Entidad anunció su apoyo al Ministerio de Justicia “para que expida con prontitud el decreto que permita detenciones domiciliarias con mayor favorabilidad que en el código procesal vigente”

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La necesidad de trasladar algunos reclusos para que transitoriamente paguen las codenas en sus domicilios fue uno de los aspectos analizados por Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, respecto del trabajo desempeñado por la entidad durante la emergencia desatada por la pandemia del coronavirus.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué alarmas ha recibido la Defensoría del Pueblo en materia de Covid-19?

MATEO GÓMEZ: Nuestras alarmas son las de todo el Estado colombiano: enfrentamos un riesgo sanitario de dimensiones globales que se está llevando muchas vidas por delante y que transformará nuestra forma de relacionarnos. Esta, es una situación calamitosa para la que no estaba preparado ningún gobierno de mundo.

ENS: En cuanto a las cárceles y el alto peligro de contagio, ¿qué está haciendo la Defensoría?

MG: Nos encontramos en constante monitoreo. Cuando corresponde, haciendo visitas de verificación y aportando a la solución que debemos darle como Estado. Hay un diálogo constante con Ministerio de Justicia y lo que le hemos pedido es que cuanto antes emita el decreto que va a tomar decisiones en materia de excarcelaciones.

ENS: Hay mucha preocupación sobre las poblaciones más vulnerables como indígenas y negritudes. ¿Cómo ve la Defensoría la situación de estas poblaciones?

MG: Tenemos esa preocupación, que es la preocupación de todo el Estado.

Nuestras poblaciones indígenas y étnicas regularmente se encuentran en territorios de difícil acceso, donde las capacidades del sistema de salud y sobre todo para el tratamiento del Covid-19 son muy limitadas.

Claro, ellos desde su cosmovisión tienen la sabiduría y los conocimientos ancestrales para atenderla, sin embargo, los casos graves podrían ser fatales.

De ahí que los territorios estén preparándose para ello y ahí la tarea de los gobiernos departamentales y municipales es fundamental.

ENS: Siendo la violación al derecho a la salud uno de los temas más denunciados por la ciudadanía ante la Defensoría, ¿qué anomalías están advirtiendo más en estos momentos los quejosos?

MG: En este momento tenemos una preocupación especial sobre la bioseguridad del personal sanitario.

Desde la primera semana de reportes de casos en Colombia le exigimos a las ARL proveer y asegurar a los trabajadores del sector salud (y en general a quienes desempeñan sus funciones en medio de la emergencia sanitaria) los elementos básicos de bioseguridad. El Gobierno está trabajando desde este fin de semana en esa línea y lo reconocemos.

ENS: A la par de la emergencia sanitaria también aumentan los crímenes contra líderes sociales y desmovilizados. ¿Qué está viendo la Defensoría en este tema tan complicado?

MG: Desde la Defensoría del Pueblo no podemos hablar de un incremento de homicidios contra líderes sociales. Realmente estamos en un escenario de persistente violencia contra este sector poblacional desde 2016, que fue el año donde iniciamos el monitoreo riguroso desde la Defensoría. Desde entonces, la tendencia se ha mantenido.

En cuanto a los homicidios contra personas en proceso de reincorporación, igualmente, es una situación muy grave en el contexto de implementación de la paz que reprochamos y denunciamos junto a todos los organismos internacionales y del Estado con los que venimos haciendo seguimiento.

ENS: Los habitantes de calle están muy expuestos a contagiarse. ¿Cómo movilizar al Estado para protegerlos?

MG: La respuesta del Gobierno nacional y los gobiernos municipales, especialmente de las grandes ciudades capitales, parecen estar en la línea correcta: garantizar que tengan un techo y comida para pasar esta situación calamitosa. El desafío desde el punto de vista social y de las finanzas públicas, no es menor.

ENS: ¿Tienen quejas en torno a la protección de los migrantes venezolanos?

MG: Por supuesto, este es un momento donde la movilidad humana empieza a atravesar diferentes obstáculos. Todos estamos viendo cómo el flujo está teniendo una nueva dinámica incluso desde Ecuador, donde algunos migrantes venezolanos están retornando a su país. Lo que estamos buscando es que si esa es su decisión, esta sea en condiciones de seguridad y dignidad.

Paso para superar el hacinamiento

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo anunció su apoyo al Ministerio de Justicia “para que expida con prontitud el decreto que permita detenciones domiciliarias con mayor favorabilidad que en el código procesal vigente, con mayor cobertura, sin criterios reduccionistas estrangulantes, para salvar la vida de miles de privados de libertad y de los guardianes servidores públicos de los establecimientos penitenciarios”.

“En el marco de la emergencia nacional derivada del Covid-19, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento a la situación de las personas privadas de la libertad al interior de los distintos centros de reclusión del país”, sostuvo el organismo, que en el comunicado señaló que, “en ese sentido, el pasado 23 de marzo la entidad convocó al Gobierno nacional para que la emergencia carcelaria sea el inicio para superar el estado de cosas inconstitucionales al interior de los establecimientos penitenciarios y así como apoyó las medidas excepcionales de política criminal, consideró que no son suficientes y deben aprovecharse con visión, no de transitoriedad, sino de permanencia”.

Recordó la Defensoría que, “Además (…) se pidió que las medidas tengan en cuenta a quienes están detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las estaciones de Policía donde el estado de cosas inconstitucionales es peor que en los establecimientos carcelarios”.

“El hecho más reciente atendido por la Defensoría del Pueblo ocurrió en Villavicencio, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPC) de ese municipio, en donde se reportaron tres (3) personas contagiadas por el Covid-19, entre ellas dos (2) fallecidas”, anotó la Defensoría en su comunicado.