La aprobación del Plan de Desarrollo esta semana era la única pieza que le faltaba al Presidente para completar la estructura básica de su mandato. Ya había definido sus principales políticas y el país se acostumbra a su particular estilo de mando y gobierno

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Listo. Así quedó ya la estructura básica del gobierno del presidente Iván Duque luego de que esta semana el Congreso le aprobara su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta programática y presupuestal de su mandato.

Dicho Plan era, por así decirlo, la última pieza que le faltaba al rompecabezas gubernamental para arrancar en firme. Lo logró completar cuando está a punto de cumplir nueve meses en el poder, este martes.

En ese Plan, denominado ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, queda claro que a diferencia de los énfasis en temas de guerra y paz de los gobiernos Uribe y Santos, respectivamente, para Duque la prioridad es dirigir al país por un sendero de progreso estructural y efectivo, basado en la equidad real. No en vano la inversión social para los próximos cuatro años asciende a $510 billones, que es casi la mitad del costo total del Plan.

Una de las metas principales es sacar de la pobreza a cerca de 3 millones de colombianos y a 1,5 millones más de la pobreza externa. Ampliar la cobertura en educación y otros servicios a la población más vulnerable, con subsidios y asistencias mejor focalizadas; dirigir al país al desarrollo de la Economía Naranja y potencializar la era digital; disminuir la carga tributaria a las empresas para impulsar un mayor crecimiento económico y reducir el desempleo, enmarcado todo ello dentro de un aparato estatal moderno, eficiente, con énfasis más en lo gerencial que en la coyuntura política, hacen parte de ese norte del mandato Duque.

Para ponerlo en marcha el Gobierno tiene la ventaja de que ya aseguró la mayor parte de los recursos, al menos para sus primeros dos años. Esto por cuenta de la Ley de Financiamiento que el Congreso le aprobó en diciembre pasado. Si bien el proyecto inicial planteaba una expectativa de recaudo cercana a los $14 billones, soportada en gran parte en la polémica propuesta de ampliar un IVA del 18% a más productos de la canasta familiar, al final el Parlamento solo le aprobó una Reforma Tributaria para recoger $8 billones anuales, que no es una cifra desestimable en lo absoluto.

Con una expectativa de crecimiento para este año cercana al 3,5% del Producto Interno Bruto, varios de los principales indicadores económicos al alza y un repunte lento pero sostenido de los ingresos petroleros, así como un apretón burocrático y en gasto público, el Ejecutivo considera que no tendrá mayores afugias fiscales a corto plazo y podrá empezar a aplicar desde ahora su Plan de Desarrollo.

Ajustes en paz y guerra

En cuanto a los temas de paz y guerra, ya el Gobierno había anunciado sus respectivos derroteros. En febrero presentó la “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”, que tiene como novedad elevar a interés nacional principal y prevalente el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, frente a los riesgos del narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación.

La estrategia se enfoca en el combate a las amenazas tradicionales vinculadas al terrorismo y al delito transnacional, así como en la reducción de los delitos que afectan con más severidad a los ciudadanos, como el atraco y el robo de celulares. A esto le sumó un plan de choque para afrontar los asesinatos de líderes sociales.

De igual manera, frente a las falencias en la ocupación de las zonas dejadas libres por las Farc desmovilizadas, lo que dio lugar a un reciclaje de la violencia protagonizado por el Eln, las disidencias de las Farc, las bandas criminales tipo ‘Clan del Golfo’ y otros grupos armados organizados, la nueva estrategia se basa que los esfuerzos estatales deben tener el propósito de pasar del control militar al control institucional del territorio.

En cuanto a la política de paz, Duque también sentó las bases al respecto. Frente a la negociación heredada con el Eln, primero condicionó su continuidad a que liberaran los secuestrados y no insistieran en atacar a los civiles. Luego, ante el grave atentado de enero contra la Escuela de Cadetes en Bogotá, no solo acabó con el proceso sino que exigió a países como Cuba y Venezuela deportar a los cabecillas guerrilleros, incluidos a los antiguos negociadores.

Para marcar aún más su diferencia con la política de paz santista, también presentó al Congreso un proyecto que impide que el narcotráfico y el secuestro puedan ser considerados conexos con el delito político.

Y sobre el acuerdo con las Farc, la postura no ha sido menos enfática. En primer lugar, en contraste con Santos, la implementación ya no es la prioridad gubernamental, aunque ha tratado de cumplirla dentro de ciertos límites. Incluso, el mayor problema ha sido el de los crímenes contra exFarc y el aumento de los reincidentes en el crimen. En segundo término, ha tratado de ajustar y corregir varios elementos clave del pacto habanero, en especial la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Lo hizo a través de proyectos en el Congreso y hasta de unas objeciones presidenciales, sin que unos ni otras progresaran. Y, en tercer término, la Casa de Nariño ha ejercido presión sobre la jurisdicción especial para que defina rápidamente casos como la solicitud de extradición que pesa sobre alias ‘Santrich’ y que sean sacados de la JEP el exjefe negociador subversivo, alias ‘Iván Márquez’, y el excabecilla alias ‘El Paisa’, quienes ni siquiera se han presentado personalmente a rendir descargos.

Aunque está claro que Duque no quiere hacer del tema Farc o Eln la nuez de su mandato, por más que el país continúe polarizado al respecto, ya fijó claramente sus criterios respecto a unas y otro.

‘Herencia maldita’

En cuanto al narcotráfico, en diciembre la Casa de Nariño había lanzado su estrategia “Ruta Futuro”, cuyo principal propósito es reversar la ‘herencia maldita’ de la administración Santos, que al comienzo del año pasado tenía 210 mil hectáreas de narcocultivos y un potencial exportador de más de 900 toneladas de cocaína al año. Una circunstancia que ha generado amplias reservas del gobierno Trump respecto a la capacidad colombiana para combatir el boom narcotraficante.

Duque ya tiene en ejecución una política integral para enfrentar el flagelo de las drogas que se ocupa de los problemas de consumo, lavado de activos, oferta de drogas, cultivos ilícitos, crimen organizado y contempla la transformación de los territorios afectados por el narcotráfico.

La estrategia está soportada en cuatro pilares fundamentales: disminución del consumo, ataque a la oferta de drogas, desarticulación de organizaciones criminales y afectación de economías y rentas del crimen organizado. Todos ellos con un elemento transversal adicional, representado en la transformación del territorio y el tránsito hacia las economías lícitas, especialmente en el ámbito rural.

Alejado del debate santista sobre la necesidad de una nueva óptica en la lucha antidroga y enfocado en reversar el narco-pico, el Gobierno ya ha dado otros pasos concretos como el decreto que prohíbe el consumo de la dosis mínima personal de estupefacientes en espacios públicos, en tanto que pidió a la Corte Constitucional flexibilizar las condiciones para poder reanudar la fumigación aérea de narcocultivos con glifosato.

Todo contra la dictadura

En lo que hace a la política internacional hay dos frentes prioritarios con lineamientos definidos.

Frente a Venezuela, el Gobierno colombiano, desde su primer día en la Casa de Nariño, se lanzó a una cruzada sin cuartel para hacer todo lo posible en pos de sacar del poder la dictadura de Nicolás Maduro.

Teniendo como única línea roja que no patrocinará, participará ni tolerará una intervención militar en el vecino país, Duque ha sido el mandatario más prolijo en aunar apoyo internacional para aislar al régimen chavista y apoyar en todo lo posible a la oposición. Nuestro país lidera el Grupo de Lima, maniobra desde la OEA, la ONU y la CPI para aislar al régimen, asila a los dirigentes venezolanos que huyen de la dictadura y fue de los primeros en reconocer al presidente interino, Juan Guaidó. Incluso ha estado al frente de las distintas intentonas para enviar ayuda humanitaria a esa atribulada nación.

El otro gran flanco externo ha sido la recomposición de las relaciones con Estados Unidos, que por efectos del boom narcotraficante se encuentran renarcotizadas al extremo.

Aunque en plena campaña electoral Trump ha lanzado más de una pulla a Duque en torno a que Colombia no está siendo efectiva en materia antidroga, este y el canciller Carlos Holmes Trujillo se han cuidado de entrar en una confrontación retórica con la Casa Blanca. Además, a cada comentario destemplado de Trump le han seguido sendos pronunciamientos o visitas de altos funcionarios del gobierno estadounidense, con el objetivo de revalidar la alianza antidroga.

Para el Mandatario colombiano es claro que la relación con Trump pasa por un elemento básico: la reducción de los narcocultivos y la extradición de ‘Santrich’. Sobre lo primero, son alentadores los avances en erradicación en los primeros ocho meses y en cuanto a lo segundo la Casa de Nariño no solo ha presionado a la JEP para que resuelva el caso, sino que si el expediente pasa a la Corte Suprema de Justicia y esta da vía libre, no se dudará un segundo en entregar la excabecilla subversivo a las autoridades norteamericanas. Eso es claro.

Nuevo estilo político

El otro elemento determinante para que hoy se pueda decir que el Presidente tiene todas las fichas sobre el tablero es el referido a su estilo de mando.

Lejos de acudir a un estilo confrontacional, como el que por 16 años implementaron Uribe y Santos, que vivían -como se dice popularmente- “con los guantes puestos” para defender sus políticas de seguridad y paz, Duque se ha inclinado por la afirmación de sus tesis con un tono calmado, continuamente llamando a la búsqueda de consensos y utilizando un lenguaje conciliatorio más que combativo.

De igual manera, privilegia lo gerencial y estructural, sobre el efectismo político y la improvisación gubernamental según la coyuntura.

En segundo término, Duque no solo tomó la decisión de designar un equipo de gobierno de perfil esencialmente técnico, sino que la nómina ministerial y los más altos cargos del Ejecutivo no están signados por la milimetría política ni partidista. Esa política le resumió en una sola frase: “Cero mermelada”, en referencia clara a lo que ocurrió en el anterior gobierno en donde la firmeza de la coalición de apoyo a Santos y su proceso de paz se basó en la mayor o menor cantidad de burocracia y partidas presupuestales asignadas a los distintos partidos.

Esa decisión de no allanar apoyos a punta de puestos y representación política determinó aspectos sustantivos. El principal, sin duda alguna, que la coalición parlamentaria oficialista, compuesta por el Centro Democrático, conservadores, La U y los partidos cristianos, tiene mayorías apretadas en Senado y Cámara, limitando la capacidad del Ejecutivo para sacar avante su agenda legislativa. Incluso se habla de un peligroso y escaso margen de gobernabilidad.

Sin embargo, Duque no da su brazo a torcer. Contrario a quienes incluso desde su propia coalición le insisten en que amplíe la alianza oficialista, integrando a partidos independientes como Cambio Radical o los liberales, dándoles cuotas de representación política y puestos en el gabinete, el Jefe de Estado prefiere seguir gobernando bajo su línea, así ello le implique algunos reveses en el Parlamento y otros campos. No varió su estrategia cuando se le hundió la reforma a la justicia, el primer intento de ajuste a la JEP o la ‘peluqueada’ a la Reforma Tributaria. Y tampoco parece que lo hará ahora que las seis objeciones al proyecto de ley estatutaria de la justicia transicional no progresaron en el Congreso.

Lo cierto es que poco a poco el país político y la opinión pública se van acostumbrando a ese nuevo estilo de gobierno. No ha sido fácil y le ha costado a Duque puntos en las encuestas y líos en el Congreso. Al Presidente, sin embargo, le preocupa más aumentar el eco popular y credibilidad de sus talleres ‘Construyendo País’, que se han convertido en su principal arma de contacto directo con las regiones, campo en el que considera tiene puntos altos, así en Bogotá no lo vean así.

Y, por último, queda claro que el actual Mandatario es proclive a la negociación, siempre y cuando no se presione por las vías de hecho. Prueba de ello es lo que pasó con el paro de los estudiantes a finales del año pasado y la Minga Indígena de semanas atrás, en donde si bien se llegó a acuerdos se hizo por vías distintas.

Como se ve, tras la aprobación del Plan de Desarrollo esta semana ya se puede asegurar que Duque tiene todo el andamiaje gubernamental y de política pública montado. Igual definido su estilo de gobierno y mando. Son los de él y, salvo un hecho extraordinario, no se ve que quiera darle un timonazo a su gestión en el corto plazo.