El exparlamentario uribista no aclaró si se materializaron o no sus acercamientos con la guerrilla ni quién lo envió a la isla

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Más dudas que certidumbres dejaron las declaraciones del exsenador del Centro Democrático Everth Bustamante, y del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, frente a la presencia del excongresista en Cuba, supuestamente como emisario del Gobierno nacional para entablar acercamientos con el Eln.

Bustamante expidió un comunicado desmintiendo que haya sido enviado a La Habana para conversar secretamente con esa guerrilla a nombre del Gobierno del presidente Iván Duque, y el Comisionado de Paz negó que el Jefe de Estado le haya hecho tal encargo.

“En el marco de la Constitución y de la Ley, y por precisas instrucciones del presidente Iván Duque Márquez, el único autorizado para llevar a cabo conversaciones relacionadas con un eventual diálogo con el Eln, es el alto Comisionado para la Paz”, resaltó Ceballos Arévalo.

Añadió que “conocida por el Gobierno nacional la intención del señor Everth Bustamente García de viajar a la Isla de Cuba por decisión, cuenta y riesgo propios, el Alto Comisionado para la Paz se permite certificar que no concedió ninguna autorización al señor Bustamante García para actuar ni interlocutar con el Eln en nombre del Gobierno nacional, en materias relacionadas con eventuales diálogos de paz que son de su exclusiva competencia”.

No obstante, el Gobierno no sabe si Bustamente se entrevistó o no con los ‘elenos’ en Cuba. Así se colige cuando el comisionado Ceballos dice que “cualquier reunión o contacto que el señor Everth Bustamante hubiese podido tener con miembros del Eln, no pudo ni debió haberse referido a temas privativos de la competencia constitucional y legal del Alto Comisionado para la Paz”.

Por su parte, Bustamante en el comunicado que emitió indica: “No soy funcionario público y de manera enfática declaro que tengo un profundo respeto por la dignidad presidencial sin que el señor Presidente, en algún momento, me haya solicitado realizar actividad alguna en nombre de su gobierno y mucho menos en relación con los asuntos de paz y particularmente con el Eln”.

No obstante, Bustamante no aclara en su comunicado si fue a Cuba o no y si se contactó con los delegados del Eln.

¿Vacío jurídico?

Otro interrogante que queda en el aire con el caso Bustamante es si le cabe o no una investigación y una sanción en caso de que se demostrara que conversó con los delegados del Eln en Cuba acerca de la suspendida negociación.

El Alto Comisionado para la Paz dijo que “si de alguna manera llegare a verificarse que los contactos del señor Bustamante tuvieron que ver con las competencias privativas que la Ley y la Constitución le dan al Alto Comisionado para la Paz, las autoridades competentes tienen las acciones y las facultades necesarias para adelantar cualquier tipo de indagación o averiguación para verificar o no esos hechos”.

La Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, que prorrogó la Ley 418 de 1997, la herramienta jurídica que tiene el Gobierno para adelantar conversaciones de paz con grupos subversivos, establece las gestiones que pueden hacer “los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz”. No obstante esta norma no contempla sanciones para los ciudadanos que adelanten este tipo de gestione sin el visto bueno del Ejecutivo.

El excomisionado de Paz Víctor G. Ricardo, dijo a EL NUEVO SIGLO que “toda persona que suplante la representatividad de otra está cometiendo una falta y por lo tanto es causa de investigación. Ahora bien, no he escuchado al doctor Bustamante en su declaración en el sentido de saber si él fue en representación o no de una persona. Otra cosa es que los señores del Eln piensen que como él es cercano al doctor Uribe, haya ido en representación del Gobierno”.

Por su parte el abogado penalista Hugo Quintero indicó a este Diario que “la Ley 418 del 97 establece que la gente no puede hablar con los grupos ilegales para asuntos de paz sin el consentimiento del Presidente de la República porque eso se considera manejo del orden público y de la paz del país, pero no hay una sanción específica, aunque puede constituirse como un elemento para estructurar otros delitos”.

Añadió Quintero, en este sentido, que por ejemplo “en los casos de algunos parlamentarios condenados por parapolítica, el hecho de haber asistido a Ralito sin autorización de las comisiones de paz del Congreso o del Presidente de la República en muchas ocasiones se tuvo como una especie de indicio de colaboración con el grupo armado ilegal”.

 ¿Amigos del Gobierno?

Vale recordar que la administración Duque puso como condición al Eln para reanudar las conversaciones que devolviera a todos los secuestrados en su poder y que cesara todas sus acciones terroristas, lo cual no ha ocurrido.

La pequeña luz de esperanza que había de que se reactivaran las conversaciones se apagó por el atentado del Eln el pasado 17 de enero a la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó 22 muertos y 86 heridos.

Como consecuencia el presidente Duque levantó las órdenes de captura de los negociadores del Eln y pidió a Cuba que los entregara a las autoridades colombianas, argumentado que no reconoce los protocolos que esta guerrilla firmó con la administración Santos porque su gobierno no ha dialogado con esta guerrilla.

No obstante, ‘Pablo Beltrán’, jefe del Eln para los diálogos, dijo el viernes pasado a Caracol Radio que “personalmente tuve conversaciones con el doctor Ceballos y tuvimos muchas conversaciones telefónicas. El mismo Ceballos le ha dicho al gobierno cubano que agradece la estadía de la delegación del Eln acá y eso no se puede borrar”.

Añadió que no hablaron con otros funcionarios del Gobierno, “pero amigos de Iván Duque sí han estado en Cuba. No le puedo decir quienes porque eso es, como dicen los periodistas reserva de la fuente, pero muestra que sí se reconoció la mesa”.