El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alejandro Linares, explicó los alcances de la sentencia que dejó viva la inhabilidad para aspirar a cargos públicos cuando existan deudas por sanciones de tipo fiscal. Recalcó que el fallo aplica a todas las personas y no fue dirigido a Gustavo Petro para perjudicar sus aspiraciones políticas, como el propio Senador lo dio a entender.

Linares dijo a Caracol Radio que “lo que hizo la Corte Constitucional esta semana fue declarar dos normas ajustadas a la Constitución, una norma del año 2002 que inhabilita a las personas que hayan sido declaradas responsables fiscalmente para acceder a cargos públicos. La otra norma que revisó la Corte es el Artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, que señala que no se puede posesionar una persona que aparezca en el boletín de responsables fiscales que publica trimestralmente la Contraloría General de la República”.

Añadió Linares, que “entonces lo que señaló la Corte es que el Congreso de la República sí está facultado para que en condiciones generales de igualdad regule el ejercicio del derecho de acceder a los cargos públicos. Debo aclarar que esta es una norma aplicable a todos nosotros los funcionarios públicos, no es una norma teledirigida al senador Petro sino aplicable a cualquier persona que quiera acceder al empleo público, ya sea en la Rama Legislativa, en la Rama Ejecutiva o en la Rama Jurisdiccional del poder público”.

Petro tiene dos sanciones vivas de la Contraloría de Bogotá por más de 300.000 millones de pesos por decisiones que tomó como Alcalde de esta ciudad, que habrían afectado los recursos públicos. Aunque una de ellas que está en firme se encuentra suspendida por medidas cautelares que le otorgó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Petro calificó como una "clara persecución política" el fallo de la Corte. “El objetivo es Petro. Están sacando por esa vía a más 8 millones de electores de la competencia democrática para llegar al poder", afirmó.

Añadió el excandidato presidencial, que "el ejercicio que ha transcurrido contra mí desde la Contraloría Distrital, manejada por el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras -quien también tiene una presencia muy importante en la Corte Constitucional porque ayudó a elegir magistrados-, es que se me impusiera multas impagables”.