Los colombianos serán convocados a las urnas para votar la consulta anticorrupción, iniciativa popular que recibió 4,3 millones de firmas.

De acuerdo con el trámite previsto en la ley, la plenaria del Senado debatió ayer sobre la conveniencia de la iniciativa y le dio el visto bueno por 82 votos positivos y ninguno negativo.

Así, “los colombianos decidirán votar negativa o positivamente los siete mandatos que se imponen, para luchar contra el flagelo de corrupción que carcome el Estado en todas sus instancias de la administración pública, a nivel municipal, departamental y nacional”, manifestó la senadora Claudia López, de la Alianza Verde y una de las impulsoras de la consulta.

Ahora, el Gobierno tendrá tres meses para convocar a los colombianos a votar la consulta anticorrupción.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, prevé que el proceso electoral se lleve a cabo el mes de septiembre.  

“La ley dice que dentro de los 8 días siguientes al aval del Senado de la República, el presidente tendrá tres meses para convocar la realización de esta consulta y esos términos los usaremos para la convocatoria de la misma”, señaló Rivera.

Por su parte, la senadora López explicó que “fueron 75 los senadores que se comprometieron el 17 de abril a que, si se aplazaba la votación de la consulta anticorrupción, votarían positivo. Por eso hoy pido que el Senado cumpla con su palabra y nos de el aval para ir a las urnas cuando el presidente convoque”.

“Fueron los ciudadanos con sus firmas”, exactamente 4,3 millones, “los que trabajaron y se organizaron a lo largo de 6 meses para cumplir con lo requerido por la Registraduría. Son ellos los que están pidiendo ir a las urnas a votar los siete mandatos anticorrupción”.

Al intervenir a nombre de su partido, el Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe manifestó que “me preocupa que el voto que voy a anunciar se interprete como una intención de apaciguar a detractores o una postura de apariencia por motivos electorales. No soy contrario a buscar acuerdos, pero he preferido agudizar la contradicción que tenderle puentes de debilidad a la infamia”.

“Procuro decir lo que pienso sin filtros electorales. Que nadie piense que mi voto es para esquivar el debate sobre Empresas Públicas de Medellín, un patrimonio público construido por un pueblo trabajador y austero, o para esquivar el debate sobre mi actividad como gobernador que promovió que Hidroituango tuviera participación societaria del departamento para aliviar sus finanzas, para que no dependiera de los licores y del cigarrillo”.

“Algo que le falta a esta consulta es elevar a la categoría de corrupción el desgreño que casi quiebra a Bogotá en la administración anterior”, dijo.

“Voto porque hemos luchado por muchos de estos puntos desde 2003. Voto por respeto al Centro Democrático, a una bancada de compañeros honorables  y cumplidos. Voto acatando la instrucción del doctor Iván Duque, ajeno a la politiquería, ajeno a la mentira, ajeno al sofisma para producir desviaciones del electorado”, afirmó.

Entre tanto el senador, Iván Cepeda, del Polo Democrático, sostuvo que “esto es un paso importante pero no es un tiquete a la impunidad y a limpiar la hoja de vida. Aquí habrá que responder ante la justicia por la catástrofe que la ambición está causando en el país”.

Indicó también que “estamos orgullosos del papel de la mujer en cada una de las bancadas y la manera coordinada en su tarea legislativa. En nuestro partido estamos supremamente orgullosos de papel que ha adelantado la senadora Claudia López”.

A su turno, el presidente del Directorio Nacional Conservador, Hernán Andrade, expresó que “siempre hemos apoyado las luchas frente a la corrupción, que son la lucha de todo los colombianos. Queremos una Colombia en paz y solidaria que luche contra la corrupción, por eso acompañaremos pidiendo coherencia”.

En cambio, el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), reiteró su desacuerdo y manifestó que “las verdaderas medidas anticorrupción implican una reforma política de fondo que acabe con el sistema clientelista con reglas de juego perversas. Listas cerradas. Corte Electoral independiente. Financiación estatal. Insto a los dos candidatos presidenciales a priorizar esa reforma”.

Por su parte, el senador uribista Alfredo Rangel recalcó que “apoyaremos esta consulta y la votaremos positivo, pero se basa y es impulsada por trampa, engaño y mentira que son corrupción. Y eso se ve en el artículo 1 sobre el salario de congresistas que según la ley ese tema no se puede someter a consulta popular”.

Y aclaró que “he dejado constancia de que infortunadamente estas siete preguntas son inútiles y desperdiciaran 300.000 millones de pesos. Alguien tiene que señalar que el emperador va desnudo”.

El senador Senén Niño, del Polo, expresó que debe salir algo positivo al esfuerzo de su colega López y de los más de cuatro millones de colombianos que firmaron, anotando que la corrupción que se quiere combatir es la que genera debates como la minería que contamina, asignación de contratación pública, entre otros.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, apoyó la iniciativa y manifestó que “el Gobierno desde el 17 de abril expresó el respaldó la realización de la consulta popular y quiere reiterarlo y felicitar el respaldo de la inmensa mayoría a esa iniciativa”.

Los 7 mandatos son:

1. Establecer un límite de máximo tres periodos para los electos en corporaciones de elección popular.

2. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.

3. Obligar a los Congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa de manera periódica y detallada.

4. Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.

5. Terminar unilateralmente los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin ningún tipo de indemnización.

6. Aquellas personas condenadas por corrupción, deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión especial.

7. Fijar un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes como máxima asignación mensual de los Congresistas y altos funcionarios del Estado. Actualmente los congresistas ganan un equivalente a 40 salarios mínimos.

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Las preguntas a responder

Son siete las preguntas que deberán responder los votantes de la consulta:

PREGUNTA 1: ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? 

PREGUNTA 2. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

PREGUNTA 3. ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos? 

PREGUNTA 4. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? 

PREGUNTA 5. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? 

PREGUNTA 6. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?

PREGUNTA 7. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?