El desaparecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue uno de los columnistas habituales de EL NUEVO SIGLO, donde trató variados temas de interés nacional, especialmente políticos. Estas son las dos últimas columnas que escribió, el 1 y 8 de octubre de 2017, porque se retiró para dedicarse a la campaña presidencial.

IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ

JEP, confusiones y peligros

Las decisiones que tomó el presidente de la República a raíz de sus negociaciones con las Farc han producido confusiones de todo tipo y cargado de peligros el ambiente institucional de la nación.

La primera de ellas es que son muchos los que no tienen claridad acerca de que fue lo que hizo `porque resolvió buscar el fin del conflicto con esa organización terrorista, según los términos del documento base del proceso que tuvo lugar en La Habana y luego se dedicó a cantarle al país la música de la paz en forma falaz.

Por eso dividió mentirosamente a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, pidió votar sí a la paz, cuando de eso no se trataba, habló y sigue hablando del acuerdo de paz, y en cada intervención pública, nacional e internacionalmente, reitera que el nuestro es un país nuevo gracias a la paz.

Nada de eso es cierto.

Sin embargo, no son pocos los que siguen creyendo en esa palabrería carente de verdad, movidos por el impacto de los mensajes del gobierno transmitidos por los medios masivos de comunicación.

De otro lado, el presidente Santos continúa con el cuento de que acordó solamente unos pocos temas, para alimentar la pretensión de que fue un proceso maravilloso, lleno de bondades y precauciones, que se convertirá en modelo de otras naciones.

Segunda gran confusión.

Lo negoció todo, pues los términos de lo suscrito nos dejan materia de interés nacional sin que haya sido tocada directa o indirectamente.

Y una parte de la opinión pública sigue, de buena fe, creyendo en la fábula de precauciones.

En tercer lugar, lo que le dice a sus compatriotas es que la estructura democrática e institucional sigue incólume.

No falta quienes le creen, pero la realidad es que, aceptando la incorporación de las 310 páginas a la Constitución Nacional, destrozó la Carta fundamental y dejó a la Nación en peligroso estado de inseguridad jurídica.

Así mismo, es persistente diciéndole a la ciudadanía que la Jurisdicción Especial para la Paz fue un gran triunfo, porque lo acordado es la aceptación, por parte de las Farc, del sistema judicial colombiano.

¡Nada de eso!

Timochenko impuso en la mesa su concepto de justicia.

Consiguió que el Jefe de Estado le aceptara crear una jurisdicción nueva; logró la impunidad para los culpables de los delitos más graves, toda vez que ninguno de ellos pagará un solo día de privación de la libertad; obtuvo la no extradición para los miembros de las Farc incursos en narcotráfico; hizo que el Presidente le firmara que esos mismos responsables de atrocidades pueden ser elegidos inmediatamente, y, como si algo faltara, dibujó con la participación de la cabeza de la Administración un sistema que tiene todo para convertirse en tribunal político revanchista.

En el caso de que alguien piense que se está exagerando, simplemente lo invito a que repase quienes seleccionaron a los magistrados de la JEP y los nombres de algunos de los escogidos.

No hay derecho a que un Estado, que se supone estructurado, como el nuestro, a pesar de todas las falencias que tiene, se acepte que opinadores políticos, militantes contra la oposición democrática se transformen, de la noche a la mañana, en magistrados.

Las confusiones y peligros son inmensos.

Sin embargo, hay que seguir alimentando la esperanza de que el próximo año los electores den el mandato indiscutible de cambiar todo lo malo que se ha hecho, a fin de hacer posible seguir viviendo en democracia, con un Estado de Derecho en el 1que exista la división e independencia de los poderes, se respete la propiedad privada, y que la justicia recupere el prestigio que alguna vez tuvo porque actúa bien, transparentemente y de manera imparcial y objetiva.

LA EXCUSA DE LA PAZ

Otro paso a la desinstitucionalización

Con insistencia se han reiterado, en este generoso espacio las preocupaciones relacionadas con el proceso de destrucción de las instituciones que se vive en Colombia, a raíz del acuerdo Santos-Timochenko.

Todas las advertencias han caído en el vacío porque lo que se trataba era de firmar, a toda costa, para que el papel rubricado pasara a la historia.

Ese propósito sigue inspirando a los promotores y arquitectos de dicho documento, toda vez que la marcha interminable hacia la destrucción de la arquitectura constitucional y legal continúa dejando huellas de desestabilización en el camino.

El agobio de las noticias diarias, malas casi todas, no puede hacernos olvidar lo que ha pasado hasta el momento.

Tengamos presente que la mesa de La Habana funcionó como una constituyente de hecho, con cuyas deliberaciones nacieron decisiones que tocan todos los aspectos de la vida colombiana.

Bajo el cuento de que se evacuaba una agenda limitada, el gobierno llegó a entendimientos con las Farc sobre los temas de la vida nacional.

Posteriormente, y en búsqueda de santificar los desafueros con la bendición del pueblo se convocó un plebiscito, por cuanto se creía que el poder sería suficiente para lograr la victoria del Sí.

Sin embargo, el No obtuvo la votación mayoritaria el 2 de octubre del año anterior.

Hasta ese día le llegó al gobierno su impulso democrático.

Como la mayoría de los colombianos rechazaron el esperpento, el Presidente decidió no volver a correr el riesgo.

Para ese efecto firmó de nuevo con Timochenko lo mismo con algunas modificaciones, pues tenía que llegar a Oslo a recibir el Nobel con el trofeo completo.

No solamente desconoció el pronunciamiento del soberano, que es la fuente de todos los poderes públicos, sino que puso a los parlamentarios enmermelados dizque a refrendar lo que había hecho.

Lo más grave de ese paso es que los parlamentarios lo hicieron sin tener la competencia, ni la facultad, para obrar en tal sentido.

Y en ese momento apareció la Corte Constitucional para decir, en mala forma, que dicha potestad  existía, sin que la carta fundamental la hubiera establecido.

Resolvieron legislar, óigase bien, legislar, a posteriori, con el fin de absolver por los pecados cometidos.

Después de semejantes barbaridades, resolvieron decirle a Colombia que el tantas veces mencionado acuerdo tenía categoría de obligación internacional para el Estado colombiano, porque lo entregaron en Berna y en las Naciones Unidas.

Como si lo anterior fuera poco, metieron todo eso en la Constitución Nacional, no sin antes advertir a los colombianos que tamaña obra no puede ser tocada por nadie en los próximos tres períodos presidenciales.

Resolvieron los dos, Santos y Timochenko, derogar con su firma la soberanía popular, es decir, acabar con el corazón del sistema democrático.

Nada ha importado.

Todo lo han hecho bajo la protección de la idea mentirosa de la paz, habida cuenta de que no fue eso lo que se negoció.

Han actuado con un mandato inexistente y no han reconocido límite alguno en su tarea desinstitucionalizadora.

Una parte central de la estrategia es lo relacionado con la justicia.

Se inventaron un aparato nuevo, destrozando los principios que existen para garantizarle al ciudadano seguridad jurídica, cuya verdadera intención, como se ha dicho varias veces, es distinta a la vigencia del principio de justicia imparcial y objetiva.

Los hechos demuestran hacia donde van las cosas.

Basta mirar la lista de los escogidos, recientemente, para integrar las instancias de la JEP.

Si se pretende controvertir a algunos opinadores, políticos y militantes contra la oposición democrática en magistrados, cuando la justicia requiere una operación de alta cirugía, ¿qué puede pensarse?

Pues que se dio otro paso hacia la desinstitucionalización.