Presidente Duque manifestó su  apoyo a esta iniciativa y a un referendo para que defina si se aplica o no

Revivió en el país la propuesta de instaurar la cadena perpetua para los criminales y abusadores de niños, después de que el pasado fin de semana en el municipio de Fundación (Magdalena) una niña de nueve años de edad fuera asesinada por un adulto vecino suyo y, en el Catatumbo, el pequeño hijo de un Alcalde fuera secuestrado.

El año pasado esta violencia cobró la vida de más de 700 menores. A pesar del desolador panorama, expertos consultados por EL NUEVO SIGLO consideran que esta medida no serviría al propósito principal de frenar la violencia en contra de esta población.

La iniciativa es polémica porque la Constitución no contempla penas extremas, como lo son la cadena perpetua y la pena de muerte. No obstante, desde hace cerca de una década se ha venido insistiendo en la primera ante la violencia desbordada contra los niños que, paradójicamente, sobre ellos la Carta Política establece que sus derechos están por encima del resto de la población.

Incluso en 2010 la entonces senadora Gilma Jiménez (QEPD) promovió la realización de un referendo para que los colombianos decidieran en las urnas sobre la aplicación o no de la cadena perpetua a los abusadores de niños. Sin embargo, la iniciativa terminó hundiéndose en el Congreso de la República.

En julio pasado el entonces presidente electo Iván Duque, durante una reunión con los alcaldes del país, propuso impulsar un referendo para que exista la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. Incluso, dijo que se podrían aprovechar las elecciones locales de 2019 para promover esta iniciativa.

En Colombia no existe cadena perpetua para quienes violen o asesinen a menores de edad. Tras la muerte de la pequeña Génesis Rúa, de nueve años, en Fundación, Magdalena, el presidente Duque puso sobre la mesa la posibilidad de abrir el debate sobre robustecer las penas contra violadores y asesinos.

Esta semana el Primer Mandatario volvió a manifestarse a favor de la cadena perpetua. “Yo creo que ha llegado el momento de poner en debate público si este país debe de tener o no la cadena perpetua para violadores y asesines de menores. Yo estoy a favor de que Colombia tenga esta sanción”, manifestó.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló en días pasados que “le vamos a declarar la guerra sin cuartel a los violadores, protegiendo especialmente a nuestros niños…el Presidente dio la instrucción de dar celeridad al referendo de prisión perpetua para violadores”.

De igual forma hay dos proyectos de reforma constitucional en el Congreso a la espera de ser debatidos que proponen la cadena perpetua para detener la violencia contra los niños en el país.

No cala la propuesta

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Calvete, indicó que se “está comprobado en todo el mundo que ese sistema de agravar penas como una medida preventiva de delitos, y más de esa naturaleza, es un fracaso. Eso tal vez tranquilice a la opinión pública, pero que produzca un efecto real en la ocurrencia de los hechos, no es cierto”.

“Las penas que tenemos para esos delitos son lo suficientemente altas y la incidencia ha sido ninguna”, agregó.

Calvete consideró que en Colombia se quieren resolver algunos problemas en materia delictiva “poniendo la pena más alta posible, cuando de lo que se trataría sería de evitar que los hechos sucedan”.

“Lo que tienen que hacer es un gran esfuerzo para que aparte del tema de lo puramente punitivo se implementen medidas de carácter social que traten de evitar que esos hechos ocurran. Después de la cadena perpetua seguramente empezaremos a hablar de la pena de muerte porque ya no le queda más. Ya vamos en penas de más de 50 años”, sostuvo.

Por su parte, el abogado penalista y profesor en derecho penal en la Universidad del Rosario, Francisco Bernate Ochoa, indicó que “al respecto hay que decir dos cosas: la primera es que en el sistema jurídico colombiano no es viable imponer la cadena perpetua en tanto que la Constitución y los instrumentos internacionales establecen que la finalidad de la sanción es la resocialización. Tocaría cambiar la Constitución y retirarnos de una serie de compromisos internacionales”.

En segundo lujar, dijo, “desde el punto de vista práctico ello no va a generar ninguna disminución en la comisión de estos delitos, como lo demuestra el simple hecho de que en países en donde tienen cadena perpetua o incluso pena de muerte, ello no implica una reducción en la comisión de estos delitos”.

Asimismo, el general (r) Héctor Darío Castro, exsubdirector de la Policía Nacional y actual presidente del Colegio de Generales de la Policía Nacional, consideró que “las penas deben tener un efecto correctivo y un efecto disuasivo. En la medida en que el efecto disuasivo surta el resultado que se propone, se evitan  muchos delitos. Entonces el impacto que puede causar la noticia que se aprobó una condena de cadena perpetua para quien abuse de menores o haga víctima de ciertos delitos atroces a los menores, pues seguramente va a tener un efecto disuasivo importante”.

Añadió el general (r) Castro, que la medida “desde ese punto de vista va a tener un impacto muy grande y podría ser favorable. En cuanto a la condena en sí, pues si uno piensa que la pena mayor es de 60 años y la persona tiene 20 años, pongámosle, pues saldría de la cárcel a los 80 si se le quitan los subrogados penales y todos los beneficios. Entonces hay algunos que piensan que eso significaría casi que una cadena perpetua”.

Las penas deben tener un efecto correctivo y un efecto disuasivo: general (r) Castro

Menos impunidad

El exministro de Justicia y exfiscal Alfonso Gómez Méndez dijo, que “uno entiende la angustia de la sociedad colombiana frente a la proliferación de estos casos de crímenes atroces contra niños y adolescentes”, no obstante, “lo que no creo es que la solución sea la cadena perpetua. Es un principio muy conocido del derecho penal y penitenciario que el delincuente no teme tanto al monto de la sanción como a la certeza de su aplicación”.

Destacó que hoy hay unos índices muy grandes de impunidad, por lo que considera que hay es que trabajar en el tema de la prevención, mejorar todos los sistemas de investigación y que los hechos que sean conocidos se judicialicen.