En fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Chocó ratificó la condena al Estado por los desplazamientos que se registraron en Bojayá (Chocó), durante 2002 y 2003, luego de la masacre ocurrida en la iglesia del municipio y que dejó 119 víctimas mortales.  Con la decisión judicial, el Estado colombiano deberá reparar con $312.000 millones a las personas que tuvieron que abandonar sus hogares después del hecho.

Aunque los responsables de la masacre que generó el éxodo masivo de familias fueron integrantes de guerrilla de las Farc, el Tribunal encontró que el Estado tuvo responsabilidad por omitir su función de proteger a los ciudadanos de los hechos ocurridos el 2 de mayo del 2002.

De acuerdo con el fallo, los desplazamientos fueron generados “por la omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes”.

En la sentencia, el Tribunal indicó que existían suficientes pruebas de que la masacre  generó que miles de personas se vieran obligadas a desplazarse de sus hogares. Entre ellas  se encuentra un oficio del Director de la Red de Solidaridad Social en Chocó, firmado en 2003, en el que se informa de ayudas humanitarias que fueron proporcionadas  a casi 6.000 personas desplazadas.

El fallo resolvió una demanda presentada en 2002 por la comunidad de Bojayá. “Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos violentos”, señala la sentencia.

En el proceso, la Policía, el Ejército y la Armada se opusieron a la demanda afirmando que los hechos por los que se los responsabiliza fueron desplegados por terceros, por grupos al margen de la ley como las Farc y la Autodefensas. Según las autoridades militares, “las condiciones climáticas y las circunstancias hidrográficas y ambientales, impidieron que la Fuerza Pública ingresara a tiempo al municipio donde ocurrieron los hechos”.

Leider Palacio, líder de las víctimas del municipio, afirmó que recibe el fallo “con un poco de alegría y motivación porque se reconoce las afectaciones que hemos tenido. Han sido muchas las pérdidas y esto reconoce que el Estado no estuvo a la altura de la protección de nuestros derechos”. Manifestó, además, que la decisión llegó tarde, pero espera que se puedan mitigar un poco las afectaciones de las personas desplazadas.