La mayor dificultad que tendría la iniciativa del Gobierno para que los condenados por delitos menos graves salgan a la calle a trabajar y regresen de noche a dormir al penal, es lograr un efectivo control para evitar que se presenten abusos por parte de los beneficiados. Así lo consideraron varios expertos consultados por EL NUEVO SIGLO. La medida ha generado todo tipo de reacciones en la opinión pública, a favor y en contra.
Inclusive la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostró contrariada con la medida, ya que en repetidas oportunidades, frente a los indicadores de inseguridad y criminalidad en la ciudad, ha manifestado su desacuerdo con el sistema judicial, pues muchas de las personas que son capturadas por la Policía por distintos delitos, especialmente pequeñas causas, terminan en libertad por decisiones de los jueces.
“El ministro de Justicia está preocupado por los presos y no por los ciudadanos y piensa excarcelar un poco de presos (...) todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel para que ahora los vayan a soltar. Yo francamente no logro entender por qué la política del Gobierno Nacional es impunidad, impunidad e impunidad a los delincuentes. Así es muy difícil mejorar la seguridad”, dijo López.
La administración Petro tiene la concepción de que la cárcel debe usarse de manera racional porque, sostiene, no soluciona los graves problemas de inseguridad ni cumple con la función de resocializar a los internos.
Por ello, en la reforma al Código Penal propondrá, entre otras, despenalizar conductas como la inasistencia alimentaria de padres a los hijos; así como imponer medidas restaurativas en ciertos delitos, por ejemplo el robo de un celular, dando la posibilidad a que la persona capturada indemnice a la víctima.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha señalado, frente al hacinamiento superior al 20 % que hay en las cárceles del país, que “ese populismo punitivo es el que nos tiene en esta grave situación”.
La propuesta de que los presos pueden salir a la calle a trabajar y volver a dormir a prisión, busca ayudar a descongestionar las cárceles, así como que sirva para la resocialización de personas condenadas que han pagado buena parte de la pena. El beneficio excluiría graves delitos como violación, terrorismo y concierto para delinquir, entre varios.
“La persona sale a trabajar durante el día. El Estado tiene que conseguirle un trabajo público o en empresa particular. La persona sale vigilada por el Estado y en la noche regresa a dormir en la cárcel”, dijo el ministro Osuna.
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Opinión de los expertos
El ex vicefiscal general de la Nación y exdirector del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), Jaime Camacho Flórez, dijo que “es una propuesta muy atractiva, porque cuando las personas ya han descontado un tiempo apreciable, es interesante verificar la oportunidad de que se reinserten laboralmente con una medida como la que está propuesta”.
Hay quienes piensan que sería muy difícil para el Inpec controlar el buen comportamiento de los internos que salgan a trabajar a las calles.
Al respecto Camacho dijo que “siempre habrá complicaciones prácticas. Hoy en día la tecnología ayuda mucho, pero fundamentalmente se trata de un acto de confianza. Probablemente alguien traicionará esa confianza y, por ejemplo, cometerá un delito, pero igual que pasa con la detención domiciliaria, la mayor parte de los domiciliados en Colombia cumple sin ningún problema a la medida”.
Consideró que la mayor parte de las personas irán a trabajar normalmente, “se controlará que ingresen y salgan del trabajo a las horas correctas, eso tecnológicamente se puede hacer. Y no creo que sea un obstáculo el hecho de que eventualmente alguien de tantos que estén en esa situación pueda de pronto cometer un delito”.
Por su parte, el exvicefiscal Francisco José Sintura Varela señaló que “esa no es una propuesta nueva, el Código Penitenciario y Carcelario permite que cuando se han cumplido las tres quintas partes de la pena, pueda la persona a salir, siempre y cuando haya observado una buena conducta y una serie de compromisos. No solamente ir a su residencia, sino también a trabajar y retornar en la noche”.
Agregó el penalista que de hecho hay varias empresas que en la actualidad contratan internos que gozan de este beneficio. “Lo que pasa es que algo que no ha sido suficientemente difundido”, dijo.
Frente a los temores, como los de la alcaldesa de Bogotá, que la medida termine por incrementar la inseguridad en las ciudades, Sintura dijo que “eso depende de los límites que se ponga a un mecanismo como ese. Habrá seguramente conductas frente a las cuales no es conveniente que una apertura de esa naturaleza se dé, como por ejemplo terrorismo, temas como violaciones, concierto para delinquir”.
A su turno el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar dijo que esta medida ya se ha aplicado, “y desafortunadamente qué ocurrió, que fueron muy pocos los que salían a trabajar y hubo problemas también de que muchos no volvieron”.
Agregó que “la intención me parece buena, es una forma de rehabilitar a la persona, de resocializarla, que es la finalidad de la pena. El problema es lograr unos controles estrictos y demostrar que sí está trabajando”.
No obstante, Bernal trajo a colación que “si no han podido establecer controles para la detención domiciliaria, lo veo un poco difícil. Pero el propósito sí es interesante porque, en primer lugar, trata de resocializar a la persona y, en segundo lugar, se trata de que la misma persona pueda devengar algo para sostenerse o para sostener a su familia”.
También opinó sobre el tema el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Pablo Cáceres. “Me gusta la idea, porque considero que la pena como tal no redime a nadie, todo lo contrario, está hecha para destruir al hombre y está mal concebida en ese sistema penal que tenemos aquí”.
Agregó que ese beneficio, “ante todo cuando ya ha pagado una buena parte de la pena, ya se dio cuenta de lo que es esa ignominia, me parece correcto”.
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¿Y los derechos de las víctimas?
El director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, conceptuó que “compartimos la preocupación en cuanto al hacinamiento carcelario, pero la propuesta es abierta y absolutamente inviable”.
Señaló que el Inpec, “que es el órgano que velaría por la custodia de esas personas y porque trabajaran de día y regresaran pacíficamente de noche a su sitio de reclusión, hoy en día ni siquiera puede con los que están en centros de reclusión cumpliendo penas intramurales, y con mucha menor razón lo podrán hacer porque no tienen la capacidad operativa ni tecnológica para hacerlo con unas personas a las cuales se les facilite esa opción”.
Agregó que por ello “esta propuesta, a la fecha inviable, requiere unos complementos que son necesarios, entre estos la reestructuración del Inpec, la dotación de brazaletes electrónicos serios, no como los que existen hoy en día”.
Pero, subrayó Herrera Mercado, más allá del tema del Inpec y también de su reestructuración, “nos preocupa sobremanera que se genere el ambiente de beneficio a ultranza de los derechos de los victimarios en contra de los derechos de las víctimas”.
Se cuestionó el director de la Corporación Excelencia en la Justicia: “¿Acaso el Gobierno Nacional se reunió con organizaciones de víctimas para preguntarles su opinión a este respecto? Lo que hasta el momento hemos visto es una obsesión de excarcelar por excarcelar, liberar por liberar, y generarles beneficios a los victimarios, pero no dar el resarcimiento y compensación a las víctimas”.
Mientras que el ex procurador general Carlos Gustavo Arrieta dijo que “existe en países desarrollados, se ha implementado sobre un sistema de control mucho más complejo que el que tenemos, en donde hay una certeza que se va a poder cumplir la salida de la persona, el regreso, se mantiene el control de dónde está, y en esos países ha funcionado”
Agregó que “como esquema cuando está terminando la pena puede ser admisible, pero la verdad, controlar eso es muy difícil”.
Por ello consideró que esta propuesta “hay que trabajarla muchísimo más para saber el impacto que puede tener, considerando las circunstancias, el tipo de delito, la persona y lo avanzado que pueda estar la pena".
También presentó su opinión sobre el particular el juez Rafael Antonio Matos Rodelo, presidente de la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales.
“Eso está en el Código Penitenciario, o sea a veces se lanzan por el Ejecutivo algunas figuras y no sé por qué la prensa interpreta que eso es nuevo, que eso es un cambio. Cuando salió lo de justicia restaurativa, eso lleva 20 años”, explicó.
Agregó Matos que “siempre han existido mecanismos sustitutivos de la prisión, siempre ha existido la posibilidad de que condenados puedan en algunas ocasiones tener un tipo de libertad vigilada”.
Consideró que “lo que puede ser nuevo es el desarrollo de esas medidas que están en el Código Penitenciario. Me refiero al desarrollo que querría de pronto el Gobierno para combatir la crisis carcelaria con alternativas diferentes a la reclusión intramural, para resolver de alguna manera el problema carcelario y, de otra manera, el problema social que implica tener una persona privada de la libertad”.
Mientras que el exministro de Justicia y ex fiscal general de la Nación Alfonso Gómez Méndez dijo que “en el pasado también se han hecho propuestas de esta naturaleza sobre la base de que en verdad el país tiene que entender, uno, que el Código Penal no es la solución para todas las tensiones sociales; dos, que el sistema carcelario en Colombia no rehabilita a nadie y que muchas veces entran a la cárcel y allí es donde hacen los contactos. La prueba está en que todavía siguen extorsionando desde las cárceles, hay muchos secuestros desde las cárceles”.
Agregó Gómez Méndez: “Lo que hay que mirar son los detalles. Si hemos tenido dificultades para aplicar la detención domiciliaria, porque en muchos casos se ha encontrado personas que cometen crímenes estando en detención domiciliaria, porque el Estado no ha podido controlarlos, ¿será posible hacerlo con personas que trabajan?”.
En ese sentido dijo Gómez Méndez que en el desarrollo de la medida hay que mirar aspectos como dónde trabaja la persona y cómo trabaja. Acotó además que no es fácil que el Estado les pueda conseguir trabajo a los internos que se beneficiarían.
Concluyó el exministro de Justicia que “la medida está bien en términos generales, hay que esperar que se presente el proyecto para mirar cómo es que se va a implementar”, y teniendo en cuenta siempre, acotó, “la sabia advertencia del maestro Darío Echandía de que no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca”.
Mientras tanto, el exvicefiscal Guillermo Mendoza Diago explicó que “las figuras esas de derecho penal existen ya, porque después de que se hayan cumplido las tres quintas partes de la pena hay la posibilidad de tener libertad condicional”
Agregó que por otra parte el Código Penitenciario contempla algunos beneficios en ese sentido, es decir, “al permitir que las personas puedan salir por tiempos limitados, pero eso sí, cumpliendo la pena”, explicó.
Sostuvo Mendoza que “entiendo que lo que se está proponiendo es hacer más amplios esos beneficios. Tal vez la posibilidad de que pueda trabajar no es mala idea, todo lo contrario, puede ser una forma de propender por la resocialización, porque de paso la propia ley pone de presente que la pena tiene finalidades de diferente naturaleza: es retributiva, preventiva, protectora, resocializadora”.
Entonces, acotó, si esas son las finalidades de la pena, “todo lo que de alguna manera pretenda cumplir lo de la resocialización es bienvenido”.
No obstante, el exvicefiscal puso en el foco que “lo que sí hay que mirar es que no sea eso tan flexible de manera que queden en libertad delincuentes avezados que, como ya sabemos, lo que hacen es dedicarse al delito, aun gozando de algunos beneficios como por ejemplo la detención domiciliaria”.
Qué piensan los guardianes
El presidente Nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo, dijo que “dentro de la reforma al Código en su estructura tiene muchas cosas buenas, empezando porque va a ampliar el espectro de resocialización de las personas privadas de la libertad”.
Añadió que en Colombia las cárceles no resocializan “y los privados de la libertad no tienen ningún beneficio por su buena conducta y por su buen trabajo. Entonces, estas medidas que presenta el ministro no son nuevas, lo que pasa es que no han estado interesados en implementarlas”.
Frente a las voces que consideran que esta medida incrementaría la inseguridad urbana, Robayo respondió que “mientras las ciudades del país no tengan un sistema de educación, la delincuencialidad va a crecer. Nosotros creemos y apostamos más a la educación y a la oportunidad de los jóvenes, porque la población reclusa en Colombia está entre 18 y 25 años, y la mayoría está por hurto”.
Dijo el presidente de la UTP que le cuesta más al Estado una persona privada de la libertad que una que estudie, pues reveló que el gasto promedio anual por recluso es de $28 millones.
“Vemos que la cárcel debe ser el último lugar a donde debe llegar el infractor penal por delitos leves”, concluyó.