Si hay voluntad política, los primeros cuatro debates de esta reforma se tendrían que surtir como máximo al 20 de diciembre de 2019. En tanto que la segunda vuelta quedaría culminada el 20 de junio de ese año

________________

Las dieciséis curules para las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes que contempla el Acuerdo de Paz en los congresos 2018-2022 y 2022-2026 estarían listas para ser ocupadas, en el mejor de los casos, solo hasta marzo de 2020.

Así se colige porque el proyecto de reforma constitucional que fue radicado en abril pasado se hundirá en esta legislatura sin ser debatido, a pesar de que resultó del consenso de los diferentes partidos y que los mismos se comprometieron con esta población a sacarlo adelante.

Como consecuencia, las personas que finalmente sean elegidas para ocupar estas curules, se perderían en el próximo Parlamento la primera legislatura, que va del próximo 20 de julio al 20 de junio de 2019, y el primer periodo de la segunda legislatura, que va del 20 de julio de 2019 al 20 de diciembre de ese año.

Con estas curules las víctimas, como se dice popularmente, se quedaron viendo un ‘chispero’, debido a que es la segunda oportunidad que se hunde en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que les da vida.

En noviembre pasado el panorama era nublado para que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, lograra sacar adelante en la plenaria del Senado los actos legislativos de las dieciséis curules para las víctimas y la reforma política- electoral, las dos iniciativas que presentó el Ejecutivo para ser tramitadas por el mecanismo abreviado o fast track como parte de la implementación normativa del Acuerdo de Paz.   

Entonces Rivera en un intento desesperado para salvar la iniciativa de las curules de paz y que se pudieran elegir en los comicios parlamentarios  de marzo pasado, retiró la reforma política-electoral.

No obstante tras votarse la iniciativa de las curules en la plenaria del Senado, el secretario Gregorio Eljach anunció que se hundió con 50 votos a favor y siete en contra.

Por el contrario, el Gobierno dijo que el proyecto fue aprobado por considerar que alcanzó la mayoría requerida. En palabras del presidente Santos “la Corte Constitucional dijo que las reformas constitucionales se pasan por mayoría, no por la mitad más uno. La mayoría es 99. Hay tres senadores en la cárcel y está expresamente dicho que cuando los senadores están en la cárcel se les aplica la silla vacía. O sea que el número de senadores pasa de 102 a 99. Fueron 50 votos y 50 hacen mayoría de 99. Esa es la realidad. Las cuentas aritméticas son impecables, entonces esa reforma fue aprobada”.

Por ello el Gobierno presentó varias acciones, entre ellas una de cumplimiento, a la que le hizo eco el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al presidente del Senado remitir el proyecto de acto legislativo que creaba las dieciséis curules para su promulgación.

Sin embargo en febrero pasado, el Consejo de Estado revocó este fallo rechazando las pretensiones de la acción de cumplimiento interpuesta por el ministro del Interior, luego de concluir que el requisito de procedibilidad de la acción no fue debidamente agotado por el funcionario previamente a la presentación de la demanda, como lo exige la Ley 393 de 1997, pues no reclamó al presidente del Senado de la República el cumplimiento del artículo 196 de la Ley 5ª de 1992 que sustentaba la pretensión de promulgación de la iniciativa de reforma constitucional.

Como consecuencia al Gobierno solo le quedó un tiro en su cartuchera con la intención de dar vida a estas curules y honrar de esta forma lo que siempre ha pregonado: que las víctimas son el centro del Acuerdo de Paz. Y era una demanda de nulidad que también ante el Consejo de Estado radicó el pasado 19 de diciembre el ministro Rivera contra el pronunciamiento del secretario Eljach y del presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que declaró que no había sido aprobada la reforma de las circunscripciones para las víctimas.

No obstante el pasado 6 de abril, del ministro Rivera radicó ante el Consejo de Estado una solicitud retirando la demanda interpuesta en contra de la decisión del Congreso, para lo que argumentó que "teniendo en cuenta que el próximo 9 de abril en el acto de conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas se radicará el proyecto de acto legislativo por medio del cual se crean dieciséis circunscripciones territoriales, transitorias y especiales para víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes en el segundo periodo legislativo 2018 hasta 2022 y el periodo legislativo 2022 - 2026, retiro la demanda de referencia".

Efectivamente el pasado 9 de abril con el apoyo de diez, de los once senadores de los partidos Liberal, Conservador, Opción Ciudadana, Cambio Radical, La U y Alianza Verde (la excepción fue el partido Centro Democrático) fue radicado el proyecto de acto legislativo a través del cual se crean dieciséis circunscripciones territoriales, transitorias y especiales para víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes.

Empero, como se dijo, no pasó nada con este proyecto, que se hundirá porque por ser una reforma constitucional requiere que al 20 de este mes haya sido aprobado en cuatro de ocho debates, pero a la fecha no ha logrado el primero. Por ello, el pasado miércoles el senador ponente Roy Barreras (La U) solicitó su archivo.

Tiempos de otra iniciativa

El proyecto de acto legislativo por medio del cual se crean dieciséis circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara sigue siendo una prioridad para el Congreso, indicó la semana pasado el presidente Cepeda.

En ese sentido el nuevo proyecto tendrá que ser consensuado en el entrante Congreso y si hay de por medio voluntad política, intentar darle los primeros cuatro debates en el primer periodo que va hasta el 20 de diciembre de este año.

Luego si se mantiene el consenso en torno a la iniciativa, darle los otros cuatro debates entre marzo y junio de 2019.

En ese momento la iniciativa ya aprobada sería despachada a la Corte para el respectivo control de constitucionalidad, en donde al menos demoraría tres meses en tener un fallo, que de ser de exequible pasará para sanción presidencial. En ese momento ya sería septiembre de 2019.

Luego se convocaría a comicios en las respectivas circunscripciones para la elección de las dieciséis curules, para lo cual la Registraduría requiere al menos tres meses para organizar la jornada. Es decir, que esas votaciones con suerte se harían aproximadamente en diciembre de 2019.

Mientras se realizan los escrutinios y el Consejo Electoral entrega las credenciales a los dieciséis nuevos parlamentarios, ya sería enero o febrero de 2020. Como consecuencia comenzarían a sesionar solo hasta el 16 de marzo de 2020.

Este escenario solo lo cambiaría que eventualmente el Consejo de Estado falle a favor la demanda que presentó el Gobierno, y ordene al presidente del Senado enviar el proyecto para sanción presidencial.