No prosperó el tercer intento del presidente Duque por allanar un pacto interpartidista para ajustar la JEP y enfrentar otras crisis. La orden de libertad de ‘Santrich’ era la motivación perfecta, pero su recaptura le quitó todo el vapor a la propuesta

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Unas pocas horas le bastaron al país, esta semana, para evidenciar que la posibilidad de un acuerdo político multipartidista para ajustar el andamiaje jurídico del proceso de paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc es una empresa casi imposible.

Las esperanzas que se tenían de que tras la cumbre en la Casa de Nariño entre el presidente Iván Duque y las cabezas de las principales colectividades hubiera humo blanco para sentar las bases de una reforma a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), se desvanecieron a medida que los encuentros se fueron sucediendo y los voceros de las colectividades dieron a conocer sus respectivas conclusiones.

Del tono y contenido de esas declaraciones quedó en evidencia que los cónclaves palaciegos sirvieron más para ratificar las diferencias que para encontrar algunos puntos de coincidencia entre el Gobierno y los partidos que hacen parte de la coalición oficialista y de la franja de los independientes. A las facciones de la oposición ni se les invitó a la Casa de Nariño.

¿Qué pasó? ¿Por qué esas voces a favor que se escucharon cuando Duque convocó, a mediados de la semana pasada, a la construcción de un acuerdo político para reformar la JEP no se reflejaron en las reuniones de este lunes en la sede presidencial?

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La respuesta es una sola: cuando Duque, en la noche del miércoles de la semana pasada (15 de mayo), anunció que buscaría un acuerdo político tenía, como se dice popularmente, la ‘sartén por el mango’, ya que una gran parte del país se encontraba indignada por la decisión, horas antes, de la Sala de Revisión de la JEP de otorgarle la garantía de no extradición al excabecilla desmovilizado de las Farc, alias ‘Jesús Santrich’, e incluso ordenó su libertad inmediata.

Incluso cuando Duque habló ese día en horas de la noche, tenía otro as a su favor: la sorpresiva renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien dio un paso al costado afirmando que la decisión de la JEP sobre ‘Santrich’ violaba el ordenamiento jurídico y contrariaba de forma incomprensible tanto el expediente presentado por Estados Unidos para soportar la solicitud de extradición, como las pruebas allegadas por el ente acusador. Unas y otras –advirtió- permitían concluir inequívocamente que el excabecilla desmovilizado -preso desde abril de 2018- sí había delinquido después de la firma del Acuerdo de Paz (1 de diciembre de 2016) y, por lo tanto, debía perder todos los beneficios de la justicia transicional y su caso pasar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que esta evaluara si debía ser entregado a la justicia norteamericana, decisión que en última instancia era del Jefe de Estado.

Si bien los defensores de la JEP y del Acuerdo de Paz insistían en que había que respetar la negativa de esa extradición, era claro que el Presidente de la República tenía arsenal argumental suficiente para aprovechar ese pico de indignación pública como motor de presión para sentar las bases de un acuerdo político que, hasta el momento, le había sido imposible concretar debido a la polarización partidista al respecto.

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Cero e iban dos…

No hay que olvidar que recién posesionado Duque les propuso a todas las fuerzas del Congreso la firma de un “Pacto por Colombia”, a partir del cual el Gobierno y los partidos definieran una serie de reformas para atacar distintas problemáticas políticas, económicas, sociales e institucionales. Un acuerdo que debía ir más allá de la simple modificación del pacto con las Farc.

Sin embargo, como se recuerda, esa propuesta no tuvo mayor eco, en gran parte porque la decisión del Gobierno de cambiar el modo de relacionamiento con el Congreso, desterrando el “transaccionismo” político y la llamada “mermelada” burocrática y presupuestal, conllevó a que la coalición oficialista (Centro Democrático, conservadores, La U -aunque con sectores rebeldes- y los partidos cristianos) terminara siendo débil en Senado y Cámara, en tanto que los partidos independientes (Cambio Radical y liberales) y el bloque de la oposición (Alianza Verde, Polo, Farc, Decentes y otras minorías) fueron ganando posibilidad de bloquear la agenda parlamentaria clave del Ejecutivo.

Como ya lo conoce el país, en virtud de no tener las mayorías en ambas cámaras legislativas, aunado a un gabinete sin experticia en el ámbito parlamentario y débil en representación política, el Gobierno acumuló varias derrotas en el Parlamento, entre ellas el hundimiento de un primer intento de reforma a la JEP y de la reforma a la justicia, así como un drástico recorte a la expectativa de recaudo de la Ley de Financiamiento o de reforma tributaria, a finales del año pasado.

Vendría, luego, un segundo intento por allanar un acuerdo político. Tras un repunte en las encuestas en enero, cuando rompió el proceso de negociación con el Eln debido al atentado terrorista en Bogotá, Duque decidió, en la segunda semana de febrero, presentar seis objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Aunque desde el comienzo la Casa de Nariño defendió la necesidad de dichos ajustes a la justicia transicional, con el pasar de las semanas fue evidente que las posturas estaban muy divididas en el Congreso. De allí que, entonces, el Gobierno, por intermedio del Centro Democrático, planteó la posibilidad de, al menos, aprobar dos de los reparos, precisamente los referidos a no afectar la extradición y la medida para evitar trabas en el juzgamiento a los reincidentes en el delito.

Sin embargo, de nuevo los intentos del Gobierno por allanar ese acuerdo político se estrellaron con un ambiente caldeado en el Congreso, que llevó a que solo uribistas, conservadores y colectividades cristianas apoyaran las objeciones, en tanto La U, Cambio Radical, liberales y la oposición hicieron bloque para hundirlas en la Cámara, en tanto que en el Senado no hubo decisión al respecto. Así las cosas, el expediente de estas volvió a la Corte Constitucional que deberá pronunciarse al respecto.

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La tercera tampoco

Así las cosas, la decisión de la JEP sobre bloquear la extradición de ‘Santrich’ y ordenar su libertad -con el ‘bono extra’ de las implicaciones de la renuncia del fiscal Martínez y un día después de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero-, le daba a Duque lo que no había tenido en las dos ocasiones anteriores cuando propuso un acuerdo político: eco mayoritario en la opinión pública y presión efectiva sobre los partidos renuentes a pactar con el Gobierno a menos que hubiera de por medio un ofrecimiento para tener representación política, burocrática y ministerial.

Sin embargo, lo que el miércoles de la semana pasada era una ventaja evidente para el Gobierno, se terminó neutralizando dos días después (el viernes), cuando la Fiscalía (ya sin Martínez) logró recapturar, en la propia puerta de la cárcel de La Picota, en Bogotá, a ‘Santrich’, quien apenas duró unos segundos en libertad en virtud de la orden de la JEP.

La detención del excabecilla desmovilizado bajo la sindicación de los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, derivado de nuevas pruebas que no estaban en el expediente de solicitud de extradición, le sirvió a los defensores del Acuerdo de Paz para replicar las tesis gubernamentales en torno a que la JEP estaba anulando o amarrando a la justicia ordinaria, sobre todo a la Fiscalía.

Incluso, el efecto de la renuncia del propio Martínez quedó a medias, ya que su sucesor en calidad de encargado, Fabio Espitia, avanzó a contrarreloj para instruir una nueva causa penal contra el excabecilla, acudiendo para ello a nuevas declaraciones del testigo de la justicia norteamericana, Marlos Marín (sobrino de ‘Iván Márquez’), cuyas confesiones eran el soporte de la petición de extradición.

Las imágenes de ‘Santrich’ siendo reingresado a la cárcel, montado en un helicóptero y sometido a un juez de garantías que avaló la legalidad de su recaptura por estos delitos, aquietaron el clima de indignación nacional y, por el contrario, le sirvieron a muchos sectores para explicar que era lo mejor que pudo haber pasado, puesto que en la justicia ordinaria había menos riesgo de impunidad que en órbita de la JEP.

De esta forma, lo que el miércoles en la noche de la semana pasada era la principal herramienta para que Duque pudiera impulsar el acuerdo político con el fin de ajustar el proceso de paz, ya en la noche del sábado, amanecer domingo pasados, no existía, porque ‘Santrich’ estaba en la cárcel de nuevo.

Además de ello, el procurador Fernando Carrillo reiteraba que esta semana el Ministerio Público presentaría un recurso de apelación ante la JEP para reversar la decisión de la Sala de Revisión (lo que finalmente hizo este viernes).

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Entonces…

Llegó el lunes y uno a uno los presidentes y voceros de los principales partidos oficialistas e independientes desfilaron por la Casa de Nariño para reunirse con Duque y analizar la viabilidad de un acuerdo político para ajustar el proceso de paz.

Sin embargo, al final fueron más los peros que los consensos. Todos hablaron de la necesidad del acuerdo y de reducir la polarización, pero lo cierto es que quedaron patentes las mismas diferencias que había antes del caso ‘Santrich’ y calcado el escenario que primó en el Congreso durante el accidentado caso de las objeciones.

El senador y expresidente Álvaro Uribe estuvo en Palacio con el presidente del Senado, Ernesto Macías y representantes de MIRA y Colombia Justa Libres. A la salida indicó que el Centro Democrático era partidario de ajustes a la JEP para aplazar la participación política de los cabecillas desmovilizados culpables de delitos atroces hasta cuando cumplieran algún tipo de pena. También se mostró partidario de blindar la extradición de los reincidentes, desligar el narcotráfico del delito político y un juzgamiento diferencial a los integrantes de la Fuerza Pública.

Los conservadores, a su turno, reiteraron el apoyo al Gobierno e insistieron en la defensa de la institucionalidad, reiterando que dentro de la misma había mecanismos para aplicar al caso ‘Santrich’ y otros similares, sin necesidad de acudir a propuestas de constituyente o la declaratoria de la conmoción interior.

Pero los liberales fueron más drásticos. El expresidente César Gaviria indicó que su partido no haría nada que afectara el Acuerdo de Paz firmado con las Farc e incluso se quejó de que los partidos de oposición no hubieran sido convocados a la Casa de Nariño para avanzar hacia un acuerdo político de alto calado. Es más, supeditó cualquier reforma a lo que decida la Corte Constitucional cuando revise el expediente de las objeciones y su trámite en el Congreso.

No menos enfático fue el exministro Aurelio Iragorri, presidente de La U, quien le reprochó a Duque también el tema de las objeciones y le criticó que la oposición no fuera invitada a la construcción del pacto. Defendió, de paso, la necesidad de que se respeten los acuerdos de paz para no crear una inestabilidad jurídica y polarizar más al país.

Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, también asistió a Palacio y lo único que dijo fue que la reunión con Duque fue “útil y constructiva”. Nada más.

La oposición, como era de esperarse, se quejó de que el Gobierno no los hubiera invitado y dijo que Duque quería hacer un acuerdo “frentenacionalista” excluyente y sectario. Hasta el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, le envió una carta al Jefe de Estado pidiéndole que se atreviera a impulsar un pacto nacional real, con todas las fuerzas y sin dogmatismos.

El partido Farc, por su parte, no solo se unió a la queja de la oposición, sino que advirtió que constitucionalmente no se podía reversar el Acuerdo de Paz y que, además, cualquier reforma al mismo debía contar con la participación de la contraparte, es decir la exguerrilla.

Como se ve, este tercer intento del presidente Duque por allanar un acuerdo político para ajustar el Acuerdo de Paz se estrelló de nuevo contra un escenario político polarizado, e incluso más radicalizado dado lo que está en juego en el pulso que se avecina por el poder regional y local en las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en octubre.

La esperanza que había puesto la Casa de Nariño en que la indignación por la no extradición y libertad de ‘Santrich’ fuera el motor del acuerdo político que necesita el país para enfrentar múltiples crisis (no solo por la JEP sino por el hundimiento de las reformas política y judicial, entre otras), se difuminó cuando fue recapturado en la puerta de la cárcel.

El tema es claro: la tarde del viernes de la semana pasada la posibilidad del acuerdo quedó sin piso y los encuentros del pasado lunes de Duque con los partidos de su coalición y los independientes solo fueron la protocolización de esa circunstancia.

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