Con una audiencia pública el próximo jueves la Comisión Primera del Senado iniciará el trámite del proyecto unificado contra la corrupción, tal vez el más importante que se ha presentado por sus alcances, como lo demuestra el hecho de que 25 entidades hicieron aportes al texto bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República y la Secretaria de Transparencia, con la participación entre otros del fiscal General, Francisco Barbosa, los ministerios de Justicia y del Interior; el defensor del Pueblo. Carlos Camargo; y el contralor General, Carlos Felipe Córdoba.
La iniciativa fue radicada a finales de octubre pasado, siendo designado ponente para primer debate el senador Germán Varón (Cambio Radical), quien presentará el informe después de la audiencia pública de esta semana, en la cual se socializará el proyecto.
Los promotores indican que el mismo representará un verdadero estatuto anticorrupción, en el cual los tres pilares son: prevención, sanción y fortalecimiento institucional, que se desarrollan por medio de 12 capítulos y 91 artículos.
La iniciativa establece medidas de protección para los denunciantes o quejosos de hechos de corrupción ante la carencia que existe en el país sobre esta materia, lo cual según la iniciativa imposibilita que existan políticas de incentivos a la denuncia de actos de corrupción.
La protección de estos denunciantes se hará en el ámbito físico y laboral para las personas que entreguen información acerca de delitos contra la administración pública, el patrimonio económico, el medioambiente, el orden económico y social, la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y faltas o infracciones disciplinarias relacionadas con estas conductas y soborno transnacional.
Responsabilidad de persona jurídica
La iniciativa incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano la responsabilidad penal de las empresas por hechos de corrupción que cometan sus representantes a nombre de éstas, la cual hasta el momento es solo de tipo administrativo.
El proyecto establece que la responsabilidad de la persona jurídica se activará por delitos contemplados en el Código Penal en los capítulos consagrados a delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, contra el orden económico y social, entre varios.
En su momento la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, dijo que “esto contribuirá a que se conocerá quiénes son las personas naturales que manejan los hilos de los entramados societarios corruptos. El ciudadano podrá ser resarcido por los actos de corrupción y los dineros públicos serán reintegrados".
Extinción de dominio
Desde hace años la extinción de dominio aplica a bienes obtenidos por actos de corrupción, por ejemplo el año pasado la Fiscalía por delitos contra la administración pública ocupó 66 bienes avaluados en más $40.000 millones.
Sin embargo proyecto el proyecto unificado de lucha contra la corrupción lo que hace es agilizar el proceso eliminando el trámite engorroso de publicar el edicto en un periódico de circulación nacional.
También se habilita la enajenación de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, esto con el objetivo de facilitar su monetización y administración. Actualmente la ley contempla que los bienes sujetos a medidas cautelares de extinción de dominio puedan enajenarse de manera temprana, sin embargo “no es tan clara esta posibilidad en aquellos casos en los que las medidas inscritas sobre el bien sean con fines de comiso”, señala el proyecto de ley.
Mayor información
El proyecto contempla crear el sistema general de lucha contra la corrupción, con el cual se pretende remediar que el acceso de los ciudadanos a la información que presenta dificultades debido a que está dispersa, fragmentada y en muchos casos de difícil acceso.
De tal forma que se busca que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República administra la información que recolecte del Observatorio Anticorrupción para que se generan estudios y documentos que permitan la creación de políticas públicas basadas en datos reales; y así mismo permitir información pública de fácil interacción donde la participación de la ciudadanía no se limite a la consulta sino que sirva como soporte para realizar denuncias.
En varias oportunidades, el presidente Iván Duque ha destacado la importancia de la lucha contra la corrupción, para lo cual en el Congreso de la República hacen tránsito legislativo varias iniciativas que buscan complementar la normatividad que se aprobó durante 2020.
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