Con la cuenta regresiva para que el presidente Iván Duque sancione u objete la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Fiscalía General de la Nación le pidió al Primer Mandatario no sancionar ese instrumento jurídico.
En carta al Jefe de Estado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez formula serios reparos a cuatro puntos que considera “fundamentales”.
El Fiscal sostiene que el texto que le fue enviado al Presidente para sanción “lamentablemente modifica el consenso al que se llegó en el Congreso y puede tener graves impactos en la política criminal del Estado”, a pesar de la revisión jurídica que hizo la Corte Constitucional a través de la sentencia C-080 de 2018.
Los cuatro reparos de Martínez Neira son los siguientes.
1- Fiscalía no podría investigar a reinsertados reincidentes en delitos de narcotráfico
Según el ente acusador, la JEP solo es competente para conocer de delitos cometidos antes de 1 de diciembre de 2016, y los posteriores a esa fecha pasarán a la justicia ordinaria.
Para el fiscal Martínez, “no se trata de un prurito de poder jurisdiccional sino parta que todo aquel que continuara en el narcotráfico después de la reincorporación quedara privado de los beneficios punitivos, penitenciarios y de garantía de no extradición” propios de la Justicia Transicional.
“La entrada en vigencia de la ley estatutaria en los términos señalados, lleva implícito un incentivo perverso para que los desmovilizados vinculados al narcotráfico continúen en esta actividad, en momentos en que la política antidrogas implica reclama un tratamiento totalmente diferente”, dice la misiva, y reclama una nueva reglamentación legal del tema.
2- Reincidir en secuestro, narcotráfico y homicidio no implica perder todos los beneficios
Según la Fiscalía, la exclusión de estos delitos de la Justicia Transicional “se produce únicamente por rebelión o por entrar a formar parte de grupos o delictivos organizados”.
Para el Fiscal, de entrar a regir la norma como está “convivirán beneficios de la JEP con la reincidencia en delitos tales como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico o el homicidio doloso.
La Fiscalía dice que después de la reincorporación lleva 361 investigaciones, 31 por tráfico de estupefacientes y armas, 24 homicidios, 10 casos delitos sexuales y 10 casos de secuestro.
3- Suspensión de investigaciones de delitos relacionados con el conflicto
Para la Fiscalía esto “constituye un incentivo a la impunidad en la medida en que se paraliza la acción de la justicia sin suspender las prescripciones de ley y abriendo una puerta para que se diluya el acopio de pruebas esenciales para las investigaciones”.
En ese sentido, el Fiscal recuerda que la ONG Humman Right Watch y la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional se han opuesto a la aprobación de esta norma.
4- Impunidad para autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables
Dice la Fiscalía que la Corte aprobó esta norma de forma condicionada lo que implicaría que “en Colombia podría eximirse de toda responsabilidad penal a los autores de estos delitos, cuando no sean considerados máximos responsables”.
También se cita a la CPI cuando advierte que “es obligación de cada Estado ejercer su jurisdicción penal sobre aquellos responsables de crímenes internacionales, y dichos crímenes no deben quedar sin castigo y que se deba garantizar su eficaz enjuiciamiento tomando las medidas a nivel interno”.
La carta del Fiscal General de la Nación concluye que la firma de la Ley Estatutaria de la JEP “es inconveniente” porque las preocupaciones que expresa al Presidente de la República “han dejado de formar parte del texto que ha sido sometido a sanción presidencial”.
#ATENCIÓN Pronunciamiento del Fiscal General sobre #LeyEstatutariaJEP https://t.co/id9ocljTqE
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 18 de febrero de 2019
Contenido relacionado: Organizaciones piden a Duque que firme la ley estatutaria de la JEP.
Esta es la carta completa:
JEP pide que se firme Ley Estatutaria
En respuesta a la carta del Fiscal General al presidente Duque, la JEP expidió un comunicado en el que le pide al Jefe de Estado que firme la Ley Estatutaria que la reglamenta.
“Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de derecho para los 9.691 ex miembros de las Farc, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública hasta ahora sometidos a la JEP, es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la Presidencia de la Jurisdicción al señor Presidente de la República el pasado 4 de febrero de 2019”, dice la JEP en su declaración.
La JEP, dice que la Corte Constitucional, “de manera inequívoca y perentoria” envió el proyecto de norma al Congreso para que se firme y se envíe a la Casa de Nariño para la sanción presidencial, y reitera que “seguirá actuando en el marco estricto de la Constitución, la ley y la jurisprudencia”.
?|| Comunicado de la @JEP_Colombia sobre las opiniones del Fiscal General de la Nación. pic.twitter.com/fAdWxIBX8R
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 18 de febrero de 2019
Duque no objetaría la JEP
A la par que se conocía el cruce de declaraciones entre la Fiscalía General y la Presidencia de la JEP, trascendió una opinión del presidente Iván Duque, que dio durante su visita a New York el pasado fin de semana.
Duque les dijo a los periodistas que a pesar de sus preocupaciones frente a la Ley Estatutaria de la JEP, no ha pensado en objetar la norma.
“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados ‘delitos del conflicto’ porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”, dijo el Presidente.
Asimismo señaló que está considerando la posibilidad de presentar una nueva legislación que garantice que este tipo de delitos contra menores de edad no queden impunes ni sean objeto de beneficios por la Justicia Transicional.
“Es preferible tener Ley Estatutaria de la JEP que no tenerla porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa. Tenemos que mirar en detalle cada uno de los artículos para obrar dentro de las competencias y en los tiempos que me otorga la ley y así tomar las mejores decisiones posibles”, sostuvo el Jefe de Estado.