En las más recientes encuestas de opinión, los ciudadanos han expresado que su mayor preocupación es la seguridad.
¿Qué medidas podrían adoptarse para devolverle la tranquilidad a la gente? Tres precandidatos presidenciales responden al interrogante: el exviceministro Rafael Nieto, del Centro Democrático; el senador Roy Barreras, del denominado Pacto Histórico; y el exsenador Juan Manuel Galán, de la llamada Coalición de la Esperanza.
Como se verá, aunque hay algunos puntos comunes, se muestran tres visiones muy diferentes (en algunos aspectos, quizás complementarias) del qué hacer para solucionar el problema.
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Por ejemplo, una distancia entre los tres radica en el origen del problema, pues mientras Nieto Loaiza le dijo a EL NUEVO SIGLO que el hilo conductor de la delincuencia urbana con la violencia en las áreas rurales es el narcotráfico, para Barreras y Galán hay un trasfondo social que hace que particularmente la juventud en las ciudades sea caldo de cultivo para los tentáculos que esos grupos armados tienen en las ciudades.
En cambio, todos están de acuerdo en que no basta con pie de fuerza, sino que el combate a la inseguridad debe ser una tarea de todo el Estado.
Cuatro estrategias
“¿Por qué hay que hacer énfasis en el narcotráfico?”, expresó Nieto: “Porque en Colombia el narcotráfico está íntimamente ligado al homicidio y a la violencia en general. Es el narcotráfico, junto con la minería ilegal de oro, las dos fuentes fundamentales de financiación de los grupos armados ilegales. Y son esos grupos armados ilegales los generadores más importantes de la violencia homicida en Colombia. Además, nuestro país dejó de ser solamente productor. Hoy es también un país consumidor. Luego hay bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico y también enfrentadas por el control del negocio lo que hace que al final el narcotráfico, por sí mismo, y las bandas dedicadas al microtráfico en las ciudades sean las principales fuentes de violencia homicida en Colombia”.
Agregó que “lo segundo que hay que hacer es una estrategia claramente dirigida a reducir el homicidio. Esas cifras de 24 homicidios por 100.000 habitantes, cuatro veces el promedio mundial de 2017, no pueden ser unas a las cuales nos acostumbremos. Hay que atacar a fondo ese fenómeno y para poder hacerlo hay que asumir una estrategia georreferenciada que identifique en cada región y municipio del país las causas, los actores y las víctimas de la violencia homicida. Esa característica de los victimarios, las víctimas y las condiciones en las cuales ocurre el homicidio es lo que permite a la Fuerza Pública tener una respuesta adecuada y conforme a esa realidad, que como he dicho no es homogénea en todo el territorio nacional”.
Insistió Nieto en que “en Colombia seguiremos teniendo conflicto armado, homicidios muy por encima de la tasa global hasta que definitivamente no le torzamos el espinazo, no le rompamos el cuello, no venzamos el narcotráfico”.
“Eso supone unas estrategias puntuales específicas”, precisó: “Uno, atacar los enclaves productivos. Hoy el narcotráfico no es como un hongo que surge espontáneamente en distintas zonas del territorio nacional, sino que como he dicho se concentra en seis zonas específicas del país en las que hay que hacer una estrategia integral. Dos, hay que entender que la presencia y la acción de la Fuerza Pública es una condición necesaria, pero no suficiente en la lucha contra el narcotráfico. Se requiere presencia integral del Estado en todas sus manifestaciones. Dicho de otra manera, se requieren soldados y policías, sí, pero no basta con ellos. Se requiere justicia, educación, salud, infraestructura, proyectos productivos. Tres, hay que acabar ya el sistema de transferencias directas a las poblaciones narcocultivadoras. Ese sistema, que quedó pactado, además, genera una ruptura del principio de igualdad frente a la ley en virtud del cual se termina premiando a quien la viola en comparación con el campesino que solamente ha sembrado papa, arroz o yuca, por ejemplo, y además le genera un incentivo a ese campesino que se ha mantenido siempre dentro de la legalidad para pasarse a la ilicitud, porque verifica que al único al que el Estado efectivamente ayuda con unas transferencias monetarias directas es a ese campesino narcocultivador y no a él. Ese sistema de transferencias directas hay que eliminarlo por el desarrollo de proyectos productivos en las regiones, específicamente en los enclaves donde hay mayor producción de coca, que no distingan entre unos y otros, y beneficien a todos. Eso es básico. Y por supuesto hay que hacer unas modificaciones adicionales como recuperar la posibilidad de la erradicación forzada, la aspersión aérea con glifosato; eso también es indispensable, pero no basta solamente con ello”.
Pilares de la seguridad
Además de combatir el narcotráfico y reducir el homicidio, Nieto planteó “un tercer elemento: es que hay que recuperar los cuatro grandes pilares sobre los cuales se construyeron los éxitos en materia de seguridad y que se abandonaron. ¿Qué son cuáles? La voluntad política de vencer a los violentos, de derrotarlos y cerrarle la puerta a esos ejercicios de claudicación entre el Estado y esos grupos violentos; los espacios de colaboración y cooperación entre la ciudadanía y la Fuerza Pública, sin los cuales es muy difícil vencer a los grupos violentos, el narcotráfico y el terrorismo; recuperar y aumentar la superioridad aérea que era la gran ventaja estratégica del Estado frente a los grupos armados violentos, hoy hay menos aeronaves, hay menos pilotos con autonomía de vuelo (no basta con tener pilotos, sino que los pilotos tienen que cumplir con unas horas de vuelo para tener autonomía y poder operar (esas horas de vuelo se han perdido), por tanto más presupuesto para la superioridad aérea y hay que darle seguridad jurídica a quienes hacen esas operaciones; y es indispensable fortalecer y sofisticar los aparatos y las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que también son vitales, que no solamente son la vista y los oídos de la Fuerza Pública, sino que es el cerebro de la Fuerza Pública, es el que determina donde están los objetivos militares y los blancos legítimos, y en qué circunstancias y condiciones hay que desarrollar las operaciones y cómo hay que hacerlas, y no ha habido ningún área de Fuerza Pública más golpeada durante estos últimos años que esa de la inteligencia y la contrainteligencia. Estos cuatro pilares hay que reconstruirlos y recuperarlos”.
Finalmente, sostuvo, “hay que hacer una estrategia específica en materia de seguridad ciudadana, también con georreferenciación en cada una de las ciudades, para poder combatir de manera adecuada el delito común que es al final el que más le pesa al ciudadano de la calle”.
Recuperar la legitimidad
En opinión de Barreras, “el fracaso más grande del gobierno Duque ha sido precisamente que prometió hacer trizas la paz y lo que hizo trizas es la seguridad. ¿A qué se debe eso? El Estado de derecho tiene sentido si es legítimo y es capaz de monopolizar la fuerza y controlar todo el territorio. El gobierno Duque ha perdido el control del territorio, ha transmitido deslegitimidad y por esa razón las mafias han crecido y los ciudadanos se sienten desamparados y no en pocas ocasiones hacen justicia por su propia mano”.
Frente a esto, “¿qué hay que hacer? Lo primero, elemental: recuperar la legitimidad del Gobierno y del Estado de derecho. Cuando hay desgobierno, por supuesto hay caos y el caos trae la inseguridad. Una política de seguridad empieza por un gobierno legítimo que no tenga vínculo con las mafias, que no tenga relaciones con ‘ñeñes’ ni ‘clanes’, ni gamonales de la narcoparapolítica”.
Según Barreras, “ese gobierno legítimo tendrá que proponer en las primeras semanas de gobierno una reforma a la Policía, de manera que contemple una especialización de la Policía Rural, policía carabinera, que sea capaz de garantizar el control policial y no militar del territorio. Y tiene que hacer por supuesto un fortalecimiento de las Fuerzas Militares en lo que tiene que ver con los grupos armados organizados que tienen jerarquía y control del territorio y a los que hay que combatir desde la perspectiva del derecho internacional humanitario”.
“Dos cosas más”, anotó: “La seguridad va de la mano de la eliminación de los enemigos. Hay dos maneras de eliminar al enemigo: o se combate militarmente, o se desarma con el diálogo. Nosotros vamos a terminar el proceso de diálogo con las insurgencias para garantizar una paz completa, recuperando la mesa de diálogo con el Eln y construyendo unos mecanismos de sometimiento a la justicia para el Clan del Golfo y grupos delincuenciales como ese, que son organizados y que pueden someterse a la justicia en condiciones favorables para toda la sociedad colombiana”.
En resumen: “Estado legítimo, no contaminado con mafias; reforma a la Policía, para garantizar control del territorio rural policial, no militar; y garantía de un camino de solución negociada a los conflictos con las insurgencias, Eln, y de sometimiento a la justicia con los ‘clanes’ organizados que tienen jerarquía y control del territorio”.
Barreras destacó que “esa reforma de la Policía implica la concentración del grueso y de la mayoría de la Policía en la seguridad urbana. Hoy la Policía de manera dispersa está prestando un gran número de servicios que no corresponden a la seguridad, sino que tapan huecos de otro tipo de deficiencias. Para empezar el combate al narcotráfico, que agota recursos humanos y económicos enormes y desvía, debilita y somete al cuerpo policial a penetraciones e infiltraciones de esas mafias”.
Sin embargo, aclaró que una de las tareas que debe ser propia de la Policía es la seguridad vial, porque, explicó, “hay que recordar que la segunda causa de mortalidad en las ciudades de Colombia son los accidentes de tránsito”.
De otra parte, subrayó que para combatir el crimen en las ciudades, “no basta con el control policial, sino que también se requiere un robustecimiento del tejido social para evitar el origen de la delincuencia: los adolescentes sin futuro, los adolescentes sometidos a las drogas, los adolescentes reclutados por las pandillas y que terminan siendo luego delincuentes en las esquinas de las ciudades”.
No más de lo mismo
Por su parte, Galán señaló que, para devolverle la tranquilidad a la gente, “lo primero es no hacer más de lo mismo que hemos venido haciendo a lo largo de los años. Esta crisis de seguridad tiene que convertirse en una oportunidad para innovar, para intentar nuevas medidas y yo creo que las medidas tienen que ser integrales, es decir no pueden recaer solamente en la Policía”.
“Tenemos que salir de los lugares comunes de más pie de fuerza, más cámaras, más tecnología, más judicialización. Sí, hay que reducir la impunidad sobre los delitos, por supuesto. Esa es una medida muy importante, pero yo estaría inclinado a intentar una fórmula distinta y es declarar el problema de seguridad un problema de salud pública en Colombia y buscar que la Policía, la Fuerza Pública, cuando sale a hacer intervenciones en la calle, en comunidades especialmente vulnerables, donde hay bandas criminales que están operando o que tienen su centro de operaciones, llegue acompañada de un equipo multidisciplinario, que llegue acompañada de trabajadores sociales, que llegue acompañada de sicólogos, de siquiatras y de expertos en emprendimiento social, para que tengamos un enfoque de política criminal desde la política social”.
“Es decir”, expresó, “si nosotros no vamos a la raíz del problema, que es una raíz social, estructural, de falta de oportunidades, de injusticia, de exclusión, de marginalidad, si nosotros no resolvemos esos que son los problemas de fondo, pues tratando a los criminales de capturarlos y de meterlos a las cárceles estamos tratando el síntoma de la enfermedad, pero no las causas de la enfermedad”.
“La causa de la enfermedad tiene que ver con eso, con una razón de ser de la criminalidad más profunda. Tenemos que ir a la raíz de lo que genera ese malestar social que hace que la gente incurra en esas conductas criminales. Entonces, yo sería partidario de intentar una política distinta”, indicó.
La confianza es otro punto que para Galán requiere trabajarse: “Si la gente, los ciudadanos, no confían en las instituciones de policía, en la Policía y en los policías, pues va a ser muy difícil lograr derrotar al crimen organizado que está azotando las ciudades en Colombia”.
“La recuperación de la confianza tiene que ser una prioridad, la recuperación de la legitimidad, la buena formación de nuestros policías, la buena incorporación, la buena selección, los salarios de los policías, hay que dignificar social y salarialmente al policía, al nivel ejecutivo de la Policía: el patrullero, el subintendente, el intendente, el intendente jefe, el comisario, el subcomisario, esa base de la Policía, que es el policía de la calle hay que dignificarlo, hay que fortalecerlo”, observó.