El Congreso discute un proyecto de ley que limita a situaciones excepcionales las facultades del Ejecutivo para extender el porte de armas. Ahora el representante parlamentario Christian Garcés, en compañía de la senadora María Fernanda Cabal, prepara otra iniciativa para que la restricción sea solo individual.

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el proyecto que va a presentar?

CHRISTIAN MUNIR GARCÉS ALJURE: Consideramos que en Colombia se está violando el derecho a la legítima defensa, que es la condición de cualquier ser vivo poder proteger su integridad ante una amenaza. Entonces vamos a presentar un proyecto de ley donde buscamos que exista un mayor control a las armas en Colombia, al mismo tiempo que se obliga a que el Estado solamente pueda restringir el uso de armas de manera individual, no general como se está haciendo actualmente.

El proyecto de ley incluye la creación de un único sistema nacional de salvoconductos que acabe la figura de salvoconductos especiales regionales y salvoconductos especiales nacionales, sino que todos sean nacionales para garantizar que los trámites de solicitudes de armas para protección personal sean más ágiles y se acabe la subjetividad que hoy tienen los jefes de Estado Mayor en las Brigadas para tomar la decisión de a quién le dan permiso de arma y a quién no.

ENS: ¿Bajo qué criterios las autoridades negarían a un ciudadano la solicitud del porte de armas?

CMGA: En mi concepto cuando se creó la figura de porte especial, que empezó a aplicarse desde 2016, se les violó el derecho a la defensa a cerca de 400 mil colombianos que tenían derecho al porte porque se restringió solamente a 8 mil que el año pasado les dieron porte especial.

En Colombia cualquier persona que considera tiene problemas de seguridad y quisiera portar un arma, porque no todo el mundo lo quiere, debería poder acceder a herramientas de defensa personal como es un arma de protección, un arma corta.

No esperamos que todo el mundo cargue un arma sino los que la necesitan puedan acceder a ella y que el Estado continúe manteniendo el monopolio de las armas.

ENS: ¿Por qué razones las autoridades le negarían a un ciudadano el porte de armas, eso lo establece el proyecto?

CMGA: Sí, cuando las personas no cumplen los requisitos y el trámite. Por ejemplo, estarían en la obligación de hacerse el examen psicotécnico, no tener antecedentes judiciales, poder explicar por qué requieren un arma, entre otros.

ENS: El Gobierno dice que 2020 cerró con la menor tasa de homicidios en 46 años, ¿para este resultado cree usted ayudó la restricción al porte de armas de fuego?

CMGA: Desde que se implementó el permiso especial con esta restricción drástica el porcentaje de homicidios con arma de fuego en Colombia se ha mantenido, inclusive con la aprobación del proceso de paz. Está más bien demostrado que esa medida no ha cambiado la disminución de homicidios en nuestro país porque en Colombia la mayoría de los homicidios se cometen con armas ilegales.

Por eso en el proyecto de ley incluimos que el Gobierno debe definir una política pública contra las armas ilegales en Colombia, que son las que están siendo usadas para robar, extorsionar y asesinar.

En Colombia la pandemia obviamente ha tenido un impacto en la disminución de los homicidios por los confinamientos, y segundo, hay un delito que se considera viene en crecimiento, que es la extorsión. Lo que pasa es que es sumamente difícil medirlo porque normalmente los ciudadanos no denuncian.

ENS: Se dice que para estos proyectos de ley que habilitan el porte de armas a los ciudadanos estarían presionando algunos gremios, ¿en el caso de ustedes han sostenido diálogos con estos sectores?

CMGA: Les he expresado a los sectores gremiales que su posición ha sido insensible, al igual que la del Gobierno nacional por una despreocupación total sobre las personas del sector productivo que tienen problemas de seguridad, que generan ingresos y empleo a los colombianos, y que el Estado no les está entregando herramientas de defensa personal.

Los afiliados a los sectores, por ejemplo de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la industria, de la construcción, sufren todos los días problemas de robos y extorsión y no tienen acceso a salvoconductos para porte. Hoy en Colombia hay un pequeño número de ciudadanos, una élite con influencias, que está accediendo únicamente a los salvoconductos.

Por el contrario, he solicitado a los gremios que se expresen y que informen a nivel nacional los problemas de seguridad que están teniendo sus afiliados por no poder tener herramientas de protección.