A menos de once meses de las elecciones parlamentarias y las consultas interpartidistas para escoger candidatos presidenciales de las coaliciones, hay cuatro intentos de convocatoria de referendos que buscan abrirse paso en medio de la campaña.
Con los protocolos de bioseguridad reportados a la Registraduría hace poco más de 10 días por el Ministerio de Salud, se dio el banderazo para que los distintos procesos de participación ciudadana puedan empezar a recoger firmas. Aunque el foco estaba puesto en las decenas de solicitudes sobre revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores, que por cuestiones sanitarias no habían comenzado la etapa de recolección de firmas, el visto bueno de las autoridades también beneficia a varios sectores políticos que vienen arrancando los procesos para impulsar cuatro propuestas de referendo.
Por supuesto, sobre estos referendos caben consideraciones parecidas a las que se han ventilado sobre las revocatorias de los mandatos a alcaldes y gobernadores. No desde pocos sectores se ha advertido que al coincidir con las campañas presidencial y parlamentaria serían aprovechados para impulsar ambos frentes, aunque también se corre el peligro de estorbarse mutuamente.
Por otra parte, acorde con los protocolos del Ministerio de Salud, la continuación de proceso de recolección de firmas dependerá de la manera en que Colombia vaya superando el tercer pico de la pandemia del covid-19.
Como se sabe, el referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994.
Hay referendos aprobatorios y derogatorios. Los que están propuestos en estos momentos pertenecen a la primera categoría, porque someten a consideración del pueblo la decisión sobre temas que no han sido adoptados por el Congreso.
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La propuesta uribista
En las últimas semanas, en medio de la discusión por las medidas que puede tomar el Gobierno para financiar el gasto social que ha demandado (y seguirá haciéndolo) la atención de las consecuencias económicas de la pandemia, el expresidente Álvaro Uribe insistió en el referendo que viene planteando desde el año pasado, que tiene como principal gancho la reducción del Congreso y un apretón al gasto público.
“Comprendemos la necesidad de frenar gastos de nómina directa y de personas contratistas del Estado, de eliminar cargos y entidades innecesarias, y de fusionar muchas. Gastemos menos en el Estado burocrático para avanzar en el Estado social”, ha indicado Uribe, anotando que “una política de austeridad debe incluir ejemplos como la disminución del salario del Congreso y la reducción de curules”.
En octubre, Uribe dio las primeras puntadas a su propuesta de referendo, cuando emitió su declaración política, luego de que le levantaran la medida de aseguramiento domiciliaria, que lo afectó durante dos meses. Ya en noviembre divulgó el primer borrador, con 13 puntos, que han sido objeto de trabajo con las bases uribistas con miras a presentarle a la ciudadanía un cuestionario claro.
Además del tema de la austeridad, a través de la reducción del tamaño del Estado, el referendo está enfocado en reformar la justicia, que incluye propuestas como la creación de una o dos altas cortes en el país, resaltando que los magistrados serían mayores de 55 años y tendrían que cumplir 12 años en el cargo tras ser elegido por parte del Senado.
Acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el expresidente Uribe ha propuesto buscar la manera de derogarla o reformarla, para que sus decisiones pasen a la justicia ordinaria.
Adicionalmente, planteó que los responsables de delitos de lesa humanidad no puedan ocupar curules en el Congreso ni otro cargo de elección popular en el país.
Campesino, la idea verde
El 23 de noviembre el senador Jorge Londoño, de la Alianza Verde, radicó en la Registraduría una propuesta de referendo “campesino” que pretende dignificar la condición de los trabajadores y habitantes del campo.
La pregunta fundamental para la ciudadanía es “si está de acuerdo con que el campesinado sea reconocido como sujetos de protección constitucional”. Dicha protección les significará tener insumos mucho más económicos, acceso a las semillas nativas, un ingreso básico y una educación con enfoque campesino, entre otras cosas.
El trámite inicial consistió en la inscripción del comité promotor, la exposición de motivos y las ocho preguntas que modificarían siete artículos de la Constitución y crearían uno nuevo en beneficio del campesinado colombiano.
Detrás del impulso a este referendo, además del senador Londoño y otros precandidatos presidenciales de los verdes, está la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), empezando por su presidente Luis Alejandro Jiménez y sus líderes regionales, Julialba Ángel, exdecana de Ciencias Agrarias y vicerrectora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y Juan Felipe García, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana.
La apuesta cristiana
Hace un par de semanas, el partido Colombia Justa Libres anunció que las organizaciones políticas cristianas, católicas y laicas que agrupa esa colectividad, conformaron un comité nacional para recolectar las firmas necesarias para concretar un referendo que establezca la obligación de los gobernadores de los 32 departamentos de tomar decisiones administrativas respetando el concepto de familia.
“Vamos a hacer uso de un mecanismo que nos da la Constitución y la ley, como es la participación ciudadana. Nos estamos uniendo e invitando a todos los colombianos para que exijamos a todo pulmón que primero la familia”, explicó el excongresista Ricardo Arias, directivo de Colombia Justa Libres.
Hasta revocatoria presidencial
Por último, desde octubre está funcionando el comité promotor del referendo que propone la revocatoria del mandato presidencial, propuesta impulsada por el senador Roy Barreras, ex de La U y ahora en las toldas de Gustavo Petro.
En cinco preguntas, además de la revocatoria, el referendo habla de la renta básica universal, la matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas, el mínimo vital pensional para todos los colombianos y la implementación del acuerdo de paz por un periodo presidencial más.
Firmas y votos
El referendo constitucional debe tener un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral, que actualmente es de 38.541.806, por lo que el número mínimo de firmas que debe certificar la Registraduría para validar la convocatoria al referendo es de 1.927.091.
En la tarjeta electoral que deberá diseñar la Registraduría deberá contener con claridad la información necesaria para que los ciudadanos manifiesten libremente su opinión.
La Corte Constitucional deberá revisar previamente la constitucionalidad del texto sometido a referendo.
La votación no podrá coincidir con ningún acto electoral ni puede acumularse la votación de más de tres referendos para la misma fecha.
El referendo será aprobado si la opción del sí obtiene la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando en la votación participe al menos la cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral. Es decir, que si se sufragara hoy por cualquiera de los referendos tendrían que acudir a las urnas mínimo 9.635.452 ciudadanos.