Mañana la Comisión Primera del Senado se dispone a votar el proyecto de acto legislativo, un nuevo intento del Congreso para modificar uno de los aspectos más importantes del Estado colombiano: la justicia

 

Esta vez el proyecto fue presentado por el Partido Cambio Radical y cuenta con la bendición del Gobierno, la iniciativa ya tuvo un primer debate en el que no se logró la aprobación del articulado.

La discusión, en el debate pasado, se quedó sin quorum decisorio luego de que el Centro Democrático se retirara del recinto. La manzana de la discordia fueron dos artículos que pretendían agregarse a la iniciativa.

Pese a que los partidos reconocieron que había un acuerdo político para la aprobación de la iniciativa, el partido de gobierno aseguró que los dos artículos que pretendían agregarse no estaban dentro de los acuerdos. Falta ver si en la nueva cita los parlamentarios logran destrabar el trámite de una reforma a la que se le está acabando el oxígeno.

La reforma

El articulado de 12 puntos busca, según el informe de ponencia, ajustar algunos de estos de la administración de justicia para “propender por la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la eficiencia a la justicia y la calidad de la misma”.

Pero no toca temas tan importantes como la reforma al sistema de gobierno de la Rama Judicial, el Tribunal de Aforados y la Administración de la Rama Judicial, que según la exposición de motivos “merecen una mayor reflexión antes de presentar un proyecto ante el Congreso”.

La reforma contiene varios puntos importantes para la administración de justicia entre los que están: ampliar el periodo de los magistrados a 12 años y aumentar la experiencia necesaria para llegar al cargo a 25 años.

Además, obliga a los jueces de la República a seguirse por las sentencias emitidas previamente por las altas cortes. Llama la atención que el proyecto amplía a dos años la inhabilidad de los exmagistrados para litigar, en nombre propio, ante la corte de la que hicieron parte. Igualmente, en ese periodo, no podrán aceptar cargos en el Ejecutivo.

El articulado también pretende dotar de ciertas facultades a los abogados, notarios  y centros de arbitraje y conciliación, esto para descongestionar la justicia. El articulado, además, elimina las facultades del Congreso de la República para juzgar a los aforados pero no propone una alternativa.

EL NUEVO SIGLO consultó varios exministros de Justicia y exmagistrados de la Corte Constitucional sobre la reforma que cursa en el Congreso.

 

Preguntas:

1. ¿Qué opina de que se aumente el periodo de magistrados a 12 años y que se suba la experiencia para aspirar al cargo a 25 años?

2. ¿Está de acuerdo con que se otorguen facultades jurisdiccionales a abogados, notarios, centros de arbitraje y centros de conciliación?

3. El proyecto no contempla al Consejo Superior de la Judicatura, ¿se debe dejar, se debe reformar o se debe eliminar?

4. Si le quitan las facultades de juzgamiento al Congreso, ¿quién juzgará a los aforados?

5. ¿Se debe reformar la tutela?

 

 

Alfonso Gómez, exfiscal general de la Nación

1. Me parece bien. Yo ya venía trabajando el tema desde que fui Ministro. Hasta el año 91 los magistrados no tenían periodo y eso más o menos funcionó. Garantizar la permanencia de los magistrados permite la independencia de los togados. Aumentarles el periodo está bien, siempre y cuando sea a futuro (como lo contempla el proyecto) y no pase lo que pasó con el exministro Esguerra que se generó un cruce de favores entre congresistas y magistrados en ejercicio.

2. Debe haber un desarrollo de las leyes que permitan esas facultades. En principio no es malo, hay funcionarios, como los que ejercen en las superintendencias, que ya tienen funciones judiciales. Lo importante es ver cómo y qué tipo de funciones van a ser asignadas.

3. Algo en lo que hay unanimidad es en cambiar el Consejo Superior de la Judicatura, esta es una de las fallas de la Constitución del 91. Hasta ahora es la corte que más críticas ha suscitado, la actual sala disciplinaria no ha sido posible de crear. Habría que buscar una fórmula para que podamos hacer un organismo que discipline la Rama Judicial.

4. Estoy de acuerdo con que se le quiten las funciones de juzgamiento al Congreso porque ese sistema ha demostrado su ineficacia; somos el único caso en la región que no ha juzgado expresidentes o altos funcionarios por el caso Odebrecht. Se puede crear un tribunal de aforados integrado por magistrados que hagan el juicio y autoricen el desafuero.

5. Hay que perderle el miedo a reformar la tutela, hay que enderezarla para que cumpla sus funciones, es decir, proteger los derechos fundamentales de los colombianos. Se ha usado para muchas cosas, acabamos de ver una para resolver conflictos políticos esto es un organismo preventivo y a hora es una instancia más de los procesos.

José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional

1. Las calidades de un magistrado no dependen de la edad ni del periodo, ni de la experiencia. Uno puede encontrar magistrados con mucha experiencia que no sean probos en su actuar. Aumentar el periodo es indiferente, el problema está en la formación jurídica que tenga el candidato a magistrado. Un magistrado excelente fue Ciro Angarita Barón que duró apenas un año en la Corte Constitucional y dejó una huella imperecedera. Además otros, como es mi caso y el de Eduardo Cifuentes, llegamos temprano a la Corte, nos posesionamos a los 37 años y algo hicimos.

2. Estoy de acuerdo dentro de los límites que señale la ley y siempre y cuanto no se invada la órbita de los tribunales extraordinarios, además que estos últimos vigilen la función. Hay que ser estrictos para que estos cambios no abran la puerta a la corrupción.

3. Habría que introducir algunas modificaciones al Consejo Superior de la Judicatura, la reforma del año 2015 introdujo cambios y la Corte Constitucional declaró varias inexequibilidades. Lo importante no son las reglas sino cómo se desempeñan los cargos públicos. Con las mismas reglas que hay ahora hicieron parte de ese tribunal grandes personas como: Gustavo Cuello Iriarte, José Alejandro Bonivento o Hernando Yepes Arcila. El problema no reside tanto en las normas sino en las personas.

4. Los aforados deberían ser juzgados por un tribunal independiente y por la Corte Suprema sin pasar por el Congreso. Hoy el problema con el Presidente, los magistrados y el Fiscal es que hay que pasar por el tamiz político antes de pasar por el aspecto jurídico.

5. La tutela no hay por qué tocarla, es una herramienta que ha traído grandes beneficios a los colombianos.

 

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia

1. Creo que cualquier esfuerzo que se haga desde el punto de vista institucional para que a nuestras cortes lleguen los mejor preparados es válido y el actual periodo de ocho años se queda corto. A la corte se debe llegar con más madurez y como punto de culminación de carrera, no como trampolín para seguir buscando otras actividades. Por eso yo vería con buenos ojos aumentar los periodos todo bajo la hipótesis que la reforma no debe cobijar a los actuales magistrados.

2. Ni riesgos. Estamos distorsionando la función jurisdiccional. La función debe ser de jueces y jueces que tengan el carácter de independientes. El país ha venido abusando de la norma constitucional que permite a la Rama Ejecutiva en forma temporal realizar funciones jurisdiccionales. Hoy hay unas superintendencias vestidas de toga y eso no está bien, ellas deben tener funciones de policía y aquí son jueces de circuito. Debemos fortalecer la independencia de la rama, pero no atomizar la función.

3. La función administrativa de la rama necesita un organismo independiente. Por alguna razón el actual Consejo Superior de la Judicatura, en su sala administrativa, ha perdido credibilidad frente a la sociedad. Lo que hay que hacer son unos ajustes para hacerlo más operante y hacer que sea el verdadero órgano de administración de la jurisdicción y no que busque su propia autonomía. No estoy de acuerdo con abolirlo pero sí restructurarlo para hacerlo más eficiente.

4. He sido partidario de suprimir el antejuicio político en el Congreso, eso debería ser único para el Presidente de la República. No hay razón para que los magistrados, el Fiscal, el Procurador o el Contralor tengan un antejuicio que demora el inicio de la real y verdadera investigación que se debe adelantar ante la Corte Suprema de Justicia. No soy partidario del tribunal de aforados eso es dilatorio e innecesario.

5. No, la tutela no debe reformarse, ella llegó para quedarse en el sistema jurídico. Lo que pasa es que los colombianos abusamos de la figura. Mientras en la mayoría de los países del mundo es excepcional, aquí lo volvimos un mecanismo generalizado porque muchas veces el Estado no cumple con sus deberes. Aquí vemos que hay centros de salud que exigen tutela para cumplir con su función. Debemos buscar mecanismos legales que reglamenten el ejercicio y eviten el abuso, pero de ninguna manera restringirse ni eliminarse.

Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional

1. Es interesante que los magistrados tuvieran permanencia mayor para que la jurisprudencia fuera estable, por eso en Estados Unidos el cargo es vitalicio. El problema es que cuando llegan magistrados tramposos van a tener más tiempo para hacer trapisondas, este asunto depende de las personas, todo es relativo, creo que un periodo de ocho años es suficiente. En esta reforma no se debe cometer la grosería de ofrecerles a los magistrados periodo de 12 años, como si fuera un regalo, los jueces no aceptan regalos.

2. Siempre y cuando tengan control jurisdiccional es posible. Los tribunales de arbitramento fueron retomando terreno, las salas de conciliación en las universidades, eso es bueno para solucionar los conflictos sin necesidad de judicializar. Pero sería bueno un control judicial posterior al que se pueda acudir a manera de control.

3. La sala jurisdiccional disciplinaria está abolida pero sigue funcionando y personas como Pedro Sanabria, que fueron elegidos para ocho años, siguen en los cargos luego de 11 en la silla, eso es vulgar. La sala administrativa se suprimió pero la corte declaró inexequible ese punto de la anterior reforma. Tiene que concebirse algo similar, una especie de gerencia de la rama donde la junta directiva sea integrada por los funcionarios judiciales, presidentes de las cortes y fuerzas internas. La junta directiva entraría a administrar porque habría una pluralidad de determinaciones. Lo ideal es una gerencia bajo la orientación de una junta directiva.

4. Se debe crear una comisión especial para juzgar a los aforados. Esa función ha sido mal desempeñada por el Congreso, salvo los casos de Pretelt y de Malo. Lo que se debe preservar es que si hay fuero, debe haber un órgano que desempeñe la administración de justicia, que debería ser judicial para que tenga credibilidad e independencia.

5. La tutela está bien, lo único negativo es que se ha venido abusando de ella, se tiene que limitar pero debe seguir siendo un mecanismo de protección de derechos fundamentales.