El Senado aprobó en segundo de ocho debates el proyecto de reforma constitucional que obliga a la justicia ordinaria a juzgar a quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad, sin ningún beneficio de justicia especial.

La plenaria de la cámara alta aprobó por unanimidad el proyecto que ahora debe hacer su trámite en la Comisión Primera de Cámara y en la Plenaria de la misma corporación antes del 20 de junio para que no muera por tiempos.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que este acto legislativo, que fue presentado junto a las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), busca que “siempre la violación y los delitos sexuales contra menores estén en la justicia ordinaria y aplicar las máximas penas. Ese es el sentido del proyecto que se aprobó en segundo debate y va para la Cámara de Representantes”.

La jefa de la cartera política enfatizó en que no puede ser motivo de discusión la protección a los menores de edad “y por eso queremos que los delitos de índole sexual estén en la justicia ordinaria porque por encima de los victimarios deben estar las víctimas”.

A su turno, el senador de Cambio Radical, Germán Varón, explicó que la norma aplica a los delitos que se cometan a futuro “en modo alguno puede ser retroactiva y por la obligatoriedad de los tratados internacionales aquella persona que es juzgada puede escoger, entre dos normas, la más favorable”.

Por otro lado, el ponente de la iniciativa Santiago Valencia, del Centro Democrático, explicó que estos delitos no pueden ser tramitados con tratamientos penales diferenciados “como lo tienen hoy en la JEP, esto porque los derechos de los menores son preponderantes y tienen un rango superior a los derechos de todos los ciudadanos”.

Sin embargo, aclaró que, por principio constitucional, “este proyecto no perjudica a las Farc, una modificación de estas no puede aplicar para atrás en el tiempo”.

El senador Luis Fernando Velasco recalcó que este proyecto no cobija a los exmilitantes de las Farc, pero, “es evidente, por las constancias que dejaron en la plenaria, que el Centro Democrático busca que se modifiquen los acuerdos en la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz y que esto se aplique hacia atrás, pero en mi concepto eso es imposible”.

Para el también senador Gustavo Petro hay un antecedente importante, “el señor Hernán Giraldo Serna, un paramilitar que confesó la violación de 37 niñas fue condenado en el marco de la Ley de Justicia y Paz y pagó una pena alternativa pues para la corte era importante que se hubiera logrado la confesión del victimario; es decir, un intercambio de beneficio jurídico a cambio de la verdad”.

El expresidente y senador Álvaro Uribe replicó asegurando que el narcotráfico nunca fue conexo al delito político en el proceso de Justicia y Paz, “el señor Giraldo tiene, en Colombia, 37 casos judicializados de violación. La ley de justicia y paz dice que se somete a la Constitución que define como prevalentes los derechos de los niños. En el caso de este proyecto será la Corte Constitucional la que defina el alcance de esta norma”.

Sin embargo, la senadora del Centro Democrático Paloma valencia celebró la aprobación del proyecto y aclaró que “una cosa es que haya un principio que hace que las leyes no sean retroactivas y otra es que en la Constitución diga que hay tratamiento especial en Colombia. No puede ser aceptable que al delito político se le anexen otros comportamientos imposibles de aceptar como el secuestro, el narcotráfico y la violación”.

Y agregó que, “el Congreso entendió que los derechos de los niños están sobre todos los derechos, y no nos digan que los acuerdos de La Habana están sobre los derechos de los niños. Estoy muy contenta que le digan a la criminalidad que los derechos de nuestros menores son sagrados en Colombia”.

A su turno la senadora de La U, Maritza Martínez, sostuvo que este es un tema eminentemente político, “es importante que todos los sectores de este Congreso le digan a la sociedad colombiana que no se resigna a penas alternativas en materia de delitos sexuales y que de aquí en adelante no puede repetirse ese tema. Hacer esa concesión iría en contra de nuestro ordenamiento jurídico”.