A pocas horas de que se cumpla en la plenaria del Senado de la República el debate sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el presidente Iván Duque formuló un llamado al Congreso para que el análisis legislativo sea “patriótico, sin criterios donde la política esté por encima de la objetividad y el interés del pueblo colombiano”.

Desde Pereira, el Jefe de Estado explicó este fin de semana la importancia de aprobar las objeciones, en particular aquella que se relaciona con la declaración de terceros, pues dijo que se trata de un “King Kong” para evitar la extradición.

“Lo que nosotros buscamos es que no entren más colados a los procesos de paz y que tengamos la capacidad de diferenciar quiénes son los que van a estar en un proceso de reincorporación y quiénes son los mafiosos que se quieren meter en el proceso de eludir a la justicia”, señaló.

En ese sentido, afirmó: “Tenemos que ser francos: a esa ley se le entró no un ‘mico’ sino ‘King Kong’, porque ahí quedó un artículo a través del cual los supuestos terceros que vayan a decir supuesta verdad eluden de manera permanente la extradición”.

Duque invitó a los congresistas “a que hagan esa reflexión porque nosotros no buscamos atentar contra la paz, pero lo que no queremos es que haya más impunidad y que se utilicen los procesos de paz para que los mafiosos busquen eludir la extradición y justicia de otros Estados”.

Justamente, en ese sentido fue la carta que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió el viernes pasado al presidente del Senado, Ernesto Macías, en la que le formula algunas consideraciones jurídicas sobre el tema.

En su misiva, el Fiscal se refiere a la objeción al artículo 153 de la JEP que se refiere a la Garantía de No Extradición para quienes ofrezcan verdad, y dice que “los beneficiarios inequívocos” de esta norma “son, por definición, delincuentes extraditables”.

Al respecto el Fiscal sostiene: “Esta disposición no solo afectaría los compromisos internacionales de Colombia en materia de acción de una política criminal de cooperación judicial que enfrente decididamente la criminalidad trasnacional, sino que -a su amparo- surgiría la posibilidad de que cualquier delincuente pueda reclamar la aplicación de la prerrogativa de no extradición, so pretexto de ofrecer su verdad”.

Frente al caso de los “colados” (artículo 63 de la JEP) a que se refirió el presidente Duque en Pereira, Martínez Neira también se refirió en su comunicación al senador Macías.

El Fiscal considera que debe ser el Alto Comisionado para la Paz la autoridad que impida la acreditación de delincuentes comunes en las listas de reinsertados, y no la Sala de Reconocimiento de la JEP.  

Tal oficina cuenta con la experiencia, las competencias y el acceso a la información necesarias para cumplir con esta responsabilidad, al punto que los últimos cuatro años dicha oficina ha excluido a 383 personas que fueron -según cifras oficiales- relacionadas en los listados presentados por las Farc que realmente no pertenecían a dicha organización subversiva.

Durante su intervención en Pereira, Duque aseguró que cuando el Gobierno formuló las seis objeciones al a ley estatutaria de la JEP, “lo hizo buscando que las víctimas y el pueblo colombiano tengan genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”.

La justicia ordinaria

De otro lado, Duque también abordó en su intervención el tema de la definición de la línea investigativa a cargo de la justicia ordinaria antes de que se abran las competencias de la justicia transicional.

“Eso es muy importante para que no haya vacíos y no se termine abriendo, por la puerta de atrás, el camino para que muchas personas caigan en la Corte Penal Internacional y, sobre todo, se ponga además en riesgo la verdadera credibilidad del aparato judicial colombiano”, dijo.

Para la Fiscalía en su carta al Presidente del Senado, la objeción del artículo. 79 Literal J es procedente porque el hecho de que ese organismo investigador no pueda ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales “implica de facto la suspensión de las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que adelanta la jurisdicción ordinaria”.

Martínez coincide con el presidente Duque en que de no aprobarse esa objeción “podría entrar a operar la Corte Penal Internacional (CPI)”.

Amigos de la paz

Según el Jefe de Estado, presentar objeciones a las competencias de la JEP no implica ser enemigos de la paz.

“No estábamos hablando de destruir todo el concepto normativo, pero sí de hacerle esas modificaciones para que los colombianos tengamos verdadera credibilidad de que se va a impartir justicia”, señaló el Primer Mandatario.

Y concluyó que “nunca hay derrotas cuando se obra con principios y a conciencia en la vida, porque, como Presidente, presentamos esas omisiones es para la deliberación del Congreso”.

Una sola sesión

El senador Macías informó que en la sesión de la plenaria de hoy se abordará el debate y votación sobre las objeciones como único tema hasta que se tome una decisión.

La plenaria comenzará a las 10 de la mañana y se prevé que solo hasta el final de la tarde se proceda a la votación.

Ya la plenaria de la Cámara decidió negar las seis objeciones, por lo que Macías radicó una tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura argumentando que la votación debió darse después de la decisión en Senado.

De cualquier forma, el debate está programado para hoy y se espera que cualquiera sea la decisión del Congreso el tema regrese a la Corte Constitucional para su revisión constitucional ante de ser enviado el texto a la Casa de Nariño para su sanción presidencial, si fuera el caso.