El senador Juan Diego Gómez anunció que la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia pedirá cuentas al respecto
“Prontamente realizaremos el control político respectivo, bien sea a la Fiscalía o a los organismos de inteligencia del Estado para que rindan cuentas” por las ‘chuzadas’ a los magistrados de la Corte Constitucional, anunció el senador conservador Juan Diego Gómez, integrante de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.
Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, hace ocho días el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, confirmó la apertura de una investigación sobre posibles interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional y días después entregó algunos detalles sobre el caso, aunque reconoció que por el momento no hay pruebas de su ocurrencia.
Martínez explicó que “los analistas de la Fiscalía concluyeron que esto es con propósitos extorsivos” y que “hay unos indicios de una organización criminal que tiene un propósito de afectación de unas interceptaciones que tendrían el fin de desprestigiar a los magistrados. Nada que ver con el proceso de paz. Con el magistrado con el que me comuniqué le dije hasta que había una intención de una hechicería”.
EL NUEVO SIGLO: Esta es la primera vez que se integra la Comisión, ¿cuál es su balance luego de casi un año de sesiones?
JUAN DIEGO GÓMEZ: Nos ha ido bien para ser la primera vez que se conforma. Se eligió secretario general y se organizó la estructura. En principio los secretarios de las comisiones segundas eran encargados y luego asignamos uno en propiedad.
La misión de la comisión es revisar los ítems de gasto reservado y cómo se manejan en las distintas entidades de inteligencia y contrainteligencia del país, queremos que los recursos se manejen de manera eficiente. Todos los funcionarios deben haber pasado los estudios de confidencialidad y además cumplen con las pruebas de polígrafo, psicotécnica y todos los elementos que disponen las autoridades.
ENS: ¿Algún miembro de la Comisión ha presentado molestia con las pruebas?
JDG: Hay que decir que la prueba no se le hace a los congresistas, solo a los secretarios y asesores. Esta prueba se hace cada año. En mi caso un asesor no pasó la prueba y tuvimos que cambiar la persona.
ENS: ¿Cómo manejan la exigencia de reserva de las sesiones?
JDG: Hay un documento que se firma por anticipado en cada sesión cuando se trata información clasificada. Esta es una comisión con muchos riesgos, a la cual asisten los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia. No tocamos temas puntuales, de interceptaciones, pero sí recibimos la información del presupuesto, los riesgos que tiene el país frente a otros estados, informes sobre terrorismo y delincuencia organizada.
ENS: Debido a la complejidad de los temas que allí se tratan, ¿ha ocurrido algún caso de deserción?
JDG: Hasta el momento no. Lo normal es que quienes somos elegidos permanezcamos allí por todo el periodo. Sin embargo, en caso de acuerdo se puede cambiar una vez por persona, como lo determina la ley.
ENS: En este momento vivimos un caso de presuntas ‘chuzadas’ contra magistrados de la Corte Constitucional, ¿se va a tratar el tema en la Comisión?
JDG: En los últimos meses, debido a la agenda legislativa, nosotros no hemos sesionado. Sin embargo, prontamente realizaremos el control político respectivo, bien sea a la Fiscalía o a los organismos de inteligencia del Estado para que rindan cuentas al respecto.
ENS: ¿Se han encontrado con algún tipo de reticencia por parte de los miembros de las Fuerzas Militares para entregar la información?
JDG: No, nosotros tenemos unas normas de seguridad con los temas de grabación y con los equipos celulares, sesionamos en diferentes espacios lo que brinda garantías a los organismos de inteligencia.
Realmente no hay resistencia a entregar información, todo lo contrario, ellos reconocen las competencias de la comisión y la misión legal busca en qué se invierte ese presupuesto.
ENS: Supongamos que debido a su misión en la Comisión, ustedes conocen un escándalo, ¿pueden hacer pública esa información?
JDG: No. En esta Comisión existen protocolos muy definidos. En caso de conocer una situación de ese tipo debemos adelantar, con delicadeza cualquier tipo de control y compulsar copias en caso de una situación anómala.
ENS: ¿Siente que está en peligro por hacer parte de esta Comisión?
JDG: Creemos que hay una labor muy importante que busca garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y no tener islas en el equilibrio de poderes. Lo que buscamos es que no actúen de manera arbitraria o autónoma.
La Comisión ya está funcionando
En 2013 fue creada la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado, la iniciativa pretende fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo estas actividades cumplir adecuadamente con su misión constitucional.
Pero solo hasta este Congreso (2018-2021) se conformó la Comisión Legal de Seguimiento a estas actividades en el Congreso de la República. Dentro de las misiones más importantes de la comisión está la de verificar la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en la Ley Estatutaria de inteligencia y contrainteligencia.
Esta comisión está obligada a guardar reserva sobre los temas tratados por lo que, según la ley, no pueden publicar ningún documento que allí se exponga, pues se enfrentan a “causal de mala conducta, investigaciones penales y jurídicas e inhabilidades”.
Los ocho miembros, cuatro de Cámara y cuatro de Senado, que pertenecen a las comisiones segundas, ya están en ejercicio de sus funciones.
La presidencia de la comisión se cambia de año en año y en este momento está a la cabeza el representante por Vichada, Gustavo Londoño, del Centro Democrático.