Una ley estableció que las votaciones fuera de Colombia se extenderán por una semana

Atendiendo una norma, la cual establece que las elecciones de carácter nacional se iniciarán en el exterior una semana antes de la fecha establecida en Colombia, la consulta anticorrupción arranca hoy en los más de 60 países en donde hay sedes diplomáticas, embajadas o consulados.

No obstante, por la diferencia horaria de Colombia con algunos países, la consulta anticorrupción comenzó ayer, como es el caso de Auckland, en Nueva Zelanda, que fue la primera mesa de votación en abrirse, ya que cuando en Colombia eran las 3:00 p.m. del 19 de agosto, allá eran las 8:00 a.m. del 20 de agosto, primer día de votaciones en el exterior.

Luego de Auckland (que tiene un potencial electoral de 870 colombianos), los siguientes puestos en dar apertura a la consulta fueron los ubicados en Australia, con un potencial electoral de 11.054 colombianos en las ciudades de Brisbane (1.768), Camberra (376), Melbourne (3.945), Perth (801) y Sídney (4.164).

Para esta jornada estarán dispuestas desde hoy y hasta el próximo sábado 130 mesas de votación; mientras que el próximo domingo estarán disponibles 1.330 en 234 puestos de votación en consulados, para que los 827.635 colombianos habilitados fuera del país puedan participar en la consulta (446.442 mujeres y 381.213 hombres).

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que para esta consulta no se habilitó inscripción de cédulas, es decir, que los ciudadanos podrán votar en el lugar en donde se encuentran inscritos actualmente.

La medida para que las votaciones en el exterior se extiendan por una semana busca dar más tiempo para ejercer este derecho porque hay muchos connacionales que viven lejos de las delegaciones diplomáticas en donde están ubicados los puestos para sufragar.

La Ley 1475 de 2011, que fue la estatutaria de la Reforma Política de 2009 que se hizo para modernizar los partidos, incluyó esta disposición atendiendo una proposición del entonces representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Sin embargo, el principal problema que han detectado hasta el momento los comicios en el exterior, es la marcada abstención. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 la abstención en el exterior fue del 87%. De 599.952 colombianos habilitados para votar en las diferentes embajadas, solo lo hicieron 27.000.

En el año 2010 de 415.118 colombianos habilitados para votar en el extranjero, solo lo hicieron 88.737, lo que significó un abstencionismo del 78%.

El más reciente registro acerca de este tema data de las elecciones presidenciales de este año. En la primera vuelta en el exterior votaron 279.747 colombianos de 1.376.071 habilitados, constituyendo una abstención del 79,68%.

En la segunda vuelta de estas mismas elecciones la votación fue de 259.539 ciudadanos, para una abstención del 81,14%.

Las preguntas

El pasado 19 de junio, el entonces presidente Santos firmó el Decreto 1028 mediante el cual se convocó a los colombianos para que aprueben o rechacen el mecanismo de participación ciudadana denominado “Consulta Popular Anticorrupción”.

La primera pregunta versa sobre reducir el salario de los congresistas; la segunda tiene que ver con que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública cumplan la totalidad de las penas en la cárcel y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte.

La tercera pregunta busca establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo. La cuarta interrogante está orientada a obligar a realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios.

La quinta, busca que congresistas y demás corporados rindan cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas. La sexta pretende obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse.

La séptima pegunta busca limitar al máximo tres períodos la permanencia en una misma corporación de elección popular.