Una sanción fiscal contra el exalcalde de Bogotá fue respondida con el anuncio de una movilización nacional el próximo 28 de noviembre

En todo un galimatías de argumentos jurídicos, motivaciones políticas y estrategia mediática se ha convertido el proceso fiscal de la Contraloría Distrital contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

Esta historia vivió su último capítulo el pasado jueves cuando el Consejo de Estado devolvió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la decisión mediante la cual dictó medidas cautelares a favor del exalcalde y suspendió transitoriamente la decisión del organismo que lo halló responsable de detrimento superior a 217.000 millones.

La sanción se relaciona con el último proceso que le inició la Contraloría a Petro Urrego por la rebaja en las tarifas del sistema Transmilenio en horas valle sin los estudios técnicos del caso cuando se desempeñó como Alcalde Mayor entre 2012 y 2015.

En total, Petro ha sido sancionado en tres procesos fiscales: dos por el lío de las basuras y ahora por las rebajas en la tarifas de Transmilenio.

En último este caso, una Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Cudinamarca le concedió la media cautelar para suspender la sanción económica y evitar una inhabilidad para ser congresista, decisión que fue impugnada por la Contraloría.

Dicha inhabilidad se relaciona con el impedimento que tendría el dirigente político para contratar con el Estado o ser servidor público, incluso de elección popular, mientras no pague la multa pecuniaria que le impuso la Contraloría.

“Esta es una decisión de carácter procedimental, no sustancial. El Consejo de Estado dice que la decisión  de suspender la sanción de la Contraloría (a Petro) no podía tomarla un solo magistrado sino por la Sala Plena, por eso se devuelve al expediente al Tribunal”, explica el magistrado Oswaldo Giraldo, ponente en el Consejo de Estado.

¿Curul de Petro, en el limbo?

Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO consideran que mientras no haya un fallo de fondo en el caso de las tres sanciones fiscales a Petro, él puede continuar ejerciendo su cargo de senador.

Según el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, teóricamente, lo que fracasó fue una medida cautelar, no el fondo del proceso. La sanción fiscal –dice el jurista– quedará en firme solo cuando se falle de fondo en contra del servidor público, pero aclara que su investidura de senador la consiguió no por elección popular al Senado sino porque obtuvo el segundo puesto en las elecciones presidenciales.

“De manera que yo creo que la inhabilidad seguramente no sería aplicable. Es la primera vez que se aplicaría este tipo de sanción al que quedó de segundo en la elección presidencial”, afirma.

Beltrán, incluso, va más allá: asegura que así hubiese un fallo de fondo contra el exalcalde “no habría inhabilidad para que continuara como legislador, porque su elección fue por una reforma constitucional, no por postulación directa al Senado”.

En ese sentido, el expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, añade que un eventual retiro de Petro como senador podría darse solo por determinación expresa de la mesa directiva del Legislativo acudiendo a la Ley Quinta de 1992 (Reglamento Interno del Congreso), “previa constancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en caso de que ratifique la decisión de la Contraloría Distrital”.

No obstante, el jurista dice que también podría darse vía Ley 190 de 1995 - Estatuto Anticorrupción- que prevé las inhabilidades sobrevinientes.

“Si el Tribunal falla en contra de Petro, habría una inhabilidad sobreviniente. Pero como su curul no fue demandada dentro de los 20 días siguientes a su posesión, ya no se puede demandar. En ese caso la mesa directiva del Senado tendría 90 días para invocar la Ley Quinta y pedir su retiro del cargo, pero mientras tanto se conocerá el fallo de fondo del Tribunal de Cundinamarca”, explica Gómez Aranguren.

La defensa del exalcalde, por su parte, no piensa interponer recurso alguno a la decisión del Consejo de Estado.

“Nosotros nos regimos por el Derecho colombiano: mientras las sanciones o las multas no estén en firme, ejecutoriadas y debidamente notificadas, Gustavo Petro no tiene ningún inconveniente en seguir desempeñándose como senador de la República. Hay que recordar que todo está en primera instancia, no hay ninguna sanción en firme. Lo demás son argumentaciones políticas”, asegura Gabriel Parra, uno de los apoderados de la Colombia Humana.

Motivaciones políticas

Según Petro, la sanción que le impuso el contralor distrital Juan Carlos Granados lo que busca es evitar que se adelante un debate de control político por el escándalo de Odebrecht previsto para el próximo 27 de noviembre.

“El Contralor sobornado por Odebrecht me pone una sanción impagable por unos hechos cuya legalidad ya falló en última instancia la justicia a mi favor, para inhabilitarme y ver cómo no hago el debate de Odebrecht”, precisó Petro en Twitter.

El contralor Granados está vinculado a un proceso por presuntos actos de corrupción con Odebrecht cuando era candidato a la Gobernación de Boyacá.

En esta puja entraron a terciar distintos sectores políticos. “En una democracia, a un político se le derrota y se le saca de un cargo ganándole las elecciones, no a través de mecanismos jurídicos manipulados”, afirma el exsenador Antonio Navarro Wolf.

Y el excandidato presidencial Humberto de la Calle, escribe en su cuenta de twitter: “No voté por Petro ni me considero su seguidor. Pero inhabilitarlo a base de multas es un procedimiento injusto. Y un error. Toca reflexionar sobre el ámbito del derecho a ser elegido frente al régimen de sanciones e inhabilidades”.

El toque mediático

El exalcalde Petro, conocido por su liderazgo para movilizar simpatizantes, recordó en un trino que acudirá a la misma estrategia que utilizó cuando fue sancionado por la Procuraduría General.

Refiriéndose al contralor Grados, escribió en un trino: “Lo dejaron en libertad para que pudiera imponernos sanciones fiscales impagables por políticas públicas que se desarrollan en todas las ciudades modernas. Nuestra respuesta la movilización de la Colombia Humana el 28 de noviembre en todo el país”.