La Cancillería explicó que el Tribunal especial no se encuentra facultado para acudir a instancias internacionales

Que cancele una audiencia sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) programada para el jueves en el marco de su 172 periodo de sesiones que se celebra hasta el viernes en Kingston, Jamaica, le pidió la Cancillería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una carta enviada a Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, explicó que la JEP es una institución del Estado colombiano con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales.

“En su calidad de institución que se encuentra integrada a la arquitectura del Estado colombiano por disposición constitucional, la JEP no puede ser considerada como ‘parte’ en procedimiento alguno que se surta ante la CIDH”, indicó Trujillo.

A nombre del Gobierno, el canciller Trujillo consideró que debido a que la JEP es una institución estatal no puede representar al país ante la Comisión.

“Le corresponde, únicamente, al Presidente de la República el direccionamiento de las relaciones internacionales. Esto incluye la representación e interlocución del Estado ante los organismos internacionales”, según el Ministro.

Trujillo le reiteró a Abrao “el compromiso irrestricto del Estado colombiano con respecto al funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tal y como ha sido expresado y en diversos espacios y foros internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.

“El Estado colombiano, en cabeza del presidente de la República, continuará honrado sus compromisos y mantendrá su apoyo” a la JEP “y a las restantes instancias e instrumentos creados mediante la implementación normativa del acuerdo final” suscrito con las Farc el 24 de noviembre de 2016.

La JEP solicitó la audiencia ante la CIDH para compartir sus avances durante su primer año de funcionamiento según informó el viernes en un comunicado.

El tribunal detalló que con la audiencia busca “contribuir así con la función de seguimiento y monitoreo al proceso de implementación del proceso de paz de Colombia que desarrolla la CIDH”.

Responde la JEP

Sin embargo, ayer la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, en carta al canciller Trujillo recordó que el 26 de abril le había manifestado al director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, Camilo Gómez, que la solicitud se hizo “con el propósito de contribuir con información de carácter general sobre los avances, retos y desafíos que presenta la JEP, después de un año de funcionamiento, en materia de protección efectiva a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco o con ocasión del conflicto armado interno que ha sufrido nuestro país, ello con el ánimo de garantizar no impunidad frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tal como lo establece nuestro mandato, consignado en el Acto Legislativo 01 de 2017”.

“Como puede apreciar, señor Canciller, nuestra solicitud no fue presentada como ‘parte’ en un proceso, pues coincidimos con usted en que dada nuestra condición de alta corte creada por la Constitución”, reconoció Linares, “hacemos parte de la estructura del Estado colombiano y no nos corresponde, ni más faltaba, exponer asuntos domésticos ante una instancia internacional, pues nunca hemos desconocido ni desconoceremos que la rectoría de las relaciones internacionales está en cabeza del señor presidente de la República”.

Tras precisar que la JEP, “órgano judicial de rango constitucional y nivel de Alta Corte, tramitó, como parte interesada, la solicitud de audiencia temática, la cual, después de ser analizada por dicho organismo, fue concedida por la CIDH”, Linares sostuvo que “a la fecha no he recibido ninguna comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH relacionada con su petición. De ser así, puede usted estar seguro de que, como siempre, acataremos lo que dispongan las autoridades competentes”.

“Le reitero, señor Canciller, como tuve oportunidad de manifestarlo en la reunión que a solicitud mía sostuve con usted, el pasado 19 de febrero, que siempre estaré atenta y en plena disposición de diseñar un espacio de diálogo permanente con su despacho, en el que podamos coordinar asuntos que nos concierne, tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución”, expresó Linares.

Recogen información sobre DD.HH.

La CIDH está invitando a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados a enviar información sobre la situación de derechos humanos de las personas defensoras y líderes sociales en Colombia.

Según lo publicado por la web de la CIDH, la información remitida será utilizada para la elaboración de un informe temático que analizará la situación de este colectivo tras la firma de los acuerdos de paz, los grupos de personas defensoras y líderes sociales que se encuentran en una mayor situación de riesgo, así como los obstáculos que enfrentan para poder llevar a cabo sus labores. Asimismo, se presentarán recomendaciones al Estado colombiano.

La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de violencia que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia. La Comisión realizó una visita de trabajo al país del 27 al 30 de noviembre de 2018, con el fin de verificar y observar en terreno la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. En sus observaciones sobre la visita, la CIDH señaló como prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de este colectivo, así como avanzar con la debida diligencia las investigaciones de delitos cometidos en su contra.