Segundo cabecilla del ‘Clan del Golfo’ será enviado a Estados Unidos a pesar de que la Corte recomendó diferirlo mientras responde en Colombia

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Con la decisión del presidente Duque de firmar la extradición a Estados Unidos de Jesús Alberto Vargas Rodríguez, alias ‘Pipón’, segundo al mando de la banda delincuencial llamada ‘Clan del Golfo’, por el delito del narcotráfico, a pesar que la Corte Suprema le recomendó que considerara la conveniencia de que este sujeto primero respondiera por sus delitos en Colombia, habría dado un mensaje contundente que la aplicación de este mecanismo en su gobierno no estará supeditada a que prevalezca la justicia nacional sobre la extranjera ni, en el caso de la JEP, a garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y la reparación.

Alias ‘Pipón’ se convirtió en el segundo en el organigrama del ‘Clan del Golfo’ (tras del máximo cabecilla Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’) después de que fuera abatido por las autoridades su hermano, Roberto Vargas, alias ‘Gavilán’.

Alias ‘Pipón’, quien se entregó a las autoridades en Montería en 2018, tiene seis investigaciones abiertas: una de estas está en etapa de juicio por los delitos de homicidio agravado, narcotráfico, desplazamiento, reclutamiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares. También tiene una sentencia por tráfico y porte de armas.

Como lo establece la extradición con Estados Unidos, la Corte Suprema estudió el respectivo indictment remitido por la justicia de ese país en donde lo solicita por cargos de narcotráfico, encontrando que se ajusta al acuerdo entre las dos naciones y por ello le dio su visto bueno.

Posteriormente y como lo establece el procedimiento, la solicitud de extradición de alias ‘Pipón’ pasó a manos del presidente Duque, quien está facultado para aprobarla o negarla por razones de competencia.

En este caso en particular la Corte Suprema de Justicia indicó al presidente Duque que “corresponde al Gobierno nacional considerar si difiere la entrega del requerido hasta cuando culminen las actuaciones seguidas en su contra por parte de las autoridades nacionales con el propósito de prevalecer la justicia nacional sobre la extranjera. En particular el juicio relacionado con delitos de extrema gravedad”.

Sin embargo la resolución 069 del 30 de mayo pasado que da vía libre a que alias ‘Pipón’ sea llevado a Estados Unidos en un avión de la DEA, firmada por el presidente Duque, indica que la extradición no implica impunidad en Colombia porque “con la extradición del reclamado no se impide que las investigaciones y procesos continúen en curso. Con la extradición no se terminan ni suspenden los procesos que se adelantan en Colombia”.

Justifica el presidente Duque esta decisión al señalar que Estados Unidos “ha mantenido un marco de colaboración permanente en materia de asistencia judicial penal facilitando mecanismos de cooperación para que los detenidos en dicho país puedan intervenir en las diligencias en las que sean requeridos”.

Mensaje

El presidente Duque en varios escenarios ha defendido el mecanismo de extradición que desde hace más de tres décadas funciona entre Colombia y Estados Unidos, y en ese sentido anunció que extraditaría al desmovilizado de las Farc, ‘Jesús Santrich’, si la JEP establecía que conspiró para enviar cocaína a Estados Unidos después de la firma del acuerdo.

“Si el señor ‘Santrich’, como lo ha dicho el Fiscal (Martínez) y como lo han validado las autoridades con las que tenemos cooperación, cometió el delito establecido con posterioridad a la firma del acuerdo, será extraditado”, enfatizó Duque.

No obstante la extradición de ‘Santrich’ se embolató después de que la JEP argumentara que como Estados Unidos no envió las pruebas que le solicitó, no pudo establecer la fecha en que habría delinquido.

Entonces la Fiscalía con base en nuevas pruebas abrió una investigación en Colombia a ‘Santrich’ por delitos de narcotráfico y su caso llegó a la Corte Suprema pues consideró que es aforado a pesar de que no se ha podido posesionar en el Congreso.

Duque también en una de las seis objeciones que presentó al Congreso acerca de la ley estatutaria de la JEP, se refirió a la disposición que permite frenar la extradición mientras hacen sus aportes a la verdad particulares que se sometan a la JEP.

No obstante, la Cámara y el Senado negaron estas objeciones, según lo determinó la Corte Constitucional en un fallo en días anteriores.

El pasado martes el Primer Mandatario al insistir en la necesidad de hacer algunas reformas a la JEP, dijo que “frente a la extradición, sí es muy importante corregir ese camino gris que quedó, donde los terceros pueden llegar a la JEP, supuestamente, a contribuir con la verdad e inmediatamente caen dentro de la protección de la no extradición”.

En este sentido la postura de Duque de que la extradición no afecta la aplicación de justicia en Colombia luce como un claro mensaje a ‘Santrich’ y otros desmovilizados de Farc que eventualmente consideren reincidir en el delito así como los integrantes de los grupos armados delincuenciales.

Sin embargo es una decisión no exenta de polémica porque la oposición y sectores defensores de derechos humanos y algunas organizaciones de víctimas insisten en que la verdad y la reparación deben primar sobre la justicia extranjera.

Asimismo, el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, dijo a EL NUEVO SIGLO que “esa es una excusa barata y mala para tratar de impedir las extradiciones. Ha habido literalmente miles de audiencias entre ‘paras’ extraditados y funcionarios en Colombia. Lo que demuestra que es perfectamente posible continuar con los procesos judiciales en Colombia, acceder a la información que tienen los extraditados y alcanzar la verdad, aunque estén extraditados. No hay ningún elemento para justificar so pretexto de la verdad que no haya extradición”.

 La tesis de Santos

Tras las negociaciones que sostuvo la administración del entonces presidente Santos con las Farc, negó la extradición de varios integrantes de esa organización, como en noviembre de 2017 atendiendo la garantía de no extradición en el caso de Julio Enrique Lemos Moreno, alias ‘Nader’, requerido por Estados Unidos por el secuestro de un ciudadano de ese país y narcotráfico.

Incluso en plenas negociaciones con las Farc en La Habana, Santos negó algunas extradiciones, lo cual fue entendido por muchos como un gesto para generar un clima favorable a un acuerdo. Es el caso en 2017 de Juan Vicente Carvajal, alias ‘Misael’, quien era solicitado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.