Para posesionarse los congresistas, diputados concejales y ediles tendrán que hacer pública su declaración de bienes y patrimonio; además con este hecho queda incorporada la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido.

Esta es una de las propuestas que hará a los ciudadanos la consulta anticorrupción, sin embargo, sobre la misma se presentan reparos porque independientemente del sano propósito que se persigue en la lucha contra este flagelo, en términos generales no estaría aportando nada nuevo porque todo esto ya hace parte de distintas normas.

En ello coincidieron varias opiniones producto de una consulta que adelantó EL NUEVO SIGLO con un exministro de Justicia, un exzar anticorrupción, un parlamentario y el director de la federación que agrupa a los diputados del país.

En el tarjetón  de la consulta anticorrupción del próximo mes de agosto se plantea en la sexta pregunta “¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?”.

Un complemento

Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, indicó a EL NUEVO SIGLO que “lo nuevo en relación con la consulta es la declaración de renta”, aunque destacó que “es un complemento a lo que está establecido constitucional y legalmente para integrantes de corporaciones de elección popular y cualquier cargo público, que hoy día tienen por Constitución la obligación de presentar su declaración juramentada de bienes y rentas antes de tomar posesión”.

Destacó que si bien “el hecho de publicar la declaración de renta es un elemento adicional, desde luego que una persona que está en actos irregulares pues va a hacer maniobras para ocultar información real de sus irregularidades”.

No obstante, Ortiz destacó que la información falsa que entregue el elegido a una corporación pública puede ser usada en una eventual investigación que lo termine sacando del cargo.

Es populismo

El exministro de Justicia y exfiscal Alfonso Gómez Méndez le indicó a este Diario que “en ese punto, como diría en casi todos de la mal llamada consulta anticorrupción, de lo que se trata es de repetir normas, disposiciones que de una manera u otra ya existen en la legislación. La obligación de presentar declaración de bienes antes de posesionarse y a su retiro está vigente hace mucho tiempo, entre otras recuerdo la del Estatuto Anticorrupción, llamado así, de los varios que hemos tenido. El primero que fue la Ley 190 de 1995, impulsada como Ministro de Justicia por el actual fiscal Néstor Humberto Martínez, ya decía eso”.

Añadió que “varias veces se ha reiterado la obligación que tienen todos los funcionarios de presentar sus declaraciones de renta, sus ingresos, su situación económica al posesionarse y al retirarse. Es más, fui quien de alguna manera impulsó en el país la figura del enriquecimiento ilícito ya como delito y que consiste precisamente en eso, en que el Estado pueda confrontar los ingresos de un ciudadano con sus egresos, eso está vigente. Es más, está vigente desde la administración Barco, y obviamente se ha venido aumentando”.

Agregó Gómez Méndez que lo “mismo puede decirse de la figura de la extinción de dominio, ya existe. En la Constitución del 91 dice que  el Estado puede extinguir el dominio de los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito”.

Dijo también el exministro de Justicia que en el tema de los parientes “es claro que si los parientes son cómplices, partícipes o auxiliadores de los comportamientos del empleado público, pues no solamente puede sino que tiene que ser investigado. E incluir la obligación de iniciar investigaciones de oficio es otra tonta repetición”.

Gómez consideró también que “someter a los colombianos a una costosa consulta para que digan todo lo que ya existe, me parece que en este y otros temas no pasa de ser una demostración más de ese populismo, de esa utilización indebida de las emociones de la gente”.

Temas por fuera

El saliente representante a la Cámara del Partido Conservador, Telésforo Pedraza, dijo a este Diario que “en todo lo que sea lucha contra la corrupción estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas partes de esa pregunta que ya están consagradas porque para posesionarse, previamente uno tiene que presentar la declaración de renta, tiene que declarar las inhabilidades e incompatibilidades que uno tiene”.

No obstante, Pedraza dijo que ha insistido en un tema que no quedó en la consulta anticorrupción, “que sí es determinante, los señores de los delitos contra la administración pública. Cómo así que se acogen al principio de oportunidad, ese sí es un tema que está latente. Vean cómo se robaron Bogotá o los señores de Córdoba se acogen al principio de oportunidad y después terminan que se han insolventado porque están llenos de testaferros. Se dejaron por fuera temas sustanciales como esos”.

No hay que tener temor  

Luis Hernando Quevedo Jara, director ejecutivo de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol), le dijo a este Diario “una parte de eso ya es requisito y está en la normatividad actual: que los corporados deben tener un libro que establezca sus incompatibilidades o sus conflictos de intereses y es público”, sin embargo, anotó, “al margen de eso, nos parece bien. Creemos que todo aquel que aspire a representar a la comunidad no debe tener temor”.