A través de un comunicado, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, apoderados del exsenador Álvaro Uribe Vélez, informaron este jueves que presentarán un recurso de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia, después de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela que interpuso la defensa del exmandatario argumentando que se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, tras determinar que él ya pasó por una imputación de cargos.
“Se interpondrá impugnación con la que se buscará que la Honorable Corte Suprema de Justicia revise el conflicto procedimental, con el que, indudablemente, se han lesionado los derechos fundamentales del ciudadano”, indicaron los abogados en el comunicado.
Como se recordará, la Corte Suprema abrió una investigación al expresidente y exsenador Uribe porque supuestamente participó en la manipulación de testigos para desestimar una demanda que le impetró el senador Iván Cepeda Castro.
No obstante, Uribe renunció el año pasado al Senado con lo cual la Corte Suprema perdió la competencia y el caso pasó a la Fiscalía. El juez que conoció el expediente determinó que la indagatoria que rindió el exsenador ante la Corte Suprema equivale a la imputación.
La defensa de Uribe no comparte esa determinación pues argumentan que el proceso en la Corte se adelantaba bajo la Ley 600 de 2000, pero ahora se lleva por la Ley 906 de 2004.
“A su vez, mediante sólidos argumentos constitucionales y legales, se espera restablecer las vulneraciones a un debido proceso y a un derecho de defensa, frente a la interpretación que aplicó un juez con relación a un conflicto entre dos legislaciones procesales distintas”, indicaron Granados y Lombana.
Añadieron los abogados que “los argumentos de rango constitucional de esta defensa, fueron compartidos por la Procuraduría General de la Nación y por el titular de la acción penal, la Fiscalía General de la Nación”.
Manifestaron también que estas acciones legales que están emprendiendo, como la tutela que busca que el expresidente Uribe no sea considerado como “imputado” por la justicia, hacen parte de los elementos esenciales de una democracia en la que se buscan garantías y seguridad jurídica.