Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia tienen una agenda de largo aliento y, en ese orden de ideas, no suelen ser objeto de cambios radicales en sus principales énfasis.
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En el primer frente y el más importante, el de la geopolítica, tanto lo dicho por el presidente Duque en la última semana como por el propio presidente Joe Biden (en campaña) así como por el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip S. Goldberg, es que Colombia continúa siendo el principal socio y aliado de Washington en Latinoamérica.
Aunque tras la posesión de Biden se ha dicho que habría molestias en la Casa Blanca con la Casa de Nariño por los casos aislados de algunos políticos colombianos que apoyaron candidatos republicanos al Congreso en La Florida, el propio embajador Goldberg desmintió esa situación y reiteró la fortaleza y profundización de la alianza bilateral, que calificó de sólida y de largo aliento.
Además, no pocos analistas internacionales han señalado que con la dictadura venezolana aferrada al poder, la izquierda de regreso a Argentina y recientemente a Bolivia, así como elecciones a la vista en Ecuador, Perú y Chile este año, Washington no puede debilitar su alianza más fuerte, la de Colombia, que tiene comicios clave en 2022.
Metas antidrogas
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, que sin duda es central de la relación, la meta es una sola: reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína al 50 por ciento de los niveles de 2017 para finales de 2023.
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En ese objetivo se avanza, ya que el Ministerio de Defensa señaló días atrás que luego de haber logrado la erradicación de más de 130 mil hectáreas de narcocultivos el año pasado, la idea es que en este 2021 se logre igualar esa meta, elevando de paso el número de laboratorios destruidos y la incautación de toneladas de cocaína, que en 2020 marcaron reto.
Tras la expansión de los sembradíos ilícitos entre 2013 y 2018, cuando se pasó de 43 mil a más de 210 mil hectáreas (según los informes de la Casa Blanca), el año pasado el logro más importante de Colombia fue haber frenado la espiral alcista en esta materia. En 2021, entonces, la meta es una sola: ponerse por debajo de las 130 mil hectáreas, sobre todo combatiendo la resiembra, cuyos porcentajes están por encima del 30%.
Una clave aquí sería la posibilidad de que el Gobierno pueda reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato. La Casa de Nariño espera que antes de marzo se puedan tener listos y aprobados por parte de Consejo Nacional de Estupefacientes los protocolos respectivos, acorde con los condicionamientos de la Corte Constitucional. Inicialmente las aspersiones se limitarían a zonas alejadas de áreas pobladas y fuentes de agua, sobre todo aquellas en donde la erradicación manual es complicada por razones geográficas y de seguridad.
El propio Goldberg dijo en los últimos días a medios de comunicación colombianos que su país considera que la utilización de este químico es segura. Quedan sin piso así algunas opiniones de dirigentes políticos en torno a que con la llegada de una administración demócrata a la Casa Blanca se replantearía el uso del herbicida.
A lo anterior se suma que la lucha antidrogas continúa siendo clave para Washington, dado que el mayor obstáculo a la implementación del pacto ha sido, precisamente, el reciclaje de violencias locales y regionales que tiene como motivo principal la lucha por el control de los corredores del narcotráfico en las zonas en donde efectivamente hubo desmovilización de frentes subversivos.
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Precisamente la semana pasada el secretario general de la ONU, António Guterres, presentó ante el Consejo de Seguridad el informe de la Misión de Verificación de ese ente sobre el proceso de paz. El Informe señala que, desde la firma del Acuerdo, se han verificado 248 asesinatos de excombatientes. En cuanto a líderes sociales, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 42 homicidios, 41 más en proceso de verificación, 13 masacres y 10 más por establecer.
Los informes de la Fiscalía respecto a esta clase de crímenes son concluyentes en torno que los principales victimarios son las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, bandas criminales de alto impacto como ‘El clan del golfo’ o ‘Los Caparros’, así como los carteles de la droga y las mafias alrededor de la minería criminal y la deforestación.
Así las cosas, este será un tema que deberá reforzarse en el marco de la cooperación bilateral en el corto y medianos plazos.
Sin embargo, no es el único frente que en materia de lucha contra la delincuencia está trabajándose de tiempo atrás en la agenda. La cooperación también se extiende a la aplicación de la ley y la extradición -aparte del narcotráfico- en delitos como tráfico de drogas, el turismo y el abuso sexual de niños, la trata de personas, la corrupción transnacional y el terrorismo, entre otros.
La ayuda
Los flujos de cooperación económica de Washington a Bogotá se han mantenido. Es un asunto de largo aliento al punto que en las últimas dos décadas Estados Unidos ha invertido más de 10.000 millones de dólares en asistencia bilateral total, sobre todo en el marco del Plan Colombia.
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Por ejemplo, el gobierno pasado contribuyó con más de 1.000 millones de dólares en los últimos cuatro años a las causas de seguridad ciudadana, desarrollo económico inclusivo y sostenible, reforma agraria y plena participación económica, política y social de las comunidades afro e indígenas que han sido fuertemente afectadas por el conflicto. Muchos de esos temas tienen relación directa con la implementación del acuerdo de paz. Ese monto, según lo precisó el Departamento de Estado en octubre pasado, es la mayor contribución de cualquier actor internacional a este proceso.
Como se ve, no todo es ayuda antidrogas. Por ejemplo, con corte a octubre pasado Estados Unidos había proporcionado más de 30 millones de dólares en apoyo al plan de contingencia contra la pandemia.
Otro de los frentes clave de la relación bilateral es la oposición drástica la dictadura venezolana. El nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, ha ratificado que el gobierno Biden no solo continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de la vecina nación, sino también a la Asamblea Nacional anterior y no la posesionada el pasado 6 de enero, de corte chavista. En esto se coincide 100% con la postura colombiana.
Pero este no es un asunto solo geopolítico, también económico. Por ejemplo, el Departamento de Estado indicó en octubre pasado que Estados Unidos había proporcionado más de 344 millones de dólares (de los cuales más de 265 millones de dólares son en concepto de ayuda humanitaria) desde 2017 para ayudar a Colombia a abordar la crisis venezolana y apoyar a los 1,7 millones de refugiados venezolanos.
Economía
En cuanto a economía, hay que ser claros: Estados Unidos es el mayor socio comercial e inversionista de Colombia, sobre todo en los sectores minero y manufacturero. A su turno, Colombia es el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos en América Latina, con un comercio de bienes bidireccional de casi 29.000 millones de dólares en 2019.
El Departamento de Estado resaltaba en octubre pasado que las filiales de propiedad estadounidense actualmente representan más de 90 mil empleos en Colombia.
En ese orden de ideas, la prioridad ahora es fortalecer el TLC, la Iniciativa de Crecimiento Estados Unidos-Colombia, mantener el Acuerdo de Promoción Comercial y los proyectos en materia de desarrollo y gobernanza de los recursos energéticos…
Como se ve, esta radiografía pone de presente que hay mitos que deben ser despejados a la hora de analizar la relación bilateral: uno, que el narcotráfico es el centro de todo y, dos, que las melindrosidades políticas coyunturales se imponen a la geopolítica estructural. Si salen del escenario esas percepciones erradas, se concluye que la alianza Colombia-Estados Unidos es muy difícil de fracturar.