Por vencimiento de términos fue archivada la investigación por el supuesto ingreso de dineros provenientes de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Juan Manuel Santos en 2014, anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por seis votos contra dos, la sala plena del CNE decidió que se habían vencido los términos para adelantar la investigación iniciada a raíz de la compulsa de copias que hizo la Fiscalía en los primeros meses del año anterior.

El presidente Santos indicó el año pasado que en la campaña presidencial de 2014 él no se ocupó del tema de los aportes, aunque dijo que instruyó a su equipo en que todas las donaciones debían tramitarse como lo establece la ley.

No obstante, cuando en marzo de 2017 se presentó una discusión jurídica en el CNE acerca de si cabía o no la caducidad para investigar estas cuentas, porque ya habían pasado los tres años que para estos fines establece la ley, el presidente Santos Calderón dijo que “le he pedido al Ministro del Interior (entonces Juan Fernando Cristo) que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si en la campaña de 2010 todas las cuentas ya están caducadas y si se puede levantar esa caducidad. Le dije al Ministro que hiciera esa consulta al Consejo Nacional Electoral para que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible”, dijo.

Por esos días, Roberto Prieto reconoció la entrada de 400.000 dólares de Odebrecht a la campaña presidencial de 2010 por el pago de 2 millones de afiches para publicidad, girados a la empresa panameña Impressa Group. Horas después, Santos rechazó estos hechos y pidió a los implicados responder por cualquier actuación indebida. Asimismo, el Presidente mostró sorpresa por las palabras de Prieto afirmando: “Me acabo de enterar”.

El representante por Antioquia, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, le dijo ayer a El NUEVO SIGLO que la decisión del CNE le parecía de “un facilismo judicial que es imperdonable en una democracia. No puede existir una formulación tan simplista para acabar con una imputación tan grave, tan profunda, como lo son unos dineros provenientes de una empresa, que más que empresa era una estructura criminal”.

Añadió Pérez que “si esas son nuestras leyes, pues tocará aceptarlas y respetarlas, pero eso requiere una modificación porque no hay derecho que un secreto a voces sea minimizado de esta manera judicialmente”.