LA máxima inversión que podía realizar un candidato al Senado, en los comicios de marzo pasado, era de 841 millones de pesos. Ese fue el tope establecido por las autoridades electorales. Sin embargo, en los corrillos políticos nacionales, departamentales y locales se afirma que, como siempre, hubo algunos aspirantes que sobrepasaron largamente ese monto e incluso llegaron a invertir sumas por encima de los 5 mil, 10 mil o más millones para asegurar una curul en la cámara alta.
Como es apenas obvio, destinar esa cantidad de recursos a una candidatura solo es explicable si detrás hay toda una estrategia de corrupción y politiquería de alto calibre, mediante la cual el candidato o sus financiadores aspiran a ‘recuperar’ su ‘inversión’ a través de maniobras ilícitas en contratación, apoderamiento directo de dineros públicos, direccionamiento de decisiones oficiales o lobby a favor de determinados intereses privados…
Aunque suele culparse al voto preferente del encarecimiento astronómico de la actividad proselitista, que conlleva todo tipo de fraudes y delitos electorales, lo cierto es que la gran responsable del mayor foco de trampa política es la circunscripción nacional para Senado.
El menú de sus consecuencias nefastas es largo y alarmante: violación manifiesta de los topes de inversión electoral; creciente financiación ilegal de campañas; fortalecimiento de los clanes políticos desprestigiados; la llave corrupta entre contratistas y candidatos; un alto desequilibrio en representación regional en el Senado; ventas de ‘paquetes de votos’ al mejor postor en distintas regiones, departamentos y municipios; megaoperaciones de fraude electoral…
No siendo nuevo ese diagnóstico pero sí el consenso entre el nuevo gobierno del presidente Iván Duque y la mayoría de las bancadas partidistas para avanzar en una reforma política integral que acabe con la corrupción electoral y la falta de transparencia democrática, se esperaba que uno de los principales cambios a introducir en el respectivo proyecto fuera, precisamente, la eliminación de la circunscripción nacional para Senado, virando al esquema de su elección por circunscripciones departamentales.
Pero…
Sin embargo, en el extenso articulado de la reforma que se radicó en el Congreso ello no ocurrió. Se apostó, por el contrario, a un sistema híbrido, en el que 70 senadores se eligen por ocho circunscripciones regionales y 30 por una nacional.
De esta forma la región Antioquia podría elegir nueve senadores; la Bogotá, 11; la Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés), 15; la Centro oriente (Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander), 11; la Centro sur (Putumayo, Amazonas, Caquetá, Huila, Tolima), cinco; la Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda), cuatro; la Llanos (Arauca, Vaupés, Casanare, Guainía, Guaviare, Vichada, Meta), tres curules; y la Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño, Valle), 12 escaños.
Todas las listas de partidos y movimientos políticos en estas ocho circunscripciones regionales serán cerradas y bloqueadas, ya que el voto preferente se eliminaría. Las restantes 30 curules (para las que las colectividades presentarían una lista aparte, también cerrada) se elegirían nacionalmente, es decir, que los candidatos podrán buscar votos en todo el territorio nacional sin restricción alguna.
Si bien es cierto que este esquema híbrido de elección del Senado no fue aprobado el miércoles pasado en la Comisión I del Senado (cuando la iniciativa superó el primero de sus ocho debates) porque no tenía consenso mayoritario, hubo un acuerdo entre el Gobierno y las bancadas para votarlo negativamente y, por esa vía, permitir que el tema pueda ser retomado en la plenaria en segundo debate.
Es decir, entonces, que esta propuesta no está descartada, sino que, ante la premura del tiempo, pues apenas restan dos meses y medio para acabar el tramo de legislatura, se dejó en suspenso por la vía de la votación negativa pero con amplio chance de resucitar en los subsiguientes debates.
Muchos interrogantes
En ese orden de ideas las preguntas son varias: ¿dejar la circunscripción nacional solo para 30 curules abaratará o encarecerá más la puja proselitista por ese pequeño número de escaños? ¿En las 70 restantes por el solo hecho de que se elegirán en ocho circunscripciones regionales las campañas serán más baratas o el riesgo de corrupción y fraude aumenta al ser una zona más pequeña para conseguir respaldos? En otras palabras ¿A zona electoral más pequeña, menos o más trampa y politiquería? ¿Existiendo en algunas de esas ocho regiones unos departamentos con alto potencial electoral y otros con mucho menos, cómo se garantizará que todos los departamentos tengan representación directa en el Senado, que se supone era uno de los objetivos clave de la reforma? ¿Entenderá el ciudadano ese modelo híbrido para escoger Senado? ¿Cuál será la diferencia entre un senador regional y uno nacional? ¿No hubiera sido más claro pasar de una vez a elegir senadores departamentales y que los representantes a la Cámara se escogieran por provincias o distritos electorales a crear en cada departamento?…
Como se ve, son muchas las dudas que persisten sobre ese modelo híbrido de elección de Senado. La única certeza, sin embargo, es que la circunscripción nacional se resiste a desaparecer pese a todas las pruebas sobre su inconveniencia y responsabilidad directa en muchos fenómenos de corrupción política y electoral. Claro, faltan siete debates todavía, pero es claro que en el Congreso, con anuencia del Gobierno, no hay mucha voluntad de acabarla. Como se dijo, una figura “dura de matar”.