Expediente del expresidente, como de otros congresistas que se presentaron después de enero pasado, debe tramitarse con doble instancia  

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Este jueves está agendada otra sala plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se hará un intento más para alcanzar los consensos en la votación y poder elegir a los seis magistrados que faltan en las nuevas Sala Especial de Instrucción y Sala Especial de Primera Instancia, para efectos de garantizar la doble instancia a los congresistas.

Ello tiene un impacto directo en la investigación formal que hace algunas semanas abrió el alto Tribunal al senador Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, en un supuesto caso de manipulación de testigos, pues si esta primera sección queda integrada, asumiría el caso que hoy está suspendido en la Sala Penal porque el expresidente recusó a los togados que tienen su expediente.

El caso de Uribe Vélez tiene que tramitarse en la Corte con el beneficio de la doble instancia que instauró el Acto Legislativo 1 del 18 de enero 2018, pues la apertura de la investigación en su contra y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, los dos del partido Centro Democrático, se hizo posteriormente, el pasado 24 de julio.

En ese escenario la investigación a Uribe y Prada tendría que ser asumida en primer término por la Sala Especial de Instrucción, pero ello no ocurrió debido a que la Corte Suprema no ha elegido a los seis magistrados que la integrarán, a pesar de que han transcurrido seis meses desde que fue expedido el Acto Legislativo 1.

Tampoco la Sala Especial de Primera Instancia está conformada en su totalidad, pues han sido elegidos dos magistrados de los tres que la deben integrar: Ramiro Alonso Marín y Ariel Augusto Torres.

Como consecuencia, la investigación al expresidente Uribe Vélez y el representante Prada fue abierta y está en manos en la actualidad de la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal.

La indagación que adelanta la Corte al expresidente Uribe tiene su raíz en una denuncia que el exmandatario presentó contra el senador Iván Cepeda porque, supuestamente, manipuló testigos en las cárceles para que declararan en su contra, vinculándolo con una serie de delitos.

No obstante, el alto Tribunal no encontró mérito para investigar al senador Cepeda y, por el contrario, halló razones para abrir una indagación preliminar al expresidente Uribe.

“Los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante Álvaro Uribe. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los congresistas Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”, explicó la Corte.

Recusación

La investigación a Uribe Vélez se encuentra suspendida después de que el pasado 29 de julio la defensa del expresidente recusó para que se declaren impedidos a los tres magistrados de la Sala Penal que atienden su caso: Luis Hernández, José Luis Barceló y Fernando Alberto Castro, porque el segundo de estos habría entregado a periodistas información reservada del caso y además el exjefe de Estado no habría contado con todas las garantías procesales.

El pasado 29 de julio, el alto Tribunal anunció en su cuenta de Twitter que “en virtud de la recusación de la defensa del senador Álvaro Uribe a los tres magistrados de la Sala de Instrucción II, por disposición legal y mientras se tramita dicho incidente, la Corte Suprema de Justicia suspendió la actuación que adelanta contra él y su representante Álvaro Prada".

Previo a que Uribe Vélez recusara a estos tres magistrados la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema de Justicia fijó la audiencia de indagatoria al expresidente para el próximo 3 de septiembre y la del congresista Álvaro Hernán Prada para el 4 del mismo mes, las cuales de igual forma quedaron suspendidas mientras que el alto Tribunal resuelve el asunto de las recusaciones.

EL NUEVO SIGLO conoció que los magistrados Hernández, Barceló  y Castro no se han pronunciado hasta el momento sobre la recusación porque es muy extenso el escrito que presentó el abogado Jaime Granados, y están estudiándolo a fondo para responder punto por punto si aceptan o no los argumentos para que se aparten del expediente.

Se espera que a más tardar en la semana entrante los magistrados Hernández, Barceló  y Castro presenten a sus cinco colegas de sección su respuesta a la recusación que impetró la defensa del expresidente Álvaro Uribe, y definan si la aceptan o no.

Lo que puede suceder es que si la Corte Suprema elige este jueves a los seis magistrados de la Sala Especial de Instrucción o al menos a cuatro, que son la mayoría y con ello la sección podría comenzar a trabajar, la Sala Penal le entregaría las investigaciones que adelanta contra Uribe y Prada, y de esta forma se reactivaría el caso.

En ese escenario la recusación a los magistrados Hernández, Barceló y Castro quedaría sin efecto porque ya no manejarían este expediente.

Una segunda situación que se podría dar es que este jueves la Sala Plena de la Corte no alcance los consensos para alcanzar los 16 votos que necesita cada uno de los aspirantes a conformar la Sala Especial de Instrucción y la Sala Especial de Primera Instancia.

Entonces habría que esperar a una nueva votación hasta el 30 de agosto, cuando está agendada una nueva sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto la investigación a Uribe y Prada seguiría en manos de la Sala Penal.

Más inconvenientes

Otro inconveniente que se presenta en la Corte con las salas de doble instancia es que no tienen la capacidad para recibir el número y volumen de la avalancha de procesos que les ha enviado la Sala Penal.

Por este motivo la Sala Especial de Primera instancia se ha visto obligada a suspender sus actuaciones y términos en más de 60 procesos durante 14 días: primero entre el 26 de julio y el 1° de agosto y, luego, entre el 2 y el 13 de agosto pasados.