el Partido Liberal, más específicamente en el movimiento orientado por Bernardo Guerra Serna; estuvo vinculada a la administración del presidente Virgilio Barco desde su comienzo en 1986, siendo gerente regional del Instituto de Crédito Territorial, cuando en julio de 1989 los narcotraficantes asesinaron al gobernador Antonio Roldán; Herrán fue nombrada en su remplazo hasta agosto de 1990.