Lejos de representar un alivio para la población civil, el confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia de coronavirus en todo el país profundizó las consecuencias humanitarias en varias regiones durante 2020 debido a que en el territorio colombiano se libran, no uno, sino cinco conflictos armados no internacionales.

Así lo consideró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que ayer presentó el informe ‘Retos humanitarios 2021’, que recoge las experiencias de sus delegados en todos los territorios donde hace presencia en Colombia.

De acuerdo con Lorenzo Caraffi, nuevo jefe de la Delegación del CICR en el país, los cinco conflictos armados que se libran en Colombia son: del Estado contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln); del Estado contra el Ejército Popular de Liberación (Epl); del Estado contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc); del Estado contra las disidencias de las Farc; y el conflicto entre actores armados.

Para el análisis del conflicto, el CICR agrupó las violaciones humanitarias en cuatro grandes categorías: víctimas de artefactos explosivos; ataques contra la Misión Médica; desplazamiento y confinamiento de comunidades, y la desaparición de personas.

“En las cuatro categorías hay un aumento importante de casos, que preocupan de forma especial al CICR”, afirmó Caraffi al referirse a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y otras normas humanitarias.

“En 2020 registramos nuevas desapariciones, víctimas de artefactos explosivos, ataques contra la Misión Médica, amenazas, homicidios, violencia sexual, reclutamiento y uso de menores, así como múltiples abusos contra la población civil. Nos preocupa que los actores armados continúen irrespetando el DIH y otros principios humanitarios, y que las comunidades sigan sufriendo los peores efectos de la guerra”, señaló el diplomático.

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Violaciones al DIH

Según el documento, el año pasado el CICR registró 389 víctimas de artefactos explosivos incluidas 61 personas fallecidas, la cifra más alta de los últimos cuatro años, entre ellos 226 civiles.

De ese total, 261 fueron víctimas de minas antipersonal, aunque en la categoría también se incluyen víctimas de restos explosivos de guerra, artefactos explosivos lanzados y de detonación controlada.

Un dato llamativo es que de los 69 municipios afectados, en 41 de ellos no habían tenido reportes de elementos explosivos hasta, “lo que indica que el fenómeno se ha extendido a zonas donde se pensaba que la problemática era un hecho del pasado”, destaca el informe.

Las regiones más afectadas fueron Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca  donde se concentró el 77% de las víctimas. Según el CICR, “durante cada tercer día se registró un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y la violencia armada”.

El organismo documentó 114 casos de “desapariciones recientes”, es decir uno cada tres días, mientras que en 2019 fue uno cada cuatro días.

Incluso, el análisis sostiene que “este dato, aunque resulta preocupante, no evidencia la magnitud total del fenómeno, probablemente la dimensión de la tragedia es mucho mayor. El desplazamiento masivo y el confinamiento de comunidades tampoco cesó en medio de la pandemia”.

Por el contrario, dice que “esta problemática se exacerbó en algunas zonas del país pues en 2020 más de 21 mil personas se desplazaron masivamente y otras 28 mil permanecieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios. Las agresiones contra la Misión Médica también hicieron parte del complejo panorama humanitario”.

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El 78% de estos confinamientos se dieron en Chocó, Antioquia, Nariño y Cauca.

“El año pasado la Mesa Nacional de Misión Médica registró 325 ataques contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios, la cifra más alta que se ha reportado en los últimos 24 años”, dice el CICR.

Entre los eventos documentados hay amenazas, lesiones y estigmatización contra el personal de salud, así como bloqueo de ambulancias, entre otros. El 32% de estos eventos ocurrieron en contextos relacionados con la pandemia de covid-19.

De hecho, durante el año pasado la pandemia generó mayores obstáculos para que las víctimas pudieran acceder a las rutas de atención estatal y de atención humanitaria, así como para que las instituciones pudieran acceder a ellas.

Aún así, el año pasado 1.198.000 personas se beneficiaron con la labor humanitaria del organismo internacional.

“La pandemia de covid-19 generó un desafío histórico en todo el mundo. En el ámbito del Plan Nacional de Vacunación que Colombia está implementando nosotros apelamos para que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a la vacunación. Estamos hablando, por ejemplo, de poblaciones en zonas afectadas por el conflicto armado y la violencia, personas con discapacidad, migrantes y personas detenidas”, indicó Caraffi.

El documento concluye que a pesar de la crisis humanitaria, en 2021 “el CICR continuará con su labor humanitaria para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por el conflicto y la violencia armada, con un trabajo siempre orientado por los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”.